Pablo Villegas N. Publicado en Petropress Nº 16, agosto, 2009. CEDIB
El acuerdo limita los
derechos de Bolivia más que si fuera un río.
Recientemente, se hizo público el preacuerdo con Chile sobre
el Silala y fue seguido de mutuas acusaciones entre oficialismo y oposición,
que ocultan el hecho de que el acuerdo es resultado de la diplomacia invariable
de los últimos gobiernos y que detrás de este, no solo está el Silala sino la
continuidad de un mismo modelo económico.
Veamos las características del documento en cuestión. El
acuerdo falsea la historia de las negociaciones al sostener que las diferencias
entre Bolivia y Chile eran sobre el sistema hídrico del Silala y las
características de sus aguas (2º considerando), cuando en realidad se trataba
de si era un río, o no. De esto dependían los derechos de Bolivia porque las
aguas de curso transfronterizo implican derechos compartidos para ambos países,
pero aquí vemos que esta cuestión central se ha resuelto sin un acuerdo público
entre Bolivia y Chile. El documento hace referencia a las aguas de Silala como
un caudal “que fluye superficialmente a través de la frontera desde el Estado
Plurinacional de Bolivia hacia la República de Chile” (2)1. Así se
introduce subrepticiamente el concepto de río y consecuentemente, se lleva la
cuestión al campo del derecho internacional correspondiente a estos cuerpos de
agua que, según éste son recursos compartidos. Consiguientemente, el acuerdo
dictamina que las aguas son de ambos países (1).
Con esto se limitan los derechos de Bolivia porque según la
Declaración de Montevideo LXXII, ningún Estado puede, sin el consentimiento del
otro, introducir en los cursos de aguas de carácter internacional, alteración
alguna que perjudique a la margen de aquel. Esto ha sido reflejado en el Art.
4º estableciéndose que no se podrá alterar las condiciones actuales del caudal
y calidad del agua que fluye a través de la frontera; y deberá seguir corriendo
aunque las empresas chilenas no quieran pagar.
No obstante, esta limitación va más allá de lo que
correspondería si se tratara realmente de un rio, pues la proporción de aguas
que le corresponderá a Bolivia, aunque es “de libre disponibilidad”, no podrá
venderse libremente ni a los bolivianos, porque los actuales usuarios en Chile
gozarán del derecho preferente (3). Por otra parte, los usuarios de Chile
podrán aprovecharlas sin ninguna restricción (15). En 1997, Bolivia pudo interrumpir
la concesión del Silala argumentando que el agua no se usaba según se convino.
Ahora se ha eliminado esta posibilidad. También se introducen ciertos candados
que limitan los derechos de Bolivia para la fijación del valor de las aguas.
Esto se hará, dice el acuerdo, en función del volumen transferido (13) ¿Quiere
esto decir que a mayor volumen viene una rebaja?. Por otra parte, se tomará en
cuenta el valor promedio del metro cúbico de aguas crudas en la II Región de
Chile (14).
El establecimiento de una soberanía compartida en el área del Silala
El acuerdo establece implícitamente que el Silala no tiene
nada que ver con la cuestión marítima ni ningún otro asunto pendiente con Chile
(4º Considerando). Esto corresponde a la estrategia chilena de debilitar la
posición boliviana privándole de medios de presión para la cuestión marítima.
Debido a la escasez de agua en el norte chileno, y a la seria limitación que
esto implica para el desarrollo de la minería, los recursos hídricos que
dispone Bolivia, Silala entre ellos, son uno de estos medios. Esto quiere decir
que el acuerdo va más allá del Silala mismo.
A principios de este siglo se vio que para lograr la
exportación de aguas, la minería chilena contaba con una quinta columna en
Bolivia. Por una parte, estaban los acaparadores de concesiones mineras en la
frontera cuyo objetivo era exportar aguas a Chile y, por otra, los empresarios
mineros bolivianos, uno de ellos socio de la minería chilena, el Presidente de
la República, “Goni”. A pesar de esto, los intereses mineros privados se
mantienen intocados hasta ahora, y continúa la mañosa separación entre el
problema minero nacional y nuestra política exterior.
Continuando con el acuerdo, el concepto de “sistema
hídrico”, mencionado en relación al Silala, tiene una importancia clave, pues
le da cuerpo al acuerdo. Al respecto, nos preguntamos: ¿Cómo y dónde se define
dicho sistema? Para considerar la respuesta, debe tomarse en cuenta que los
estudios no tienen como objetivo determinar si Silala es vertiente o rio, sino
“avanzar en la compresión del sistema hídrico” (8). Esto es que como resultado
de los estudios, el “sistema hídrico” en cuanto a su extensión podría ampliarse
peligrosamente dentro el territorio boliviano. Esta sospecha se basa en que con
motivo de los estudios, se establece el emplazamiento de 6 estaciones
hidrometereológicas, de ellas, “…dos (a y b) se encontrarán en el cruce de
frontera, y serán binacionales, cuatro (c, d, e y f) estarán ubicadas en
territorio boliviano.” (8) Ninguna estación se emplaza en territorio chileno
propiamente dicho, cosa que sería natural si realmente se tratara de un rio.
Aparte de esto, se instituye un programa de monitoreo para determinar la
calidad y la datación del agua en los sectores de bofedales y en el cruce de
frontera y otro de cartografía (10), todos en Bolivia.
Es claro que el área donde se aplica el acuerdo es
enteramente territorio boliviano El acuerdo, por tanto, otorga a Chile
atribuciones sobre este territorio, creando una especie de soberanía compartida
sobre una extensión desconocida y capaz de crecer.
Y no es todo, porque, además, -y sin ninguna
fundamentación-, las Partes se comprometen a intercambiar datos provenientes de
otras estaciones próximas al área de investigación (8), lo que significa que
estas atribuciones van más allá del sistema hídrico del Silala en sí. Además el
acuerdo pone de en medio la legislación boliviana, lo que quiere decir que
cuando Bolivia quiera modificarla, Chile se sentirá autorizado a emitir sus
opiniones sobre el tema.
La utilidad del acuerdo del Silala y específicamente de los
estudios para ampliar la influencia de Chile sobre los recursos hídricos de
Bolivia es aun más evidente a partir del artículo 16 que establece sobre los
trabajos técnicos a que se refieren los artículos 7 y 112, que las
Partes se esforzarán en cooperar activamente, así como en alcanzar resultados
que sirvan de referencia para futuros acuerdos. En pocas palabras, el acuerdo
del Silala servirá de modelo para nuevos acuerdos de sesión de nuestros
recursos.
Se ha pretendido justificar este acuerdo con la propina que
Bolivia recibiría por las aguas. En realidad, a cambio de esta, Bolivia
resultará cediendo soberanía y estableciendo un precedente que recuerda los
acuerdos previos a la invasión del litoral boliviano en 1879.
Los intereses de Chile en otros recursos hídricos de Bolivia
Nuestra
sospecha de que Chile tiene detrás del Silala otros intereses sobre los
recursos hídricos de Bolivia no parten solo del texto del acuerdo, sino de
antecedentes históricos. Ya en 1950 se llegó a un acuerdo que comprometía entre
otras, las aguas del Titicaca. Felizmente, el Perú impuso su veto.
Posteriormente, los recursos hídricos fueron incluidos en las negociaciones del
TLC entre Chile y Bolivia.
Sustanciando
estos intereses, Cristián Faundes, asesor e investigador de la academia de
guerra de Chile, dice que lo relevante del tema de los recursos hídricos
compartidos con Bolivia es que Chile es parte de la cuenca endorreica del
altiplano, por lo cual considera apropiado reclamar la participación de Chile
en la Autoridad del Lago Titicaca, constituida por Perú y Bolivia, para
administrar el sistema Titicaca, Poopo, Desaguadero y Salar de Coipasa.
La globalización neoliberal y el acuerdo del
Silala
Las
negociaciones diplomáticas en torno al Silala, desde 1997, se desarrollan en un
contexto dado por la globalización neoliberal que llevó al acuerdo económico de
1993 (ACE 22) entre Chile y Bolivia, y que fue continuado por las negociaciones
de un TLC entre estos países. Este incluía la exploración minera en el área
fronteriza de ambos países, tratativas para proyectos conjuntos en este campo;
exportación de gas boliviano, los corredores de exportación y naturalmente la
“seguridad jurídica”, entre otros. En las negociaciones del 2001, el Grupo de
Trabajo de Recursos Hídricos ya no mencionó para nada el Silala, y solo se
dedicó a trabajar sobre la normativa y seguridad jurídica para exportación de
aguas de Bolivia.
Estas negociaciones dejan ver que la globalización
neoliberal hizo que la reivindicación marítima de Bolivia perdiera su importancia internacional. En
todo caso, podía ser solucionada con corredores de exportación y la integración
comercial. Ya lo dice el poderoso Concejo de Relaciones Exteriores de los EEUU
(CRE); que Chile considera que la solución de largo plazo a la inestabilidad de
Bolivia es el desarrollo de las comunicaciones y la integración (Gamarra, 2007).
Es decir que Bolivia no tiene un problema marítimo sino de inestabilidad y esto
se arregla con corredores de exportación, etc.
Las
negociaciones del TLC fueron interrumpidas por la resistencia social a la
exportación de aguas, entre ellas, del Silala y, en fin, por el proceso que
culminó con el levantamiento de octubre, 2003, que no solo puso freno al
gonismo sino también al acuerdo con Chile. Esta historia muestra que los temas
que bajo el neoliberalismo caracterizaban las relaciones bilaterales, son
comunes a la Agenda de 13 puntos establecida el 2006.
Estos puntos son: 1)
Desarrollo de la
confianza mutua; 2) Integración fronteriza; 3) Libre tránsito; 4) Integración
física; 5) Complementación económica; 6) El tema marítimo; 7) El tema del
Silala y los recursos hídricos; 8) Lucha contra la pobreza y la seguridad; 9)
Lucha contra las drogas, educación, deportes, culturas y 10) Otros temas, sin
especificar.
Este contenido fue dado por el imperativo de la
globalización y es apenas matizado por los puntos 6º y 7º. Pero la
globalización neoliberal no fue nunca únicamente de carácter económico; las
bases del neoliberalismo eran bases militares. El punto 8 que abarca la lucha
contra la pobreza y la seguridad, refleja fielmente el pensamiento militar
estadounidense que considera la extrema pobreza como un problema de seguridad,
por eso figuran ambos en un mismo punto. Lo mismo puede decirse del punto 9.
Ganando confianza mutua apoyando la invasión de Haití
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Resulta
pues natural que en la actualidad se haya producido un acercamiento sin
precedentes entre los ejércitos de ambos países. Recientemente (16-06--2008)
Bolivia y Chile firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en materia
de defensa; algo irónico para países que formalmente no tienen relaciones
diplomáticas. Como parte de este acercamiento, Bolivia y Chile firmaron un
acuerdo para incrementar la tropa boliviana que -pese a toda la vocinglería
antirracista de la actual administración- se encuentra en Haití. El
justificativo era la búsqueda de confianza mutua. Como Haití no toca pito en
los problemas de confianza entre Chile y Bolivia, es claro que la acción busca
la confianza de un tercero, que obviamente es el ocupante de Haití. Después de
la Operación Cóndor, la cooperación chileno-boliviana en Haití es el segundo
acuerdo entre estos dos países para la represión y para respaldar los intereses
de EEUU.
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El común divisor:
soberanía a cambio de neoliberalismo
Las características de la diplomacia del Silala son comunes
a toda la política exterior de Bolivia, como puede verse en el caso de la
IIRSA. Los corredores de exportación fueron uno de los componentes
fundamentales de la agenda con Chile. Estos corredores son parte de la IIRSA;
la columna vertebral del libre-comercio en Sudamérica. Los proyectos que la
componen siguen adelante con el mismo ímpetu que bajo el gonismo. El 18 de
diciembre 2007 Bolivia firmó con Brasil y Chile, un acuerdo por la
transoceánica que beneficiará notablemente el transporte entre el Brasil y el
Pacífico. Tanto el proyecto de las represas del Madera como el Corredor Norte y
la transoceánica apuntan también hacia el Pacífico, pero principalmente a los
puertos de Chile. Y Chile por su parte, apunta hacia los mercados del Brasil,
pasando por Bolivia. Como consecuencia, se dará una mayor conjunción de los
intereses de Brasil con los chilenos sobre los puertos, la cuestión de energía
y el libre tránsito por Bolivia, y con ello se fortalecerá la situación
geopolítica de Chile. ¿Cómo fortalecerá esto la demanda de Bolivia de una salida al mar?. No lo hará
de ninguna manera, como no lo iba a hacer la exportación de gas por Chile el
2003 (Villegas, 2008). Esto es que la continuación del neoliberalismo y la
existencia de Bolivia como estado son dos cuestiones totalmente opuestas la una
a la otra.
Concluyendo,
el documento del pre-acuerdo del Silala se caracteriza, por una parte, por
estar repleto de disposiciones sobre lo que Bolivia debe y no debe hacer y, por
otra parte, porque vela muy bien por los intereses de Chile y sus empresas.
Sumando a esto el lenguaje y la terminología utilizada en el documento, es
inevitable sospechar que -en lo principal- su redacción estuvo a cargo de
Chile. Visto así, el documento más parece un decreto colonial que un acuerdo.
Este es el resultado de la diplomacia de los últimos gobiernos, desde 1997;
cuya orientación se ha mantenido invariable, a pesar de las pretendidas
diferencias u originalidad que cada gobierno se ha auto-atribuido.
Notas:
(1) En
adelante, indicamos el número de artículo entre paréntesis.
(2)
Art. 7: Instalación de estaciones hidrometereológicas cuyos datos servirán para
un nuevo acuerdo de largo plazo. Art. 11: El informe de los resultados de los
estudios será la base para el acuerdo de largo plazo.
Fuentes:
Gamarra,
Eduardo A.: Bolivia on the Brink. CSR Nº 24, February 2007. Council on Foreign
Relations.
Villegas, Pablo: El Rio Madera y la Diplomacia Agachada de
Bolivia. Bolpress, enero,
2008.
