(Parte II) LA TERCERA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA


La industrialización del gas y la refundación de YPFB en 5 meses (Pablo Villegas N)

La nacionalización y la estrategia de las transnacionales


El DS de nacionalización estableció una serie de tareas que, aparte de si eran posibles o no, tenían un plazo dicho, y en otros casos sobreentendido.

Aunque no se tratara de una nacionalización, de todos modos cualquier política de un país pobre que quiera un mínimo de soberanía nacional en el sector de hidrocarburos, debe dar prioridad a su empresa estatal, porque es con ella que el Estado puede asumir control del sector. Esto se hace incluso en países muy pobres en hidrocarburos como Chile.



Los cuadros rojos indican que el tema estaba ya en la Ley 3058 de mayo del 2005, y los verdes en el DS 28701 de mayo del 2006. Si ya estaban en la ley 3058, se entiende que no se cumplió con la aplicación de dicha ley. Los cuadros amarillos indican el plazo para el cumplimiento de cada tarea.

Como sabemos, la nacionalización boliviana no votó del país a las transnacionales, por ello es importante ver cómo el DS maneja el campo privado y el estatal. Tratándose de recuperar los bienes que nos habían quitado estas empresas, se entiende que el manejo debía ser a favor del Estado. Entonces, al lanzar la nacionalización había una pugna entre el Estado y las trasnacionales que se daba básicamente en tres campos:
  • a    La firma de nuevos contratos con las trasnacionales;
  • b   La nacionalización de las empresas capitalizadas; y
  • c   La refundación de YPFB.


Los dos últimos puntos (b y c) eran de importancia estratégica para el país, y en apariencia se les dio prioridad porque:
  • YPFB estaría refundada cuatro meses antes de la firma de contratos;
  • La recuperación de las acciones de las AFP sería de inmediato;
  • La nacionalización de acciones necesarias para llegar al 50%+1 de las empresas de extracción, transporte, logística y refinado se pondría en marcha de inmediato;
  • Las auditorias se realizarían antes de firmar los nuevos contratos, para arreglar cuentas con las empresas por lo que ilegalmente aprovecharon de nuestros recursos desde la capitalización;
  • La producción de hidrocarburos sería entregada al Estado de inmediato; el Estado asumiría el total control del sector.


Las cosas resultaron de otra forma. La Ilustración 2 muestra la importancia que se dio a la firma de los contratos. Se había establecido que las auditorias serían base de los contratos pero se iniciaron tarde y concluyeron después de la firma de los contratos. Las autoridades dijeron que de todos modos las iban a tomar en cuenta pero nunca lo hicieron y, recientemente, el nuevo Ministro de Hidrocarburos, Gutiérrez declaró que las auditorias eran asunto del pasado (21). Quiere decir que el gobierno ha perdonado definitivamente a las empresas.

La recuperación de acciones de las AFP se hizo de inmediato, pero –ojo- no eran suficientes para que YPFB tomara el mando de las empresas. Faltaba nacionalizar una pequeña proporción de acciones para que llegara al 50%+1.

Los contratos se firmaron en el plazo establecido pero una serie de irregularidades hizo que su protocolización se retrasara hasta mayo del 2007. Sólo entonces se comenzó a implementar las otras tareas de la nacionalización.


La primera empresa en ser nacionalizada fue la refinería y tuvo lugar recién en junio, 2007, un mes después de la firma de los contratos. Le siguió la compañía de logística en marzo 2008. El mismo año, tuvo lugar la nacionalización de Transredes en junio, de Andina en septiembre, y de Chaco a fin de año.

Como vemos, casi todo tenía que ejecutarse antes de la firma de los contratos pero resultó lo contrario. Primero se negoció con las empresas para después recién poner en marcha la nacionalización.

Quedaba pendiente la tarea estratégica más importante, refundar YPFB. La refundación de YPFB, si vamos a considerar sólo los aspectos formales de la constitución del organigrama, recién tiene lugar en marzo del 2008, pero si consideramos que debía constituirse una empresa productiva, capaz de remplazar a las trasnacionales, todavía no se ha logrado.

Esta sucesión cronológica muestra, sin lugar a dudas, que se dio prioridad a los contratos de las transnacionales relegando los intereses nacionales, es decir, las auditorias y las tareas que tenían que fortalecer al sector estatal de la actividad hidrocarburífera, básicamente YPFB y la nacionalización de las capitalizadas, por esto se retrasó el tratamiento de la escasez y la crisis de los ductos, entre otros.

Aún más, antes de firmar los contratos, el gobierno hizo el contrato de exportación de gas a la Argentina (26), ampliando los mercados para las transnacionales. Para Repsol, por ejemplo, implicaba que vendería más y a sí misma y fortalecería su rol en el cono sur del continente. Por eso no es cierto que éste contrato hubiera servido para “disciplinar a las petroleras”, como declaró el Vicepresidente García. Veremos más a fondo lo que pasó con los tres campos de disputa entre el Estado y las trasnacionales: los contratos, la nacionalización y la refundación de YPFB.

Los Contratos petroleros: los más ventajosos del mundo (27)

Aquí trataremos de contratos de operación, y para entenderlos, tomemos por ejemplo, un carpintero que es contratado para poner las ventanas a un edificio en construcción. Su pago va de acuerdo al valor de la mano de obra en el mercado laboral. Imagínese si al carpintero se le ocurriría, -por el solo hecho de poner las ventanas- exigir el derecho de decidir qué se hace con el edificio y su precio de venta; y poner el precio a sus ventanas de acuerdo a la venta del edificio; y también pedir una parte del edificio –digamos un 80%- en concesión por unos años, como estímulo para poner bien las ventanas. Imagínese si el dueño le diera esos derechos, el muy burro estaría cediendo parte de su propiedad con riesgo de perderlo todo, porque ese tipo de derechos daría al carpintero el derecho a ser co-propietario y comportarse como un socio, y no sería raro que después quiera adueñarse de todo.

Bien, los contratos con las trasnacionales parecen haber sido redactados por este dueño; pero es peor: las trasnacionales no prestan un servicio especializado, como el carpintero, ellas ejecutan prácticamente todo el proceso. Entonces no es extraño que esto les lleve a aspirar a todo el valor de los hidrocarburos, y no sólo a la retribución de sus servicios. Si agregamos que también recibieron en concesión por 30 años la mayor parte de las reservas, -aproximadamente el 80%-, no es raro que también se comporten como dueñas, pues les hemos dado los medios para hacerlo, quedando nosotros con las manos atadas, sin la posesión de la propiedad, sin control de la producción y sin posibilidad de remplazar a la transnacionales de inmediato.

Según García Linera el tipo de contratos que se firmó con las trasnacionales el 30-10-06, era “… un contrato de exploración y explotación con riesgos” y las empresas eran sólo de servicios (28).

En primer lugar, no eran contratos de exploración. En segundo lugar, el tipo de contrato que dice García no existe en la Ley, pero aunque los contratos en el papel se llaman “de operación”, la empresa no recibe un pago por sus servicios a secas, sino que a mayores ganancias por los hidrocarburos, reciben mayores retribuciones, es decir que participan de las ganancias como co-propietarias y por el método de cálculo de estas retribuciones, las empresas recibirán más en los buenos años de producción y el Estado tendrá que esperar los malos para recibir lo suyo. La clave son los “Costos Recuperables” en los contratos, costos que el Estado debe devolver a las empresas, lo que quiere decir que nunca pierden su inversión. Estos comprenden: costos de personal; servicios del titular y de terceros, costos de materiales, incluyendo gastos de todo tipo desde su origen hasta su llegada; materiales en malas condiciones y desechos según precio del mercado para desechos; todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes, excepto IDH, las regalías e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE); Servidumbres, indemnizaciones y compensaciones; diferencias de cambio; protección del medio ambiente y seguridad industrial; costos legales, excepto de arbitraje entre las partes; costos de administración y servicios; depreciación de activos fijos; cargos relacionados con la casa matriz del operador  (Anexo D; Clausula 4).

Estos costos recuperables son un incentivo al derroche y la ineficiencia; por ejemplo, los costos de protección al medio ambiente, que al correr a cuenta de YPFB (cosa que se pretende convertir en ley) incentivan a una actuación irresponsable de las trasnacionales en este campo. Los cargos relacionados con la casa matriz del operador son otro incentivo a que las empresas y su casa matriz hagan negociados oscuros entre ellas para obtener fondos de los “costos recuperables”.

Algo muy grave para los intereses nacionales es que los contratos establecen la devolución de la inversión acumulada que las empresas dicen haber realizado, y que las auditorías descubrieron que habían inflado; esto explica que existan interesados en que no se las tome en cuenta. También se hicieron las auditorias por cuenta de la Contraloría, pero de estas tampoco se dice una palabra.

Los costos recuperables: producción de hidrocarburos o producción de costos

El valor total de la producción de los hidrocarburos se divide en dos, de lo cual una mitad es totalmente para el Estado (IDH y regalías). De la otra mitad (o remanente) se devuelve a las empresas sus costos (hasta en un 60% de los remanentes) y del resto de esa mitad se parten utilidades entre YPFB y las empresas. Por esto se ha dicho que el Estado recibirá más del 50%. Pero veamos de más cerca. 

Para establecer la utilidad de cada parte, se procede al cálculo del índice b que marca el porcentaje de utilidad que corresponde a YPFB. El índice b es la resultante de las amortizaciones hechas a las inversiones de las empresas divididas entre el monto de inversiones que se les ha reconocido (aún sin auditoría); de tal manera que si el cociente obtenido es igual a 1 las inversiones han sido recuperadas por completo.

Los contratos establecen que las utilidades serán mayores y se adjudicarán con prioridad a las empresas en primera instancia para garantizar la recuperación de sus inversiones, llegándose incluso a establecer periodos en los que YPFB no obtiene utilidad alguna. Pero para que YPFB reciba porcentajes importantes de utilidad no basta con que la petrolera ya haya recuperado la inversión hecha, sino que es imprescindible que se cumplan dos factores simultáneamente: que la petrolera haya recuperado sus inversiones no una vez, sino dos, tres, cuatro o más veces (según cada contrato) y que los volúmenes de hidrocarburos producidos sean pequeños, vale decir que los campos estén en declinación por el agotamiento natural de sus reservas. Aun así para campos considerados pequeños (con poca producción) o marginales (con reservas en agotamiento) se establece la no aplicación de la tabla que define la utilidad de YPFB (anualmente se declaran los campos marginales) y en su defecto se distribuye la utilidad a la empresa pero además se le da un incentivo que en el caso de campos gasíferos es la asignación prioritaria de un mercado de exportación y en el caso de los campos petrolíferos  es un incentivo en dinero de unos $13,00 dólares por barril producido (29).

El número de veces que se permite a cada petrolera recuperar su inversión varía según sea el caso; si es con Petrobras, YPFB comienza a recibir utilidades sólo cuando aquella ha recuperado 2,65 veces su inversión, con Repsol-YPF cuando ha recuperado 3,20 veces su inversión; con Vintage, cuando ha recuperado 6 veces. A estos contratos, Manuel Morales Olivera, el encargado de negociar con las empresas, los llamó “Los Contratos más Ventajosos del Mundo”, inclusive pretendió que la fórmula de cálculo de los costos recuperables era tan original que debía protegerse su propiedad intelectual. (30)

En síntesis, este tipo de contrato, entre otras cosas, estimula a las empresas al derroche y a la ineficiencia, y además les reconoce inversiones que no hicieron. Por ello está claro que no había razón para entregarles nuestros recursos en vez de que YPFB los extrajera ella misma. Tampoco era una buena razón haberlo hecho para recibir la mitad del valor de los hidrocarburos si podíamos recibir todo, más aún cuando una buena parte de la otra mitad que recibe el Estado, retorna a las empresas extranjeras bajo la forma de amortización de inversiones, costos recuperables e incentivos para la producción. Pero tampoco nuestros objetivos se limitan a esto, el objetivo de la nacionalización es capturar todo el valor que se genera a lo largo de la cadena de industrialización (Ver: Ilustración 1). Estos contratos por tanto iban más en el interés de las empresas que en el interés nacional. Finalmente, haberles dado en concesión las reservas pese a que son empresas de servicio fue un atentado a la soberanía nacional.

¿Qué es lo más importante de la nacionalización?

¿Dónde está la nacionalización aparte de la declaración de que todo es nuestro? Para el gobierno, el punto esencial de la nacionalización era la comercialización; lo dijo el vicepresidente García Linera: “…tenemos control real del proceso de comercialización, que era la piedra de toque para garantizar el proceso de nacionalización (31); y el Ministro de Hidrocarburos: “…YPFB, como propietario, tiene el monopolio de cargar todo el hidrocarburo a los ductos, define los precios de exportación y las búsquedas de nuevos mercados. …, todo está nacionalizado.” (32) Vemos pues que la producción propia y autónoma, no era lo central de la nacionalización. Por eso, Carlos Miranda, tradicional vocero de las empresas coincidió con esto y dijo: “YPFB no necesita a corto plazo tratar de dotarse de una capacidad operativa, todo el trabajo de campo lo realizarán las compañías. Lo que sí debe dotarse es de personal de supervisión, sobre todo contable y administrativa”. (33) El 2009, el presidente de la CBH también declaró que la función de YPFB ha de limitarse al rol regulador y debe de alejarse de la parte operativa.

Pero ¿tiene YPFB realmente el control de la comercialización? La respuesta es no, porque los contratos obligan a que YPFB y la empresa coordinen en la negociación de contratos de comercialización y transporte. Aunque los contratos dicen que YPFB tendrá el poder decisorio, se le obliga a celebrar posteriormente un acuerdo de entrega de hidrocarburos del campo con la empresa, estableciendo el precio al cual los hidrocarburos serán valorizados de conformidad con los contratos de comercialización (Cl 7.2). De no llegar a un acuerdo, YPFB no contará con hidrocarburos referidos, y según la cláusula 7.3 la empresa podrá suspender su Plan de Desarrollo y Programas de Trabajo por esta causa. Así, resulta que YPFB, en vez de controlar y tener el poder decisorio del proceso de comercialización, se ha convertido en la encargada de ventas de las empresas.

Cuando se firman los contratos es muy importante asegurarse de cómo las empresas van a realizar sus actividades y también que entreguen la producción que deben. Para ello están los Planes de Desarrollo y los Acuerdos de Entrega de hidrocarburos tanto para el mercado interno como para la exportación. Pese a su importancia para la práctica, los dejaron para ser negociados después de la firma de los contratos. Los acuerdos de entrega se firmaron recién el 9 de mayo del 2009. Esto quiere decir que las empresas siguieron explotando nuestros yacimientos sin control. Parte del retraso se debe que el propio gobierno se retrasó en elaborar su reglamentación, dando lugar a esta falta que benefició a las empresas y perjudicó al país.

La nacionalización de las capitalizadas

El 2006, YPFB tenía 48,96% de participación en Chaco; 47,86% en Andina; y en Transredes 34%. En la CLHB y las refinerías no tenía nada. El objetivo del gobierno era la recuperación del 50%+1 de las acciones de las capitalizadas y tenía que lograr lo mismo en las otras dos, para crear una sociedad con las empresas. Esto se parece mucho a lo establecido en la Ley de Capitalización, en su artículo 2 de formación de empresas mixtas y en el 4 de la proporción de acciones que podía detentar la empresa privada.

Pero las cosas no salieron como quería el gobierno. En el caso de las refinerías, Petrobras, se negó a asociarse, y el gobierno tuvo que quedarse con todo; lo mismo ocurrió con la empresa de logística. Al parecer las transnacionales consensuaron esta línea, pero en el caso de Andina, Repsol aceptó quedarse y venderle a YPFB las acciones necesarias para que tuviera el 50%+1. Esto fue gracias a España. Por ello, Evo Morales agradeció a ese país y calificó a Repsol como "símbolo de empresa que dialoga y concerta".(34)

La negativa de las empresas, no quería decir que preferían irse del país con tal de no ser socias del gobierno; porque la parte que estaba siendo nacionalizada, prácticamente, eran las capitalizadas, que tenían sólo una parte del total de las reservas. El resto ya estaba en manos de las empresas gracias a los nuevos contratos. Su negativa les libraba de tener que ayudar con sus aportes de tecnología de punta, eficiencia y otros cuentos a que la nacionalización saliera adelante.

Para comprender esto es necesario ver una ilustración de reservas (ya vimos la de producción: Tabla 1). Las reservas de las capitalizadas en relación al total, se redujeron notablemente desde 1997 hasta el 2006. El 90% de las reservas de petróleo, y el 87% del gas estaban en manos de las trasnacionales, especialmente de Petrobras y Repsol.




Dada la importante reducción de las reservas de las capitalizadas (Chaco y Andina), está claro la poca importancia de las reservas que YPFB ha llegado a controlar con la nacionalización. Por ello esta nacionalización no afectaba mucho a las trasnacionales, de ahí se entiende que en las negociaciones de los contratos después de la aprobación de la nueva Ley de hidrocarburos se preocuparon más porque se respeten los coloniales Acuerdos de Protección de Inversiones (37) y que se reconozcan como legales los contratos privados que habían firmado con Goni sobre recursos públicos y la liberalización del mercado interno y, en general, la comercialización.

Además de pequeña, esta nacionalización, como advirtió Enrique Mariaca, no recuperó todo lo que YPFB había aportado a la conformación de las capitalizadas. YPFB no aportó en dinero sino en activos (instalaciones, etc.…) y reservas de hidrocarburos, que eran lo más valioso pero fueron transferidas a precio cero. Si la nacionalización verdaderamente recuperaba los hidrocarburos no había razón para que YPFB tuviera solo el 50%+1 de las acciones. Por tanto, recuperando sólo acciones y no el aporte efectivo de YPFB se consolidó el robo de nuestros recursos.

El problema ya vino desde el Referéndum del 2005. Por eso decía Mariaca que éste había sido una trampa; que debía bastar con una sola pregunta que no se hizo:

“¿Está usted de acuerdo en la recuperación del patrimonio de YPFB constituido por los activos y reservas de hidrocarburos enajenados por el proceso de capitalización así como los reservas de gas de los megacampos incluyendo sus equipos, plantas e instalaciones?”

Los costos de la nacionalización

En cuanto hace a los costos de la nacionalización, el caso de Transredes llevó a la revelación de que el gobierno ocultó información sobre el monto real y sobre las negociaciones en general. Se dijo que Transredes había costado sólo 250 millones de dólares. Pero el nuevo presidente de la empresa nacionalizada, Gildo Angulo, descubrió la existencia de deudas por más de 208 millones de dólares (38), que habían sido asumidas en secreto por el Estado.


Esta información había sido ocultada también para el directorio de YPFB. Fernando Vincenti, entonces director de YPFB por  parte del Ministerio de la Presidencia, dijo: “Los directores no sabíamos de este asunto…. En los informes que se nos presentó no constaban las irregularidades y, por el contrario, aparecía como una empresa saludable, sin pasivos, sin deudas”. (41)

Por otra parte, una investigación del senado concluyó que (42):
  • No existió proceso de valuación para determinar el pago justo a las empresas nacionalizadas.
  • Arbitraria e ilegalmente se eximió a Transredes de los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales y se los transfirió a YPFB;
  • A pesar de asumir pasivos y contingencias, el Estado mantuvo el precio de $us 48 por acción.
  • La utilización de fideicomisos no ha sido transparente e implica costos innecesarios.  El gobierno ha hecho arreglos con las petroleras fuera de toda fiscalización.
  • Existe daño económico al Estado y malversación de fondos.
Finalmente, el 19 de junio del 2009, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, reconoció que se asumieron deudas por impuestos y otros pasivos por $us 286 millones. (43)

Sumando todo, la nacionalización de Transredes habría costado 527.154.976 de dólares; más del doble de lo que se anunció oficialmente. Y el colmo fue que el Estado hubiera aceptado pagar por el derrame de petróleo en el Rio Desaguadero causado por esta empresa.  En cuanto hace al denunciante, fue despedido por Villegas.

El costo total de las nacionalizaciones habría sido aproximadamente de 903 millones de dólares. Para calcular los pagos a las empresas tendrían que haberse utilizado las auditorías, pero por segunda vez, se las despreció beneficiando nuevamente a las empresas.


Los pagos de la actual nacionalización los hizo YPFB de sus propios recursos (47) y a diferencia de las anteriores nacionalizaciones, se cancelaron en un corto tiempo facilitando a las empresas un importante flujo de dinero que pudieron invertir rápidamente en otros negocios. En las anteriores nacionalizaciones, en cambio, se acordaron planes de pago de largo plazo. Si se hubiera hecho eso ahora, YPFB no se habría quedado sin los fondos que necesitaba con tanta urgencia. Aquí también se puso en primer lugar el interés de las trasnacionales.

Pero ¿por qué tenía YPFB que pagar la nacionalización de sus propios recursos descapitalizándose? Como sabemos, la nacionalización era un objetivo nacional, no un capricho de YPFB, por eso no había razón para que el pago saliera de su caja, dejándola descapitalizada; tampoco los bonos. Pero, todo funcionó perfectamente para las trasnacionales; la ley 3058 chauchitó los ingresos del IDH y regalías, privando al país de contar con un solo fondo económico de gran magnitud que podría invertirse en proyectos de impacto nacional y de carácter estratégico, por ejemplo para el desarrollo integral del sector de hidrocarburos. Luego, con la compra de las capitalizadas a cuenta de YPFB, se terminó de liquidar el potencial económico estratégico del IDH para Bolivia. Sumémosle que los costos recuperables pueden dejar a YPFB sin un quinto de ganancias. Villegas se jactaba de que la nacionalización comprometa a YPFB y no al TGN; con razón el Banco Mundial pone a Bolivia como ejemplo internacional de manejo prudente de la economía. El Banco sabe lo que le conviene.

Habiendo adquirido la mayoría de las acciones, YPFB debería tener la administración y la mayoría de los directorios, pero el gobierno quería que una vez recuperadas Transredes, Chaco y Andina las trasnacionales siguieran administrándola.(48) En las refinerías la línea del gobierno era que Petrobras Bolivia Refinación (PBR) se hiciera cargo de un tercio de la participación (parte de la administración y las operaciones), y que mantuviera su imagen de marca. YPFB se haría cargo de la comercialización y de la administración.(49)

La negativa de las trasnacionales a asociarse hizo que Chaco y Transredes fueran compradas casi en un 100%, pero en Andina se conformó un cogobierno entre YPFB y Repsol. En el directorio, YPFB nombra cinco representantes y Repsol dos. En la administración YPFB nombra 10 gerentes y Repsol 7.

Las empresas recuperadas por el Estado se constituyeron como sociedad anónima mixta –SAM. Las refinerías por ejemplo, mantienen una acción del sector privado. Está claro que esta acción no implica ningún beneficio para el Estado ni en tecnología, ni en capital, ni nada. La única diferencia que hace esta mínima cantidad de acciones es darles a las empresas el carácter de sociedad anónima y esto la aleja del campo estatal y las sitúa en el campo del derecho privado, regido por el código de comercio. Quiere decir que ésta es la razón de su presencia en la empresa. Entonces ¿Cuál es el interés del gobierno de mantener la propiedad del Estado en el régimen privado? 

Próxima:

Parte III: La refundación de YPFB: “Una empresa atractiva para las trasnacionales”


NOTAS:

 21.- Ministro: Las auditorías a las petroleras extranjeras ya son “cosas del pasado”. http://plataformaenergetica.org/content/2680. 10/02/11
  22.- Congreso aprobó los Contratos de Operación. El Diario, 19/04/2007
  23.- http://www.ypfb.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=66
  24.- http://www.ypfbtransporte.com/publicos/Paginas%20Wiki/Accionistas.aspx
 25.- YPFB: 364.800 acciones y NAFIBO, sociedad de titularización SA: 1. YPFB-Petroandina: 1 (http://www.ypfbrefinacion.com.bo/Informaci%C3%B3nInstitucional/PerfildelaOrganizaci%C3%B3n.aspx)
  26.- Asignan $us 10 millones para incentivar campos marginales, para garantizar la provisión al mercado interno. El Diario, 2006-11-09
  27.- Manuel Morales Olivera, Presidente de YPFB
  28.- El año de la industrialización será el 2007. Pablo Ortiz. La Prensa, octubre 30, 2006.
  29.- Jiménez, G., 2011 CEDIB
  30.- Yacimientos convierte en secreto la fórmula del ingreso del gas. La Razón, marzo 22, 2007
  31.- Pablo Ortiz. Op. cit.
  32.- Sáquense la idea de que YPFB operará sola en la cadena. La Prensa, abril 29, 2007.
  33.- YPFB y los contratos petroleros. La Razón, noviembre 09, 2006
  34.- Los Tiempos, 2008
  35.- Enrique Mariaca Bilbao, Coordinador de auditorías a empresas petroleras. Informe final, Unidad de Fiscalización, Seguimiento y Control. Auditorías realizadas a las empresas petroleras (julio 2006 – marzo 2007) La Paz, abril 2007
  36.- Enrique Mariaca Bilbao, Op. Cit.
  37.- Para más información, ver Petropress N° 22, septiembre, 2010
  38.- Angulo acusa a Villegas de YPFB por sobreprecios pagados por Transredes. La Razón, 15-06-2009
  39.- http://www.execlub.net/?author=1 Jun.15, 2009
  40.- Gildo Angulo Cabrera: «Ocultaron una deuda con el SIN» Gonzalo López Rodríguez. eldeber.com.bo/2009/2009-06-12
  41.- http://www.execlub.net/?author=1 Jun.15, 2009
  42.- Pagos por la nacionalización: el caso Transredes. Oscar Ortiz Antelo. H. Senado Nacional, mayo 2009
  43.- La nacionalización ya costó $us 476 millones al Estado. La Razón, 17 de noviembre, 2010.
  44.- ¿Cuánto se pagó? El precio de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia desata polémica. Reporteenergia.com, 30 de Junio, 2009.
  45.- Op, cit.
  46.- Op, cit.
  47.- YPFB asumió el monto. YPFB paga 16,44 millones por nacionalización de CLHB. Los tiempos, 23/12/2010
  48.- YPFB delega a petroleras la gestión de capitalizadas El Diario, 29-04-2008
  49.- El Gobierno mantiene su posición de recuperar las refinerías de Petrobrass. El Deber, 26-04-2007.

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