(Parte III final) LA TERCERA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA

La industrialización del gas y la refundación de YPFB en 5 meses (Pablo Villegas N)

La refundación de YPFB: “Una empresa atractiva para las trasnacionales”

La recuperación de las acciones de las AFPS se llamó “refundación” en el artículo 6°, ley 3058, pero naturalmente no se limita a eso. YPFB debía ser el instrumento del país para tomar el control del sector hidrocarburos. Parte de esto era, como decía el DS 28701, que las empresas entreguen su producción desde el primer día de vigencia del mismo, pero YPFB no estaba en condiciones de recibir estos hidrocarburos; todavía tenía dos meses para refundarse.



Aclararemos que por “recepción” se entendía solamente que en un determinado punto de control YPFB iba a medir cuánto de sus hidrocarburos pasaba y de qué tipo y calidad eran; para esto YPFB debía tener capacidad de fiscalización pero ésta no se implementó en dos meses y dos años después de la nacionalización seguía en las mismas (51).

Pareciera que se dio a YPFB solo dos meses. En realidad la refundación se había dispuesto en la Ley 3058, hacía ya un año. Y cuando se lanzó el DS 28701, el gobierno ya llevaba 5 meses en el poder.
El gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, anterior al de Morales, había promulgado el DS 28224 ordenando al Ministerio de Hacienda dar recursos para que:

La Contraloría haga auditorías en las áreas financiera, operativa, jurídica y técnica a las empresas petroleras emergentes de la capitalización, contratos de Riesgo Compartido y privatización (Art. 2);

YPFB: 
  • participe de todas las actividades señaladas por ley 3058 (Art. 3); e, 
  • instale y haga funcionar del Centro Nacional de Medición y Control de Producción y Transporte, que fiscalice la producción, adecuación, transporte y comercialización de hidrocarburos, dependiente de YPFB 
  • ejecute y optimice la fiscalización de la producción de hidrocarburos, considerando los factores de volumen y calidad (Art. 5); y, que 
El Servicio de Impuestos Nacionales cobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos Art. 6).-

Se dirá que no había fondos para cumplir este decreto, pero no es cierto. En la presidencia de Rodríguez había la posibilidad de un crédito europeo blando de 4.000 millones de dólares para el desarrollo social boliviano, de libre disponibilidad y con una fracción a costo perdido, como indicó Enrique Mariaca al ministro de hidrocarburos de aquel gobierno. En síntesis, no había bases para que el cumplimiento atrasado de la Ley que ordenaba la refundación de YPFB se presente casi como un acto de heroísmo.

El gobierno actual contaba con el apoyo de Venezuela que hasta el año 2008 fue nuestro principal acreedor bilateral. El problema es que se dio prioridad a otras cosas, por ejemplo, el destinado a la construcción del camino Villa Tunari – San Ignacio, un camino que es parte de la IIRSA, y servirá para el tránsito de las exportaciones de Brasil por nuestro territorio.

La refundación o reestructuración de YPFB debía concluirse en junio, 2006, pero ya en agosto, se postergó. Nuevamente se posterga en octubre hasta marzo del 2007 (52); “el año de la industrialización del gas” según García. Al momento de postergar, Evo Morales, en una concentración, promete refundar en 5 meses e industrializar, diciendo él mismo: “aunque parece imposible”.

Comenzando el 2007, la discusión en el gobierno sobre la refundación se hallaba en un nivel muy elemental. En una serie de talleres a principios de ese año, orientados más que todo a la fiscalización de los contratos -no hacia la producción-, el gobierno había descubierto, como gran cosa, un marco jurídico contradictorio sobre las competencias de YPFB (53). Estos talleres que tenían que ver con la refundación, se realizaban bajo la asesoría de Holanda, Canadá, Noruega conseguida por el propio Evo Morales en un viaje de diciembre 2006. El gobierno había solicitado además la ayuda de Holanda, Noruega, Canadá y Rusia para la fiscalización de los contratos. La Estrategia Boliviana de Hidrocarburos 2008 de YPFB fue financiada por Canadá. Mientras tanto, la prensa vociferaba que era Chávez el que controlaba YPFB. También se habló de la elaboración de una nueva ley para la Corporación YPFB. En octubre, 2006, sería considerada por el gobierno y el legislativo (54) pero se postergó, y tras una larga serie de postergaciones y promesas, larga de relatar, lo que finalmente se produjo fue  la “Ley de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos” el 31-08-07. Esta ley no tenía nada relativo a la refundación de YPFB. Lo novedoso era un artículo que anulaba el surtax, otro impuesto a las empresas.

La corporativización de YPFB y el caso Ramírez


La refundación de YPFB se hizo finalmente por decreto; y se consolidó como corporación. Normalmente la corporación implica un cierto grado de concentración, pero para YPFB implicó un proceso de desconcentración. La 3058 ya se hizo cargo de desperdigar las oficinas de YPFB por diferentes partes del país. Nunca se explicó al pueblo qué era lo bueno con esto. Según el gobierno, se estaba haciendo como en Venezuela. Pero Venezuela está saliendo de la crisis a la cual le llevó PDVSA, que como corporación se había vuelto incontrolable para el gobierno y cayó bajo el control de las trasnacionales. PDVSA se convirtió prácticamente en un disfraz de las transnacionales. Venezuela, especialmente a partir del golpe de estado patrocinado por esa PDVSA corporativa el 2002, está saliendo de esa situación. Bolivia, en cambio se está hundiendo intencionalmente en ella.

YPFB se refunda en marzo, 2008 y, a fines de dicho año se descubre el caso Catler-Uniservice (55) que era parte de una gran corrupción implantada por el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, hasta entonces, el segundo hombre del MAS.

Desde el punto de vista de los aspectos políticos, este caso fue muy revelador. Ramírez y su banda estaban creando subsidiarias de YPFB, que como sociedades anónimas mixtas (SAM)  resultarían buenas para encubrir la corrupción. (56) Cuando la prensa quiso interrogar a Ashimine presidente de SIPSA y cómplice de Ramírez, éste se refugió en que era una empresa privada y que por tanto no estaba obligado a darles información.

Por otra parte, los miembros de la banda de Ramírez eran antiguos funcionarios del gobierno y habían estado cambiando de cargo en cargo sin salir del sector público. Varios de esos cambios eran incompatibles entre sí, por ejemplo, Aruquipa dejó la presidencia de YPFB para tomar la Superintendencia de Hidrocarburos, desde donde debía fiscalizar la gestión que él mismo había hecho en YPFB. Lo peor es que fue el propio gobierno el que lo nombró a pesar de la incompatibilidad mencionada y que había sido acusado por el Directorio de YPFB ante el ministro Villegas de no respetar al Directorio y asumir medidas inconsultas. (57)

No es pues raro que Aruquipa integrara la banda de Ramírez. Este manejo de los cargos públicos era común. Villegas que era Ministro de Hidrocarburos cuando se descubre a Ramírez, es nombrado Presidente de YPFB, pese a que habiendo sido ministro del sector tenía responsabilidad sobre YPFB y debía ser investigado antes de asumir su presidencia. Juan Bautista Condori, también de la banda, era vicepresidente del Directorio de Chaco y al mismo tiempo era presidente ejecutivo de YPFB-Transportes, donde fue posesionado para sacar a Daher que estuvo apenas 4 meses en el cargo. Ambos fueron posesionados por Santos Ramírez. Esto fue anunciado por la prensa pero Bautista fue despedido sólo cuando se descubrió a Ramírez.

Ramírez y compañía estuvieron en cargos jerárquicos del parlamento desde antes del gobierno Morales y en el gobierno desde sus inicios. Mientras estuvieron en estos puestos tuvo lugar la elaboración de la Ley 3058 con Ramírez como presidente de la Comisión de Congreso que elaboró dicha Ley, también se dieron las negociaciones con las trasnacionales (nuevos contratos, pago por sus acciones, etc…), el contrabando de combustibles de lo cual no quedan detenidos ni acusados, y hoy es el pretexto del gasolinazo. ¿Cuál fue el rol que jugaron en todo ello? Si actuaron sirviendo a las trasnacionales era difícil descubrirlos porque la política de brazo torcido que siguió el gobierno y el MAS permitía camuflar desvíos (o los convertía en méritos) que en otra situación habrían despertado sospechas.

El caso Ramírez tiene rasgos en común con los casos más grandes de corrupción ocurridos en el gobierno de Morales. Estos se dieron en el campo del abastecimiento del mercado interior, donde las trasnacionales son la parte fuerte y YPFB la débil y dependiente de la producción de las mismas. Debido al tipo de nacionalización aplicado por el gobierno, la corrupción se dio en la peligrosa y prolongada exposición a que ésta obligaba a numerosos funcionarios de gobierno a la perniciosa influencia de las trasnacionales. No es raro que en la corrupción de Ramírez hubieran implicados empresarios y gente de la derecha. En estas condiciones creadas por la propia estrategia del gobierno, a la CIA –que naturalmente tiene que estar infiltrada, como los servicios de otros estados con intereses en Bolivia- le bastaba dejar que la naturaleza humana siguiera su curso natural. Esto se agravó con la política gubernamental de encubrir a los “hermanos” que eran denunciados y despedir de sus cargos a los denunciantes. Para entender mejor el asunto veamos los principales casos de corrupción durante el gobierno del MAS.

El caso Alvarado


Jorge Alvarado, presidente de YPFB entre el 25 de enero al 29 de agosto del 2006, fue denunciado por firmar el 8 de junio de 2006, un contrato con la empresa Iberoamérica que exportaría petróleo crudo e importaría diesel con la justificación de abastecer el mercado interno.

El 22, la Superintendencia de Hidrocarburos negó el permiso de exportación a Iberoamérica y denunció el contrato por violar el DS 28701 que designa a YPFB como única comercializadora, lo cual, como vimos, era para el gobierno la piedra de toque de la nacionalización. Además había una serie de irregularidades. El contrato fijaba el precio de exportación del crudo a $us 59,70 el barril, cuando el precio internacional era de $us 74, generando un daño económico al Estado de más de 38 millones de dólares. Alvarado había firmado el contrato el 8 de junio y Evo Morales había firmado un decreto (DS 28797) autorizando el negocio recién el 14 de julio.(58)

El Ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría hallaron indicios de responsabilidad administrativa por la violación del decreto 28701. (59) La auditoría del Ministerio mostró que el abogado de YPFB no participó de la firma del contrato y que la empresa fue elegida sin la debida licitación. Las declaraciones del superintendente de hidrocarburos, Sainz ante la fiscalía dieron serios indicios de un compromiso activo con el contrato desde el nivel más alto del gobierno, hasta el personal subalterno de YPFB, asesores de por medio (60). Consta en la prensa, por lo demás, que el Presidente Morales y el Vicepresidente, entre otros, se parcializaron con Alvarado descartando sin más, las auditorias que lo incriminaban (61).

El caso fue cerrado por el Ministerio Público aduciendo: “El contrato no ha nacido a la vida de derecho”, ya que una de sus cláusulas establecía que debía ser revisado por la Superintendencia, y ésta, a decir del Ministerio: “… al haber hecho esa revisión ha paralizado (cualquier acción) por lo tanto no se ha consumado, no existe ningún daño” (62).

Pero no había duda de que el contrato fue firmado y patrocinado por Alvarado a la cabeza; que el precio del petróleo al cual se exportaría era muy bajo; que esto violaba el decreto de nacionalización; que se elaboró sin respetar el debido proceso administrativo.

Pese al respaldo público oficial para Alvarado, el escándalo obligó a Evo Morales a aceptar su renuncia. No obstante, lo posesionó como encargado de negocios en la embajada de Bolivia en Venezuela; en cambio, el Superintendente y sus subalternos, que según el Ministerio Público impidieron que el contrato se consumara, fueron despedidos. A esto le siguió otra crisis.

El 23 de agosto, 2006, el Senado censuró al Ministro de Hidrocarburos, Solís Rada por no haber tomado las decisiones correspondientes al contrato en cuestión (63) lo que provocó su renuncia. Fue ratificado por el gobierno, pero no se quedaría mucho tiempo.(64) En septiembre, volvió a renunciar después de haber emitido una resolución que entregaba a YPFB el control de la comercialización de hidrocarburos, en aplicación del DS 28701. La resolución dejaba a Petrobras fuera de la comercialización de los refinados. ¿Por qué renunció si sólo estaba aplicando el decreto de nacionalización?.

Solís Rada: “Renuncié al Ministerio debido a que el Vicepresidente, Álvaro García Linera, se comprometió telefónicamente con el asesor del presidente de Brasil, Lula da Silva; con su asesor Marco Aurelio García, y sin consultar con mi persona, a dejar en suspenso una resolución ministerial que había emitido el despacho a mi cargo, …”.(65)

La aplicación del DS 28701 se había vuelto incómoda y sus defensores terminaban mal. La salida de Solís allanaba las negociaciones con las petroleras, especialmente con Petrobras. (66) Esto era una mala señal del rol que Brasil estaba adquiriendo no sólo en la política de hidrocarburos sino en la política energética nacional. Lo veremos más adelante.

Los petrocontratos


Los contratos con las trasnacionales se firmaron el 29 de octubre, 2006. Evo Morales los entregó al Congreso el 6 de noviembre; en sus palabras: “para legalizar los acuerdos que permitan —desde el próximo año— un ingreso de 1. 300 millones de dólares, con la promesa de que, en dos o tres años, este monto se incremente hasta los 4. 000 millones de dólares por año”. (67) (Cuatro años después, el 2010 fueron sólo 1.688 millones de dólares). En menos de un mes, el 3 de diciembre, sus 30.000 páginas fueron aprobadas sin cambios, por las comisiones de Congreso, y por senadores y diputados. Pero su trámite de protocolización fue detenido en la Prefectura debido a errores elementales, como que los nombres de las empresas estaban mal escritos.

Retornaron al Congreso y ahí, se descubrieron otros errores, pero de contenido, y que los contratos firmados por las empresas eran diferentes a los enviados al Congreso; y que el Directorio de YPFB conoció los contratos dos semanas después de firmados (68). El Ministro de hidrocarburos denunció por su parte, que no le informaron de la negociación de los contratos (69). Quedó claro que los congresistas aprobaron los contratos sin leerlos. El escándalo empantanó los contratos por medio año en el Congreso.

Por las investigaciones correspondientes del Senado, el Ministerio Público imputó a los ex presidentes de YPFB, Juan Carlos Ortiz y Manuel Morales Olivera por incumplimiento de deberes. Fueron acusados de suplantación y destrucción de documentos relacionados a los anexos “D” de los contratos de los campos San Antonio, San Alberto y Río Hondo en los contratos con Petrobras (70).

El 23 de marzo, Evo Morales destituyó a Manuel Morales cuando éste admitió en el parlamento que como asesor de YPFB tomó decisiones arbitrarias y no sólo acordó verbalmente un Anexo D “flexible” con Petrobras, Total y Andina, horas antes del fin del plazo de negociación, sino también con otras compañías que no especificó (71). A ello se sumó la publicación de fotos del funcionario con algunos de sus colaboradores en las playas de La Habana (Cuba), adonde habrían ido a pasar un curso de especialización petrolera. (72)

A pesar de todo, el 10 de enero, 2008, el Presidente Morales lo designó su representante ante el Tratado de Comercio de los Pueblos y la Alternativa Bolivariana de las Américas (TCP- Alba). A esta altura, hacían ya 8 meses que las auditorías habían sido entregadas en vano al gobierno, revelando numerosas irregularidades cometidas por las trasnacionales. Como se ve, estos casos de corrupción y las crisis derivadas eran consecuencia de la política de gobierno, pero estos casos también contribuyeron a moldear esa política.

Volviendo al caso Ramírez, este significó el final de las esperanzas o planes de industrialización. Aunque la separadora de gas no puede considerarse como industria, era finalmente lo mínimo que el pueblo había reclamado por más de una década; que se separara el gas rico del gas que se exportaba a Brasil.

Significó también el final de la esperanza de que YPFB fuera una empresa competitiva y no subalterna. Nos referimos al primer taladro de YPFB en más de 10 años. Este llega el 30 de julio desde Venezuela. En la ceremonia correspondiente, el Vicepresidente de PDVSA, Eulogio de Pino dijo: “Este taladro nuevo, sin uso, está puesto como un capital de trabajo para una empresa que constituimos juntos”, se refería a Petroandina que se fundó el año 2007.  En el mismo acto y contradiciendo a Pino, el Presidente de YPFB, Ramírez dijo que el equipo sería operado por Petro-Servicios, una nueva empresa. En realidad se llamó SIPSA, una subsidiaria fantasma que ocasionó un gran daño económico al Estado. Esta empresa alquiló el taladro, que PDVSA entregó para Petroandina, a YPFB-Andina SA, donde Repsol es socia de YPFB. YPFB Corporación hacía negocios consigo misma y con las trasnacionales incrustadas.

Evo Morales había anunciado que el taladro era uno de cinco planeados para YPFB. Ramírez habló sólo de cuatro, el de 3.000 HP que ya había llegado para perforación profunda, “arriba de 5.000 metros”, el de 1.000 HP para perforaciones de 4.000 a 4.500 metros y el de 550 HP para trabajos menores. Se preveía su compra hasta inicios del 2009. Con ello se esperaba perforar “entre 15, 20 y 30 pozos por gestión”, según Ramírez (nótese la imprecisión con que se expresaba: “entre 15 y 30 pozos”). Esto era parte del Plan Nacional de Perforaciones que demandaría la inversión de 80 a 100 millones de dólares, el 2008, y de 600 millones de dólares el 2009 (73). Pero con este primer taladro se acabó la historia.

Aparentemente se pretendió reactivar el asunto, cuando el 23 de enero, 2009, el Presidente Morales inauguró la perforación en el Campo Víbora, pero eran vísperas del referéndum de la nueva Constitución Política del Estado. Esto recordaba a la firma del contrato con Catler-Uniservice cuando estaba cerca el referéndum revocatorio. Finalmente, el taladro inició actividades el 4 de octubre del 2009, más de un año después de llegar a Bolivia. (74) Con esto se iniciaba “... la década de oro de la industrialización en Bolivia”, (75) según dijo García Linera en la ceremonia correspondiente.


Y así llegamos al gasolinazo de diciembre del 2010; días después de éste, el 9 de enero, 2011, el presidente de YPFB, Carlos Villegas anuncia nuevamente otro “plan agresivo”, un nuevo Plan Nacional de Exploración (2010-2020) y habló de la compra de 14 equipos de perforación. (77) El 7 de enero, había dicho: “YPFB va a volver a la exploración” y, que se estaban comprando tres perforadoras. (78) Pero, en junio del 2010, ya prometió cuatro equipos de 3.000, 2.000, 1.500 y 750 caballos de fuerza y dijo “En el transcurso del segundo semestre de este año (2010) ponemos en marcha un programa agresivo de exploración,…”. (79) En fin, terminando el 2010 ya tendríamos también que haber estado produciendo baterías de litio.

Otra vez cáncer.  Vuelven las capitalizadoras


El caso Ramírez tuvo enormes implicaciones favorables para las trasnacionales y para todos los que estaban contra la industrialización, la instalación de separadoras de gas y que YPFB volviera a ser una empresa operadora. Después del descubrimiento de Ramírez el nuevo Presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció que los que habían capitalizado YPFB en los 90, el Banco Mundial y el BID, -cosa que costó centenas de muertos, heridos y lisiados al pueblo boliviano detener-, habían vuelto para ayudarnos a reestructurar YPFB. Aquí se cerró el ciclo. Junto a esto se volvieron a abrir los canales de la deuda externa.

En septiembre, 2009, se aprobó un crédito de 20.000 millones, para el país, la mitad es del Banco Mundial. El Banco Central que había negado un préstamo a YPFB el 2006, le aprobó un crédito de mil millones de dólares. Estos préstamos se destacaron por su monto, pero también porque se desconocía su destino. El contrato de YPFB con el Banco Central dice que se lo conocería recién para el primer desembolso. Era obvio que el Banco Mundial y el BID habían limado de alguna manera sus asperezas con el gobierno. Interesantemente, esta lluvia de dinero coincidió con el derrumbe de la extrema derecha que parecía ser que recibió así una dura lección de capitalismo: negocios son negocios.

Llegando a la fecha actual, el crédito de mil millones de dólares del Banco Central, se redujo a 700, no porque se hubiera invertido, sino porque YPFB pasó 300 millones a la Empresa Boliviana de Industrialización. El crédito con el BC fue suscrito en septiembre del 2009, pero recién el 7 de octubre de 2010 tuvo lugar el primer desembolso de 5 millones de dólares (0,7% del total) para los estudios del proyecto de separación de licuables Gran Chaco (80). Este desinterés para invertir aquel dinero que ha dormido más de un año, pese a las urgentes necesidades del país, muestra otra vez que hay otros intereses más importantes que los nacionales.

¿Qué quieren las trasnacionales?


Hemos visto que detrás de los eventos de política hidrocarburífera nacional, siempre aparecen los intereses de las trasnacionales. Conviene entonces ir más allá de los contradictorios y engañosos discursos de los políticos para entender hacia dónde nos están llevando. Por cuestión de espacio, hacemos sólo una síntesis de los puntos más importantes que las empresas y sus adláteres han venido manifestando estos años.
Lo que quieren las trasnacionales que haga el gobierno es:

·    Que de preponderancia a la producción de materia prima para la exportación; · Que no industrialice; 
· Que YPFB sea una empresa fuera del control del Estado, constituida por acciones, donde las trasnacionales participen como accionistas y tomen el control y que estén protegidas por una ley especial “que proteja a las minorías”; 
· Que bajen o se eliminen los impuestos y regalías, y en cambio que se les de incentivos. Naturalmente no pueden decirlo directamente sino argumentando los riesgos del sector, la falta de incentivos, la inseguridad jurídica, etc.; 
· Que elimine las subvenciones, y que liberalice el mercado interno; 
· Que cree una entidad aparte de YPFB, que le despoje de sus funciones relacionadas con el ejercicio de la propiedad de los hidrocarburos y su administración. Este interés es viejo, y se debe a que cualquier empresa petrolera estatal, es o puede ser una competidora. El hecho de que también tenga atribuciones sobre el patrimonio nacional y la otorgación de derechos al mismo tiempo que es, o puede ser, productora, la convierte en una competencia muy dura y hace que la vean como juez y parte. Desde el punto de vista nacional, sin embargo, esas dos funciones son una garantía para la protección del patrimonio nacional frente a las trasnacionales, pero no son de juez y parte sino atribuciones normales de cualquier propietario sobre su patrimonio. Por tanto, la pretensión de las trasnacionales de fragmentar estas atribuciones en instituciones y regímenes separados es una estrategia orientada a fragmentar la capacidad del Estado de mantener su propiedad.

Estas demandas coinciden plenamente con los lineamientos de las más altas cúpulas del imperialismo, Banco Mundial, BID, Gobierno de los EE.UU. y organismos paraestatales de ese país, como el Concejo de Relaciones Exteriores: si no se puede eliminar el sector estatal hay que hacer un empresa que no funcione de acuerdo a intereses nacionales sino como cualquier empresa comercial privada; que extraiga y exporte los hidrocarburos al máximo; que no subvencione, entre otras cosas porque esto incentiva el consumo de energía en el mercado interno afectando los mercados internacionales; que sea independiente del Estado; que sea corporativa, es decir desintegrada, así como también el régimen legal del sector hidrocarburos. Esto es, como dijo Quintana: “una empresa atractiva para las trasnacionales.” (81)

La escasez estratégica empresarial


El momento a partir del cual los intereses de las trasnacionales son puestos en peligro es octubre 2003, cuando se hace inminente la nacionalización. Entonces las trasnacionales ponen en práctica una serie de medidas para frenarla. Una de estas fue el Anillo Energético que trataba de cercar a Bolivia abasteciéndose del gas de Camisea, Perú, hasta que Bolivia entre en razón y acepte vender sus hidrocarburos en las condiciones que le impongan. El Anillo, al abarcar la red de ductos del cono sur, que gracias al neoliberalismo, cayó en manos de las trasnacionales, mostraba la real magnitud del negocio que Octubre del 2003 había echado a perder; por ello el problema boliviano y la recuperación de los yacimientos de hidrocarburos y su comercialización de las manos de las trasnacionales es un problema de todo el Cono Sur y por ende latinoamericano.

Camisea no resultó ser lo rico que esperaban, y esto, más alguna que otra oposición en el Perú y otros países dio fin con el proyecto y salvó no sólo a Bolivia sino a la región de una peligrosa aventura geopolítica.

Después de octubre 2003, ante la amenaza de nacionalización, las trasnacionales disminuyeron de manera sustancial sus inversiones de casi dólares 1.000 millones anuales en los años 1997-2000 a menos de dólares 300 millones anuales.” (82) Aparte de la inseguridad jurídica adujeron que esto se debía a los subsidios que hacían que la rentabilidad del mercado interno fuera, según decían, cada vez más marginal. Un comunicado de la CBH, del 2005, pedía que el precio del GLP se nivelara al precio internacional; en vez de 0,3 dólares por kg, que fuera un dólar por kg. (83) Exigían por tanto que los precios se nivelaran o liberalizaran a los precios internacionales.

Demandas de este tipo han sido constantes y respaldadas por los supraestados del neoliberalismo. El 2007 por ejemplo, el Banco Mundial, que ahora su representante en Bolivia llama “cooperativa”, (ya no banco), sugirió al gobierno poner freno a los subsidios, sincerar los precios internos. Para esta “cooperativa” los subsidios "obstaculizan el desarrollo" de la demanda de gas natural doméstico y "contribuyen al déficit fiscal y fomentan el contrabando hacia países vecinos…".  Ese planteamiento fue respaldado por el ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Juan Antonio Morales, para quien levantar el congelamiento de precios era uno de los retos del Poder Ejecutivo. (84) 

La consecuencia obvia de las demandas de las trasnacionales y sus portavoces es la escasez. A esto se sumó que sólo se habían preocupado de exportar y descuidaron los ductos del mercado interno. Así es que ya en septiembre y octubre del 2005 el GAA colapsó afectando el suministro de electricidad en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Sucre y Potosí y el suministro de gas a la industria de La Paz, Cochabamba y Tarija (85); varias industrias tuvieron que suspender sus actividades (86). El resto es conocido como la imagen constante de mujeres cargando garrafas, en busca de gas.

Todo esto quiere decir que ésta fue una guerra declarada y en estas condiciones, hablar de incentivos a las trasnacionales y de “guerra al contrabando”, era faltar al precepto constitucional boliviano “ama llulla”, no mentirás. Lo que cabía era revertir las concesiones y pasarlas a YPFB; por lo menos eso. Lo que se hizo, en cambio, fue como darle empleo a alguien que no quiere trabajar y que además quiere ser dueño.

Aparte de seguridad jurídica y de ganancias para las trasnacionales hay una tercera razón no declarada que mueve a las transnacionales y es la más poderosa. Quien puede provocar escasez de combustible en un país puede imponerle sus caprichos, porque ningún país sobrevive sin combustibles. Esto no es novedad, por eso siempre los nacionalizadores, en especial desde el Gral. Mosconi, en la Argentina, han tomado como una cuestión de carácter estratégico, importante como la vida, el autoabastecimiento del mercado interno; las trasnacionales naturalmente han luchado contra esto.

Para ellas, la extracción de hidrocarburos no está de ninguna manera atada al abastecimiento del mercado interior con esos mismos hidrocarburos. Si es más rentable importarlos, se los importa, sino, no. Y para elegir entre importarlos o no, según convenga económicamente, y también políticamente, demandan libertad total de comercio. La eliminación de las subvenciones es sólo parte de este objetivo.

Tratándose de un pequeño mercado como el de Bolivia que es superado casi por cualquier otro mercado regional, los beneficios económicos de controlarlo, son poca cosa para las trasnacionales, comparados con el poder que adquieren sobre Bolivia como yacimiento de hidrocarburos y sobre los países de la región como un mercado importante. Quiere decir que el bienestar de los bolivianos importa muy poco. Lo único que podría provocar la compasión de las trasnacionales con Bolivia es un buen mercado interno, pero no existe, por eso pueden llevar la situación -históricamente, lo han hecho- a situaciones extremas: Bolivia es “sacrificable”, así lo demostró el movimiento separatista reciente. Esas son las reglas del juego y solo gente sin corazón puede tratar de ocultar a qué habíamos estado jugando.

A lado de la escasez estratégica las trasnacionales ejecutaron acciones en el campo político; a la Agenda de Octubre lograron oponerle su propia “Agenda de Junio”, el 2004. Y así, intervienen por una parte en el campo legislativo; (referéndum, ley 3058, la Constitución).

En el Congreso logran la aprobación de la Ley de Hidrocarburos 3058, elaborada por la Comisión de Hidrocarburos  de la Cámara de Diputados dirigida por el Lic. Santos Ramírez, que como dijo Enrique Mariaca, era una “…ley de esencia neoliberal porque no restablece los principios originales de la Ley General de Hidrocarburos de 1972, en cuanto a que YPFB es la única empresa autorizada para operar en transporte, ductos, refinación e industrialización, comercialización y distribución al por mayor y tan solo permitía la participación privada en exploración, producción y en el servicios de surtidores al igual que YPFB” no se atiene a la declaración  de Tribunal Constitucional en sentido de que los 76 contratos petroleros de Riesgo Compartido no fueron aprobados por el Congreso Nacional, artículo  constitucional 59.5, requisito indispensable, por lo que esos contratos son nulos de pleno derecho e inexistentes jurídicamente, todo lo cual justifica el proceso de nacionalización de los hidrocarburos.

Por otra parte ejecutan una conspiración separatista que casi nos lleva a una guerra interna y de desintegración que habría tenido serias consecuencias regionales porque habría hecho eje con Colombia. El móvil de estas acciones fue las demandas que ya hemos sintetizado arriba y que han jugado un rol central en la conformación de la política hidrocarburífera del gobierno. Pero veamos la cuestión de la política energética.

Esta política en gran parte se conforma en torno al caso de las represas del Rio Madera (87); caso que además de mostrar la falsedad del medioambientalismo oficialista, muestra cómo en vez de representar los intereses nacionales, el gobierno fue abriendo camino a Brasil para imponer sobre Bolivia su modelo de desarrollo basado en la producción de energía y la construcción de la IIRSA para facilitar la explotación y exportación de los recursos naturales. Esto implica para Bolivia, la producción de energía, no sólo de hidrocarburos (que sobre todo es para Brasil), sino también hidroelectricidad (que también es para Brasil), y de agrocombustibles. Respecto al litio Brasil ya viene realizando francos intentos para penetrar también ese negocio y más. En abril, 2010, una delegación de ese país visitó el Palacio con propuestas de explotación e industrialización de los salares bolivianos y obtención de concesiones, un polo petroquímico, electrificación, la construcción de vías de transporte, exploración de áreas petroleras, etc. (88)

En cuanto a IIRSA la política energética del gobierno, siguiendo el modelo brasilero, implica la construcción de corredores para el tránsito de las trasnacionales asentadas en Brasil y Chile. Todo esto, en el espíritu más ortodoxo del neoliberalismo, con vistas a someter los intereses nacionales a los del mercado internacional, tal como predica la política de integración energética elaborada por el BID para la IIRSA y las reforma neoliberales en general. Basta ver que los planes de hidroeléctricas de Cachuela Esperanza y otras destinadas al Brasil se consideran como un sistema separado del correspondiente al mercado interno (Ilustración 5).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (89) Elaboración propia

La importancia de este modelo es tal que la IIRSA ya ha constituido por varios años consecutivos en el principal gasto de gobierno (90). El resultado es que ahora Brasil se ha tornado en nuestro mayor acreedor desplazando a Venezuela a un segundo lugar (Ilustración 6). Sus créditos van a financiar las obras que le interesan, básicamente corredores de exportación y producción de energía. Solo falta que no endeudemos para enviarles litio.



El peligro que enfrentamos


La rentabilidad de cualquier negocio se mide básicamente en relación a lo invertido, pero especialmente en los últimos meses, gobierno y empresas insisten en medir su rentabilidad NO EN RELACIÓN A LO INVERTIDO, -desde ese punto de vista les va muy bien- sino al valor total de los hidrocarburos. Esto quiere decir que lo que quieren no es sólo el pago por sus servicios, sino todo el valor de los hidrocarburos, quieren todo el IDH y las regalías. La base para ello ya ha sido echada. Es la proporción del IDH y regalías que se está yendo en importaciones y el empecinamiento del gobierno por imponer la liberalización del mercado. Una vez que esto se haga, las empresas sólo tendrán que obtener la liberalización de la importación para que el negocio caiga en sus manos. Con esto caerá también el país y a la población le esperará una pobreza mucho mayor que la actual porque al perder el IDH-regalías, el gobierno y los que vengan se verán obligados a cargar a la población cada vez con más impuestos para compensar la pérdida del IDH. Por eso, parte del paquete del decreto 748, como dice Marco Gandarillas en su artículo (91), es la reciente elevación de impuestos a numerosos artículos.

Las trasnacionales quieren hacer de YPFB una empresa fuera del control del Estado donde ellas participen como accionistas y tomen el control. Las bases ya fueron echadas parcialmente con la creación de las subsidiarias de YPFB que tienen calidad de sociedades anónimas mixtas regidas por el código de comercio, es decir por el sector privado. Esto permitiría a las empresas algo mejor que liquidar a YPFB, que es utilizar recursos del Estado, inclusive financieros, para hacer sus propios negocios a través de la empresa, como hicieron en Venezuela hasta el 2002. Podrían además mantenernos en la creencia de que todo está nacionalizado. Junto a estos deseos vienen naturalmente las demandas de modificación de la ley de hidrocarburos y de los contratos petroleros para asegurarse un abordaje integral a nuestros hidrocarburos, que está siendo elaborada en secreto junto con las trasnacionales, privando al pueblo del derecho más básico de la democracia: el derecho a estar informado, ya que finalmente no le dejan participar.

Publicado en Petropress 24, febrero, 2011


NOTAS:

  50.- Un técnico del MAS presidirá Yacimientos La Razón, 29-01-2007.
  51.- Solís Rada, YPFB
  52.- La refundación de Yacimientos se posterga hasta marzo del 2007. La Razón, octubre 13, 2006
  53.- Gobierno potencia con técnicos nuevos a YPFB. Los Tiempos, 24-01-2007
  54.- El poder Ejecutivo y el Legislativo abren el diálogo para sustituir a YPFB. El Diario, 30-10-2006.
  55.- Cae otro ex ejecutivo de YPFB y revelan cobros La Patria, 5 de marzo, 2009
  56.- YPFB reconoce corrupción a su interior y lanza plan. Los Tiempos, 09-12-2008
  57.- Directorio de YPFB no conoce de las decisiones que toma Aruquipa. La Razón, 26-07-2007.
  58.- YPFB pone en peligro la nacionalización. Juguete Rabioso, 6 de agosto, 2006
  59.- Auditoría afirma que el titular de YPFB violó normas en un contrato: Alvarado violó la nacionalización; su futuro depende del presidente. La Razón, agosto 22, 2006
  60.- Ver: YPFB pone en peligro la nacionalización. El Juguete Rabioso, 6 de agosto, 2006.
  61.- Morales y García obvian auditoría y ratifican confianza en Alvarado. La Razón, agosto 23, 2006
  62.- Sin culpables archivan el caso YPFB-Iberoamérica Decisión. El Deber, 9 de noviembre, 2006
  63.- Oposición censura al Ministro, Evo Morales lo ratifica. José Pinto. www.alainet.org/active/12996&lang=es, 2006-08-24
  64.- Réquiem por la nacionalización. Erick Fajardo Pozo. Los Tiempos, 23-09-2006
  65.- Kirchner ayudó a consolidar la nacionalización. Reportaje a Andrés Soliz Rada. Pablo Dorfman. La Política Online Boletín Nº 179 - Buenos Aires, 7 de diciembre, 2006
  66.- Op. Cit.
  67.- Evo da 15 días al Congreso para aprobar los contratos. La Prensa, 7 de noviembre, 2006
  68.- Cronología de la aprobación de convenios. El Diario, abril 20, 2007
  69.- Morales negoció con las petroleras sin rendir informes ni al Presidente. Opinión, 22 de marzo, 2007
  70.- Dos ex presidentes de YPFB fueron imputados en el caso petrocontratos. El Diario,12-12-2007
  71.- Morales Olivera representa a Bolivia ante el TCP-Alba. La Prensa, 29-01-2008
  72.- La Prensa. Op. Cit.
  73.- YPFB iniciará en agosto plan nacional de perforación de pozos. Tarijalibre, 31 de julio, 2008
  74.- Según declaraciones de los técnicos, sin indicar fechas, el taladro había sido cedido por PDVSA para que YPFB lo alquilara a Andina. (Campo Víbora: desarrollo para el país. YPFB sde)
  75.- Campo Víbora: desarrollo para el país. YPFB sde
  76.- http://www.newyorker.com/reporting/2010/03/22/100322fa_fact_wright?currentPage=5
  77.- Aceptada la conformación de la SAM para exploración’Carlos Villegas. La Razón, 9 de enero, 2011
  78.- YPFB adquiere tres equipos de perforación para agresiva campaña de exploración en Bolivia. Los Tiempos, 7 de enero, 2011.
  79.- YPFB adquirirá equipos de perforación para agresivo plan de exploración. http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com. afbs/rsl ABI, 22 de junio, 2010.
  80.- YPFB cubrirá crédito de $us 700 millones del BCB con rentabilidad de Río Grande y Gran Chaco. AN-YPFB, 20/10/2010
  81.- Un técnico del MAS presidirá Yacimientos. La Razón, 29-01-2007
  82.- Bolivia: Informe sobre avances con relación a la Ley de Hidrocarburos N°3058 y aspectos de arbitraje internacional de parte de las empresas petroleras al Estado nacional. Informe para la Presidencia de la República. Nogales Iurri, X. 12 de noviembre de 2005.
  83.- Escasez de gas. Escasez de diesel. ¿País del gas?. Energy press, año 5 Nº 264 del 17al 23 de octubre, 2005
  84.- El Gobierno congelará subsidio estatal al diésel y GLP en 2007. La Prensa, 30-11-2006
  85.- La "Súper" instruye ampliar dos ductos y construir otro. La Prensa, 15-05-2007
  86.- El GAA dejará de ser problema para suministro de electricidad en La Paz. Energy Press, año 5 Nº 264 del 17al 23 de octubre, 2005
 87.- Ver: El río Madera y la diplomacia agachada de Bolivia. Pablo Villegas. Bolpress, 2008-17-01. http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008011705
  88.- Las empresas de Brasil quieren producir litio, hidroelectricidad y polietileno en Bolivia. Bolpress, 08-04-2010
  89.- The bolivian economic performance and investment program 2010 – 2015 Luis Alberto Arce Catacora. Minister of Economy and Public Finances. http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=146&id_item=88#presentaciones
  90.- Ver: El Rol Central de la IIRSA en el modelo de desarrollo vigente en Bolivia. Pablo Villegas. Petropess N° 18; enero, 2010.
  91.- Gandarillas G., Marco. Gasolinazos: Columna vertebral del neoliberalismo en Bolivia. Petropress Nª 24, Pags. 4-11, febrero, 2011. CEDIB.

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