Por Pablo Villegas N. (20-11-2014)
“es más importante defender los derechos de la
Madre Tierra que defender los derechos humanos.”[1](Evo Morales) 1 Propuestas un poco fuertes para después negociarlas
El 21/4/2008 Evo Morales lanzó en las
NN.UU., sus 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida, promoviendo
para ello el fin del capitalismo. Tuvo un gran efecto mediático, pero hasta
entonces su gobierno había recorrido mucho en materia ambiental en Bolivia. Había
iniciado su administración cerrando el ministerio de medio ambiente,
reemplazándolo por los ministerios de desarrollo y de aguas. Así, la
legislación medioambiental quedó sin una base institucional coherente; y el
medioambiente, repartido entre estos ministerios se redujo a solo recursos
naturales para el desarrollo. El concepto de “desarrollo sostenible” terminaría
siendo abandonado.
“Cometen un grave error los que promueven
los biocombustibles, (…) reservar las tierras para biocombustible o
agrocombustible está causando problemas en la economía de las distintas
regiones del mundo, (…). Por ejemplo en mi país, el trigo va subiendo, por
tanto el pan va subiendo,… .” dijo Morales en aquella oportunidad pero ya el
29-11-2006 había promulgado la Ley Nº 3546 de necesidad nacional de la
producción de biocombustibles y cultivos correspondientes y, en abril 2007,
había firmado la Declaración de Margarita de UNASUR que incluía los
biocombustibles. El mismo año, al tiempo que negociaba tímidamente con Brasil por
el problema de las represas del Madera y la nacionalización de los
hidrocarburos que afectó a Petrobras, había llegado con este país a numerosos
acuerdos de cooperación para el desarrollo en Bolivia de la IIRSA, transgénicos
y agrocombustibles[2]. El resultado vino a ser el programa económico del gobierno en
materia energética, de infraestructura y de política agraria.
Una de las tres demandas de la Agenda de
Octubre, del levantamiento popular del 2003 que interrumpió el gobierno
neoliberal de Sánchez de Lozada fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La Constitución resultante (9 de diciembre del 2007) que incluye los mentados
derechos de la Madre Tierra, fue negociada por el gobierno con la derecha en el
parlamento, aunque la Constituyente aún se encontraba en funciones. El resultando,
147 modificaciones, afecta en general las áreas de servicios públicos; recursos
naturales (RR.NN.), participación del Estado en la economía; tierra y
territorio; y, participación y control social, mejorando la situación del
sector privado a costa del Estado, la sociedad, el medio ambiente y los RR.NN. Veamos
lo relativo al medioambiente y RR.NN.
La economía boliviana se basa en la
explotación de los RR.NN., de ahí provienen los principales impactos
medioambientales. Por eso es clave el régimen económico para los actores económicos
correspondientes y el rol del Estado. La Constitución de la Asamblea
Constituyente (en adelante C-AC) le dio al Estado el control y la dirección de
la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización (351-I),
a través de entidades públicas, sociales o comunitarias. Pero en el texto
modificado en el parlamento se redujo notablemente este rol. Se agregó que estas
entidades podrían contratar empresas privadas y constituir empresas mixtas, abriendo
el campo al sector privado en desmedro del Estado; se introdujo el respeto a
los “derechos adquiridos" de las empresas, reconociéndoles un derecho por
encima del Estado y por tanto del país. Se había establecido que los delitos
contra el medio ambiente serían imprescriptibles (Art. 112), pero estos delitos
fueron excluidos del nuevo texto (111).
Uno de los sectores de mayor impacto
medioambiental es el de los grandes propietarios de la tierra. En la C-AC el
tema de la extensión máxima de la propiedad agraria se dejó a un Referéndum. El
pueblo votó entre 5000 o 10.000 has. Ganó la primera. Pero con las modificaciones
parlamentarias esto afecta sólo a los latifundistas futuros (artículo 315-II) y
para estos se dio la posibilidad de dividir sus propiedades en sociedades de
5000 has por socio, lo cual anula el límite de 5000 has del Referéndum. El
mayor sector agrícola es el soyero y para estos se eliminó la prohibición de
los transgénicos que estaba en la C-AC.
También se modificó la fuente del derecho
de adquisición y conservación de la propiedad agraria. La C-AC mantuvo la
función económica social (397-I) (FES), pero en el nuevo texto se introdujo un
nuevo artículo con condiciones distintas sin mencionarla y no se lo puso en el
Capítulo 9º de Tierra y Territorio, donde está la FES, sino en el 306 del
modelo económico, las formas de organización económica que lo integran y se les
reconoce sus garantías constitucionales[3], como si hubieran dos regímenes de la tierra.
Se consolidó la usurpación de los
territorios indígenas por parte de este sector. La conformación de autonomías
indígenas originarias campesinas que se basaba en la consolidación de sus
territorios ancestrales (Art. 291-I) cambió a sólo los territorios habitados
actualmente (290-I).
Con estos cambios, la “mejor constitución
del mundo” se redujo en gran parte a cuestiones declarativas. Según el propio
Presidente Morales, él había propuesto una constitución fuerte para transar[4] (La Razón, 2008). Por su parte, el Vicepresidente García sostuvo
que la Constitución de la Asamblea Constituyente era demasiado radical, pero que el reconocimiento del carácter
plurinacional del país compensaba los cambios hechos en el parlamento. Es claro
entonces que el objetivo de estos líderes fue un acuerdo con la derecha; lo
demás era secundario.
A principios del 2010, las palabras de Evo
Morales sobre los homosexuales y la calvicie resonaron por el mundo (https://www.youtube.com/watch?v=nRd-PhopL8k). Sucedió en
la Cumbre Social celebrada en Cochabamba, el 20-4-2010, convocada nada menos
que para discutir sobre el cambio climático; y, el protagonista fue nada menos
que el “Héroe de la Madre Tierra”, Morales. Muchos se rieron; pero la
izquierda, especialmente los intelectuales, fingieron no escuchar nada. El
hecho no fue intrascendente; esta actitud se convirtió en una especie de
posición política, una muestra de lealtad al proceso y, así, la cuestión
medioambiental no será más que una parodia, además coherente con todo el teatro
mundial por el medio ambiente, con sus declaratorias de días por la Madre
Tierra, y otros días como el del acceso al agua como derecho humano, que
reducía el problema al agua a beber y bañarse, dejando sus otros usos para el
capitalismo y que un año después los jerarcas de estos eventos seguían discutiendo
sobre el real significado del término, pero eso sí, dejando en claro que no
implicaba el acceso gratuito. El resto de la historia de la política
medioambiental del gobierno es la realización y profundización de lo que vimos hasta
aquí.
2 La producción de soya con transgénicos seguirá adelante
En la
navidad del año 2010 el gobierno decretó la elevación del precio de los
combustibles a niveles internacionales. En esa oportunidad, Morales ofreció comprar
la producción de soya de productores grandes y chicos a precios internacionales.
En esa
oportunidad Evo Morales, mostró su admiración por el crecimiento del PIB
paraguayo en 9,7% debido en gran parte a la soya. En una reunión pública en la
cumbre del Mercosur en Brasil preguntó a Lugo: "¿Presidente, qué hizo
usted para crecer 9,7%? y me dice: 'hemos invertido en tema de producción de
alimentos'". Los paraguayos dijo Morales están exportando alimento: soya,
arroz y carne vacuna' y ordenó al gobernador de Cochabamba que dijera a Lugo
“que nos oriente, no me avergüenzo decirlo, que nos oriente” [5]
Más
tarde, el 26/6/2011 fue más allá; lanzó la Ley
144, una ley multifacética, que desarrolló varios cambios hechos a la Constitución;
entre estos, legaliza los transgénicos al prohibir “semillas genéticamente modificadas de
especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad.” (Art 15). Esto
favorecía a la soya, que no es poca cosa porque estamos de más de mitad del área
cultivada de Bolivia. Respecto a otras especies, ninguna que haya sido trangenetizada
es originaria sólo de Bolivia. También se beneficia al sector con la baja de aranceles
para facilitar importaciones de máquinas y agroquímicos por 5 años.
El bienestar del sector es claro durante el
gobierno de Morales. Datos del INE revelan que la importación de agroquímicos tuvo
un incremento del 130% en peso (de 22.265.975 a 51.287.372 kg.) y de 208% en
valor (de usd$ 79.803.191 a 245.589.421) entre el 2006 y el 2013[6]. La importación de abonos subió entre el 2006 y 2013 de 39.159.058
kg a 99.108.381kg (153%) y en valor de 13.944.334 a 70.340.880 usd$ (404%)
Figura 1. Importación de agroquímicos, excepto
abonos
Fuente: En base a INE
Nota Incluye:
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas,
inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas,
desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para
la venta al por menor, o com.. Partida Nandina
Figura 2. Importación de abonos.
Fuente: en base a INE, Capitulo NANDINA
Es bien
conocido que los transgénicos no sólo son un problema medioambiental y de salud
pública, sino una economía controlada por unas cuantas transnacionales, parte
de lo que Morales denunció como causa de
las aflicciones de la humanidad; el capitalismo, que pretendía derrotar con sus
10 mandamientos. Otra disposición de la Ley muestra otra característica de esta
economía; el sometimiento de la investigación; porque obliga a las
universidades, institutos técnicos y tecnológicos, escuelas superiores
tecnológicas y otras instituciones públicas, privadas y comunitarias que
desarrollan innovación productiva a ajustar sus investigaciones a las
prioridades oficiales (Art. 21; III), es decir a los transgénicos.
Otro
aspecto de esta ley y que muestra un gran cambio político es el relativo a los
suelos. Se dispone que: “la regulación se hará evitando la expansión de
poblaciones urbanas en detrimento de las áreas productivas” (Art 14), es decir
que los terratenientes dejaron de ser un problema. Lo
muestran también las declaraciones del vicepresidente García de que la
estructura de la tenencia de la tierra fue radicalmente transformada por su
gobierno, de modo que “a diferencia de hace 20 años, cuando las empresas
privadas medianas poseían 39 millones de hectáreas, ahora solamente poseen 4,1
millones de hectáreas”. En realidad el vicepresidente no tomaba en cuenta cifras
totales[7]. Según estas (las cifras totales), el sector conserva sus tierras, 4.280.490 has tituladas y 34.962.293
en saneamiento y por sanear. Si tomamos en cuenta las tierras tituladas y en
saneamiento y por sanear, descontamos las tierras fiscales (28.117.545 has), y
sumamos las de Grandes y medianas empresas (39.242.783 has); Propiedades
campesinas (17.164.215 has) y Territorios indígenas (22.201.175 has), tenemos
un total de 78.608.173 has. En esta suma, las grandes y medianas empresas
tienen el 50% del total.
Según el informe del Viceministerio de
Tierras, el 2012 la superficie revertida a medianas y grandes propiedades ascendía
sólo a 126.860 has.,[8] lo que muestra que el Referendum sobre la extensión máxima de la
propiedad de la tierra no sirvió para nada.
El ordenamiento territorial de acuerdo a la
capacidad de uso mayor del suelo fue introducido por la ley 1333 de 1992 estableciendo como base la
capacidad de uso de los ecosistemas, la localización de asentamientos humanos y
las necesidades de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales
(Art. 12; b). La Ley 144 reduce los criterios a sólo el uso agropecuario y
forestal. No es raro que con esto, terratenientes y gobierno comenzaran a
lanzar al aire grandes cifras. El entonces Viceministro de Tierras habló de
ampliar la frontera agrícola con 8 a 10 millones de hectáreas[9] y recientemente el
Vicepresidente García salió con un millón
de has/año hasta llegar a 13 millones de has, todo esto con el pretexto de la
soberanía alimentaria.
Por esta
vía llegó un golpe a la autodeterminación territorial indígena. Hasta entonces
el DS 29215 (2/8/2007) les reconocía el derecho al “uso de los recursos
naturales y su ordenamiento territorial en forma autónoma, los mismos que
tendrán plena validez y deberán ser tomados en cuenta por el Estado y terceras
personas.” Pero con la Ley 144 los indígenas definirán el uso, ocupación y
aprovechamiento de su espacio en base a los “lineamientos nacionales” (Art. 14;
6), que como vimos promocionan los transgénicos y el saqueo de los recursos
naturales.
3 Con instrucciones del Presidente para conquistar a las mujeres indígenas
"Si yo tuviera
tiempo, iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se
opongan; así que, jóvenes, tienen instrucciones del Presidente de conquistar a
las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción
del camino". Enseguida consultó: ¿Aprobado?" y se escucharon aplausos
del público.
(Evo
Morales en el Chapare)[10]
A partir
de la marcha por el TIPNIS, el 2011, la política medioambiental adquiere un
carácter represivo y también agresivo porque se comienza con declaraciones de
gobierno y sectores cocaleros, entre otros, amenazando reducir los territorios
indígenas e incluso invadirlos.
La IIRSA ha sido cuestionada por sus
impactos ambientales y económicos, también por Evo Morales. Sin embargo desde
el inicio de su gobierno la IIRSA ha constituido el gasto más grande del
presupuesto nacional. Si bien la cuenta respectiva (Infraestructura) cayó del
56% el primer año, en términos absolutos no ha hecho más que incrementarse; de
$bs. 2.659.465.153
el 2005, a $bs. 10.565.847.580 el 2013. El 2012 había bajado al 37% pero el siguiente
año volvió a subir al 40.
El elemento de la IIRSA que hizo crisis fue
el proyecto de construir una carretera por el TIPNIS, y se destaca, entre otras
cosas, porque al igual que las represas del Madera significó un viraje en la
política del gobierno, de tal gravedad que aparte de la represión brutal de la
marcha, el vicepresidente García puso la cuestión indígena al nivel del
problema geopolítico más importante de los últimos 50 años, lo que justifica
cualquier medida contra ellos “por la salvación de la patria”.
El caso revela la importancia de la IIRSA
para el gobierno y la importancia de Brasil en su construcción y financiamiento
y en general para las relaciones bilaterales, como dijo Dilma Roussef, las
buenas relaciones entre ambos países "passam pela capacidade de as
empresas brasileiras fazerem negócio na Bolívia" cuando el gobierno
boliviano rompió el contrato con la OAS. Por su parte, Morales respondió que
Dilma era una madre para Bolivia[11], lo que expone claramente su sometimiento a Brasil, más que su
deseo de emparentarse con medio mundo.
Con el TIPNIS se confirmó algo que el
gobierno venía anunciando hacía tiempo; que las áreas protegidas (AA. PP.) y
los territorios indígenas eran un obstáculo a su modelo económico, lo que comprometía
la consulta previa ya que frenaba su avance a esos territorios. Durante la 8va
marcha, (la del TIPNIS),Morales manifestó su intención de revisar los
territorios indígenas y varios de sus subalternos en los sindicatos cocaleros
que él encabeza manifestaron su intención de invadirlas.[12]
Uno de los móviles de la posición del
gobierno hacia las AA. PP. y los territorios indígenas quedó al descubierto con
la entrega de concesiones hidrocarburíferas a las trasnacionales aumentando el
área de 2.884.117 has a 24.777.543,40 has., comprometiendo las AA.PP., y entre
ellas, cinco, con Madidi que es la más grande, han quedado prácticamente
desnaturalizadas, con un 55 a 91% de su territorio afectado[13]. La intención del gobierno es concesionar el 49% del país.
Después de la 8va marcha, el gobierno inició
una ofensiva contra la Consulta Previa, aprobando la Ley 222, también con
grandes consecuencias para la política medioambiental (entre otras cosas porque
muchas AA.PP son también territorios indígenas) y los derechos humanos y
ciudadanos, porque convierte la Consulta en un acto de autoritarismo, con
procedimientos y objetivos que excluyen la participación autónoma de los
indígenas y porque declara a sus asesores y abogados como “terceros” y los criminaliza,
al igual que hace con quienes se solidaricen con los indígenas.[14] Con esto convierte a los
indígenas en una especie de minusválidos como en tiempos de la colonia. Una
muestra más de esto es la Ley Electoral que determina que las conclusiones,
acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa no tienen
carácter vinculante (Art. 39). Quiere decir que el gobierno no está obligado a
cumplir los acuerdos a los que llega con los indígenas. Por la forma en que
está redactado el artículo en cuestión es posiblemente la primera vez en la
historia humana que se establece por ley que alguien no está en la obligación
de cumplir sus compromisos. Además, de acuerdo a la ley, este artículo tendría
que haberse consultado a los indígenas pero no se lo hizo.
Luego llegamos a la ley del 11-1-2013 queestablece
un régimen excepcional (léase de perdón) para desmontes realizados sin
autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011 (Art. 1)
en los predios: titulados por el INRA; en proceso de saneamiento o sin sanear que
tengan desmontes sin autorización; y aquellos con procesos administrativos
sancionatorios, que no tengan Resolución Administrativa de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (Art. 3; I).
Como señala Rivera[15], el que Evo Morales, entregara esta ley en manos de Julio Roda
presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), tiene un gran
significado. El mismo Roda lo dijo; esta ley “beneficiará
a más de 25 mil productores que sanearán más de 5 millones de hectáreas…”[16] Esta enorme extensión implica por una
parte, que no sólo las reservas forestales, sino también, los derechos forestales
(contratos en las exconcesiones) fueron desmontadas; asentamientos y
avasallamientos que el INRA a titulado sin más trámite[17] y; por otra, que los más beneficiados son los productores que
desmontaron cientos o miles de hectáreas, no los pequeños que desmontaron una o
dos, dice Rivera. El objetivo del gobierno no es poner coto al desmonte; ya
vimos su intención de ampliar la frontera agrícola. Por otra parte está su
intención de continuar aflojando la legislación para los terratenientes con una
nueva ley que amplié el periodo de revisión de la FES de dos a cinco años.
El justificativo de esta ley es incentivar
en estos predios la producción de alimentos para garantizar la soberanía y
seguridad alimentaria (Art. 2); pero para Morales “la producción de soya con transgénicos seguirá adelante,…… mientras
los defensores de los cultivos ecológicos no garanticen la seguridad
alimentaria del país” lo que quiere decir que no tiene otro plan “alimentario”
que los transgénicos. Y, en realidad, es como si el gobierno no estuviera en
sus manos sino en las de los terratenientes,
El 7 de diciembre del 2010 el parlamento
aprobó la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra que crea la Defensoría de
la Madre Tierra, cuya misión es velar por el cumplimiento de los derechos de la
Madre Tierra establecidos en el mismo texto; pero deja su creación –sin plazo-
a una ley futura (Art. 10). Año y medio
después, el Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra (C.S. Nº 037/2012-2013)
aprobado el 21-6-2012 en senadores, fijaba un plazo de un año para su creación
(Disposición Transitoria 1ra), pero en la Ley promulgada en octubre, 2012, (Ley
Marco de la Madre Tierra, Ley N° 300) ya no hay plazo y la Madre Tierra sigue
sin Defensoría. Veamos los puntos centrales de esta nueva ley.
Una de sus particularidades, también
frecuente en la legislación de los últimos 9 años es que numerosos asuntos,
muchos de gran importancia, son dejados para futuras normas y muchas veces con
un planteamiento nada serio, como citamos por ejemplo:
“Los fundamentos de la concepción del Vivir
Bien, a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la “Madre
Tierra”, establecidos en esta Ley, deben ser de aplicación e implementación
gradual por el Estado Plurinacional de Bolivia y el pueblo boliviano, a través
de leyes específicas, reglamentos, políticas, normas, planes, programas y
proyectos. Este planteamiento es de dudosa seriedad porque vaya uno saber
cuándo se elaborará tal cantidad de normas (Disposición Adicional Segunda).
Aparte de que esto tiene un efecto
desregulador, lo más grave es que implica una cesión de funciones del
Parlamento al Ejecutivo;[18] lo que implica el acaparamiento de poderes del Ejecutivo sobre la
sociedad comprometiendo seriamente el régimen democrático, debilitando la
separación de poderes como base de la democracia.
Pasando al tema medioambiental. Mientras
que la Ley 1333 de Medioambiente priorizaba la protección y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales (Art. 1), la nueva Ley prioriza el
desarrollo (Art 1), y en sus fines está determinar los lineamientos y principios
que orientan el acceso a los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre
Tierra (Art 3; 1), y definir el marco institucional para dicho desarrollo (Art
3; 4). Por eso esta ley es similar a las que regulan la entrega de derechos
sobre los recursos naturales, como la de minería, la diferencia es su
pretendido medioambientalismo. Se trata de una mezcla de mala fe de contenidos
medioambientalistas con extractivistas que someten de hecho la legislación
medioambiental a la legislación de concesión de recursos naturales y con eso la
están llevando a su desaparición.
En cuanto a su institucionalidad, la Ley crea
la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (Art. 53; I); una “entidad
estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión administrativa,
técnica y económica,” pero queda bajo tuición del inutilizado Ministerio de
Medio Ambiente y su funcionamiento queda para un futuro decreto. Su campo de
acción no pasa del “marco de la política y Plan Plurinacional de Cambio
Climático para Vivir Bien“ (Art. 53; II), es decir la captación de los fondos
de la cooperación internacional para este tema.
Esta ley dicta la eliminación gradual de
cultivos transgénicos autorizados en el país, como en otros casos la deja para una
norma futura (Art 24- 8 y 9). También prohíbe la producción de biocombustibles
(Art 24-11). Recordemos que la Ley 144 (2011-06-27) que legalizó los
transgénicos fue bienvenida por los agroempresarios. Y ahora estos reaccionaron
naturalmente contra esta nueva ley, pero la ministra de Desarrollo Productivo,
Teresa Morales, declaró: “Nos reunimos con representantes de ANAPO, con la
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y sus técnicos y se aclaró que en el
ámbito del reglamento se pueden subsanar las preocupaciones y estamos convencidos
de que se llegará a buenos acuerdos en el reglamento de la Ley…”[19], o sea que lo que prohíbe la Ley, lo autorizará su reglamento.
En cuanto a los biocombustibles, ya vimos
que la Ley Nº 3546 de 28/11/2006 declara de prioridad nacional la producción de
biocombustibles. Sumemos a esto que el 5-3-2012 el gobierno firmó el contrato por
168 millones de dólares para la construcción de un complejo. Esto quiere decir que
la nueva ley contra los transgénicos no es un problema. Además lo dijo el
Vicepresidente A. García “…oponerse al proyecto de San Buenaventura es
antipaceño,…”[20] Esta incongruencia entre lo dicho y lo hecho es característica de la
política ambiental del gobierno.
Un problema ambiental pendiente por décadas
es el de los instrumentos de gestión medioambiental. Ya fueron establecidos por
la Ley 1333 pero requerían cambios profundos. El ordenamiento territorial debía
implementarse plenamente, pero la ley 144 redujo sus criterios con el objetivo
de favorecer la ampliación de la frontera agrícola. En cuanto a las AA. PP., son
dejadas para norma futura (Art. 23; 6). La EIA ya tenía el problema de ser una
autoevaluación, pero no se hizo nada por corregirla. La Ley 300 ni la menciona;
apenas sí, vagamente dice “auditorías de sistemas de vida”, que no incluyen
específicamente los impactos ambientales. Tampoco la menciona ningún proyecto
ni norma como condición de la Consulta Previa.
En cuanto a la institucionalidad ambiental,
ha sido constante en la política oficial pretender que la autoridad competente en
cuestiones ambientales como la licencia ambiental sea el ministerio del rubro
implicado, como ser el ministerio de minería para la minería, acto que se
conoce como “juez y parte”. Esto se iba a consolidar con la nueva ley minera
pero por las duras críticas a semejante aberración, se dejó la otorgación de la
licencia a cargo de las Gobernaciones para un nuevo invento: “actividades
mineras con impactos conocidos poco significativos”, quedando el resto para lo
estipulado en la Ley 133 (Art. 218). La autoridad competente para la Consulta
Previa resultó ser el ministerio de minería (Art. 208; I). Con esto la
institucionalidad medioambiental y los instrumentos de gestión se reducen a una
función meramente publicitaria.
La nueva ley de minería aprobada en mayo
del 2014 es otro hito en el la política medioambiental del gobierno. El sector
minero es el que más impacta en el medioambiente, pero con la nueva ley se ha
reducido hasta casi eliminar instrumentos básicos de gobierno como la reserva fiscal y todo lo
que ponía límites a la expansión de la minería. No se salvaron ni los ríos, ni
los glaciares. Los derechos de los mineros a la superficie o suelo se han
acrecentado y su primacía sobre otros derechos pre-existentes se ha consolidado
estableciendo la negociación de las servidumbres entre partes, (sabiendo cuál
es la parte fuerte y con la parte débil amenazada de expropiación); con la
penalización de cualquier oposición a las actividades mineras y elevando los “derechos
adquiridos” de los mineros por encima de cualquier otro incluso de los
indígenas a sus territorios, un derecho pre-republicano.
Aparentemente
la expansión de la minería no terminará con la nueva ley, porque el Anteproyecto de ley de tierras elaborado a
nombre de la CSUTCB tiene entre sus objetivos promover la gestión sostenible de
los RRNN y biodiversidad (Art. 2), y en el ámbito de su
aplicación está el uso y gestión de los RR.NN. (Art. 6; 2). Según
el artículo 67-IV,
los alcances de la administración de tierras son, entre otros, “lo referido al
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables.” El
artículo 71 reconoce como competencia específica del
Servicio Boliviano de Reforma Agraria (Art. 71-a) el apoyo
técnico en las formas de aprovechamiento de los recursos renovables y no
renovables. Esto quiere
decir que estamos en realidad ante un anteproyecto de una ley de tierras y
minería. Así que la minería que ya cuenta con una legislación propia, también
contará con la legislación agraria, lo cual es muy grave porque no se busca
proteger la agropecuaria, caza, pesca y recolección de la expansión de la
minería y sus impactos; por tanto lo que el gobierno llama desarrollo es la
destrucción de un sector económico por otro.
4 Energía nuclear, patrimonio de la humanidad
El último acto de terrorismo medioambiental
del gobierno ha sido el anuncio de la construcción de un reactor nuclear. Hasta
tuvo un inicio divertido. Evo pensaba generar energía nuclear con mercurio e
insistió por un tiempo con esto a pesar de las críticas. Lo que dijo fue:
"Una planta nuclear, ¿porque no? Si
aquí en Potosí (y) Santa Cruz tenemos mercurio que es la base para poder
generar energía y qué mejor más bien estar exportando energía" [21].
Después salió con que la energía nuclear es
patrimonio de la humanidad[22]. Finalmente el asunto se puso serio cuando anunció una inversión de
2000 millones de dólares[23]. Su primera justificación, como típico líder de país pobre, fue la
exportación. Después se acordaron de los usos en el área de la salud, entre
otros[24]. Pero, aunque estos argumentos fueran serios y el gobierno tuviera
la capacidad de gestión necesaria para cumplir lo que dice ¿de qué servirían
estos usos ante un desastre nuclear como el de Fukushima?
Bien, lo que hay de objetivo detrás de la
energía nuclear es que las reservas de gas natural se reducen a 8 años y esto
es uno de los productos de una política energética centrada en la exportación de
bruto y en la importación de combustibles; asentada en las típicas esperanzas de
los líderes de países pobres, -pobres países-, de que las transnacionales
inviertan, busquen y extraigan los hidrocarburos para que sigan fluyendo las
regalías e impuestos que les permiten mantenerse en el poder.
Después
de Fukushima, es difícil imaginarse a Shinzō Abe (primer ministro japonés),
o a Merkel, Putín u Obama haciendo propaganda abierta a favor de la energía atómica;
caerían devorados por la opinión pública, pero Evo Morales lo hizo y no pasó
nada y seguramente ellos, los poderosos, estarán agradecidos, por abrirles el
camino.
En fin, todo
esto comenzó como un chiste. Unos se rieron, otros prefirieron callar y hacer
callar. Y así, el gobierno del héroe de la madre tierra, título que le dieron
las NN.UU., legalizó e impulsó los transgénicos, los biocombustibles, legalizó
la deforestación ilegal, hizo de los mineros una casta superior, etc., e impuso
una legislación que despoja al Estado de facultades para
controlar el medioambiente; que está liquidando los instrumentos de gestión
ambiental y su institucionalidad; que libera de trabas medioambientalistas a los
sectores económicos de mayor impacto ambiental; y que lo hace a costa de la
democracia, criminalizando; haciéndonos retroceder décadas a la prehistoria del
medioambientalismo.
Evo Morales dijo que “es más importante
defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos.[25] Bien, a partir de la política medioambiental de su gobierno hemos
visto que los derechos de la madre tierra no equivalen sino a la entrega de los
RR.NN. y el medioambiente; es esto lo que es más importante que los derechos
humanos de quienes se oponen a esta política y de que quienes serán víctimas de
sus impactos.
[1] Discurso del Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia Evo Morales en la XV Cumbre del Cambio Climático,
Copenhague Copenague, 17 de diciembre de 2009.doc http://www.vicepresidencia.gob.bo/”
[2] El 15 de febrero Bolivia y Brasil
hacían público un comunicado conjunto “Brasil – Bolivia: bases para uma
parceria estratégica”. Para más información ver: Villegas Nava, P. (2013).
Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los recursos naturales.
Cochabamba, Bolivia: CEDIB.
[3] “El Estado reconoce la propiedad de la tierra …siempre y cuando sea
utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico,
la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o
servicios.” (315-I) Este artículo incluye como condición la generación de
empleo -que no está en la definición de la FES-, pero sin relación explícita
con los derechos laborales. Esto, como justificativo de la propiedad de la tierra,
es muy peligroso, porque contribuye a mantener en el campo el empleo en
condiciones ilegales e inhumanas. Con esto uno de los sectores de mayor impacto
ambiental queda a sus anchas.
[5] Bolivia quiere copiar la fórmula de
crecimiento 20 de diciembre de 2010
http://www.ultimahora.com/bolivia-quiere-copiar-la-formula-crecimiento-n388220.html
[6] Incluye:
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores
de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y
productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por
menor, o com.. Partida Nandina.
[7] El gobierno del MAS y la
consolidación de la base material del “poder empresarial hacendal”1. Enrique
Ormachea S. y Nilton Ramirez F. 1ro de noviembre de 2013 CEDLA
[8] Ibid.
[9] “Bolivia puede ampliar su frontera agrícola de 5 a 10 millones de
hectáreas”. ABI, La Paz, martes 22, febrero 2011.
[11] Brasil
evita desgaste com a Bolívia por conta da OAS 26/04/2012. (Valor Econômico
http://www.valor.com.br/internacional/2635704/brasil-evita-desgaste-com-bolivia-por-conta-da-oas)
[12] Para mayor información ver:
TIPNIS. El objetivo del gobierno:
Liquidar TCOs y entregarlos a las petroleras (http://yque-yque.blogspot.com/2011/09/tipnis-el-objetivo-del-gobierno.html)
La Ley 222 afecta radicalmente el derecho
a la Consulta Previa (http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012021504)
¿Puede haber Consulta Previa entre la
escopeta y las palomas? (http://yque-yque.blogspot.com/2010/09/puede-haber-consulta-previa-entre-la.html)
[13] Jiménez, Georgina: Territorios
indígenas y áreas protegidas en la mira. Petropress N°31, julio del 2013,
CEDIB.
[14] Ver: La Consulta Previa y la vigencia del régimen democrático (http://yque-yque.blogspot.com/2013/04/la-consulta-previa-y-la-vigencia-del.html)
[15] Ribera Arismendi, Marco Octavio: La
incoherencia de la Ley 337 y la falacia de la restitución de los bosques en
nuestro país. Y QUÉ, http://yque-yque.blogspot.com/, marzo, 2013.
[16]
Gobierno permitirá sanear tierras que no cuentan con desmontes legales. El
Diario, 14/1/2013.
[17] Tejada Soruco,
Alicia: ¿Quién paga la cuenta? http:// cheoropota.blogspot.com, 19 de diciembre
de 2012
[18] Acosta Romero, Miguel. Las leyes
marco y su impacto en la seguridad jurídica. Revista de la Facultad de Derecho
de México, México, núms. 183 y 184, mayo-agosto de 1992, t. XLII.
[19]
Anapo hace observaciones a la Ley de la Madre Tierra. El Diario, 25/10/
2012
[20] Contrato para edificar ingenio
azucarero se firmará en enero. La Paz. Cambio, 2011-11-09.
[21] Energía nuclear: Evo insiste en
explotar mercurio Por Anf - Agencia - 31/10/2010, Los Tiempos.
[22] La Razón, 22/01/2014. http://www.la-razon.com/index.php?_url=/nacional/Evo-Morales-construccion-nuclear-Bolivia_0_1984601573.html
[23] Primer reactor nuclear estará en La Paz; se invertirá $us 2.000 MM La
Razón 3/10/2014
[24] Primer reactor nuclear estará en La Paz; se invertirá $us 2.000 MM La
Razón 3/10/2014
[25] Discurso del Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia Evo Morales en la XV Cumbre del Cambio Climático,
Copenhague Copenague, 17 de diciembre de 2009.doc http://www.vicepresidencia.gob.bo/