En este artículo, el autor analiza el resultado de la alianza entre el gobierno y la voraz agroindustria del oriente, que salió a luz en septiembre del 2012, cuando se anunció que “el Gobierno y la dirigencia agropecuaria de Santa Cruz, avanzaron en la búsqueda de consenso para dos proyectos de ley que permitirán realizar nuevas inversiones privadas e incrementar la frontera agrícola”.
La incoherencia de la Ley 337 y la falacia de la restitución de los bosques en nuestro país
Marco Octavio Ribera Arismendi
Coordinador de Investigación y Monitoreo Ambiental
de LIDEMA
Existen varios antecedentes que establecieron el
clima favorable para la emisión de la norma 337, todos tienen que ver con la
expansión de la frontera agropecuaria y los intereses del sector
agroindustrial. Por ejemplo, en febrero del 2011 (Bolpress, 5 febrero 2011), el máximo representante de la ANAPO, Demetrio
Pérez, mencionó
textualmente el siguiente pedido al gobierno:
"flexibilizar la normativa de reversión de tierras por
causal de desmontes ilegales, y permita la expansión de la frontera agrícola.
Algunos productores desmontaron áreas para sembrar más, pero han sido declarados
ilegales. Nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera,
regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Estas declaraciones
tuvieron como base los acercamientos del gobierno al sector agroindustrial ya
realizados el año 2010, cuando se hablaba de una “alianza productiva” y el diseño de un plan estratégico conjunto para
garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno (SENA, 2011).
No se puede dejar de mencionar, que en enero del
2011 (www.padep.org.bo 23 enero 2011) el Presidente Evo
Morales, al posesionar a la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, le confió la tarea de “ampliar la
frontera agrícola en el país” y echar a andar la Empresa Azucarera
de San Buenaventura, (en definitiva, un megaproyecto agroindustrial
absolutamente improvisado y con elevadísimo costo socio ambiental).
En julio del 2012 (Cambio, 23 Julio 2012), el jefe de Estado, Evo Morales, durante la clausura del
ampliado de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, anunció que se modificará la Ley Forestal para que los
pequeños productores no tengan problemas con la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y Tierra o ABT. Una afirmación inaudita e inconcebible
del primer mandatario fue: “Ésta es la
responsabilidad de los dirigentes nacionales, del movimiento campesino indígena
originario, tenemos que cambiar lo más antes posible la Ley Forestal (porque)
mientras haya Ley Forestal seguirán molestándonos, cualquiera que sea la
autoridad”.
En septiembre del 2012 (El Deber 1-septiembre
2012), esta sintonía entre un gobierno y la voraz agroindustria del oriente,
desembocó en una terrible alianza, cuando se anunció en varios medios de prensa
que “el Gobierno y la dirigencia
agropecuaria de Santa Cruz, avanzaron en la búsqueda de consenso para dos
proyectos de ley que permitirán realizar nuevas inversiones privadas e
incrementar la frontera agrícola”. En propias palabras del segundo
mandatorio del país, “hay un avance del
90% en dos proyectos de ley, uno para ampliar el periodo de tiempo de la
revisión de la Función Económica Social (FES) de dos a cinco años, y el otro,
relacionado a los desmontes y la seguridad jurídica que reclaman los
productores para sembrar más”. Obviamente, todo esto camuflado por la gran
mentira de querer favorecer la seguridad alimentaria del país, pero en plena
concordancia con la consigna con las políticas desarrollistas ciegas del
gobierno, de ampliar la frontera agropecuaria a como de lugar. No solo se
brindaron financiamientos para la devastación ecológica del país por la
agroindustria (por el FINPRO de la Ley de Revolución Productiva), sino que se
pretendía ya entonces brindarle apoyo y seguridad legal.
También la Ley 300 (Ley Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo integral para vivir bien), sirve de antesala para la Ley 337, pues
tiene un claro afán productivista y desarrollista, en resumidas cuentas, es una
Ley “regeneracional” que enfatiza muy llamativamente en la regeneración de los componentes
de la madre tierra post-utilización y degradación, antes de prever su
protección o la aplicación de medidas de control, o más aún, en muchos casos,
la decisión de “no uso” debido a su fragilidad. Toda la Ley 300 habla de
generar condiciones para “el uso y aprovechamiento”, aun cuando los artículos
tienen que ver exclusivamente con la conservación. De esta forma, la protección
y conservación de los ecosistemas están subordinadas a la explotación de estos
y luego considerar su posible regeneración, en previsión de los impactos y
daños ocasionados.
Respecto a la norma 337 de Apoyo a la
Producción de Alimentos y Reforestación de Bosques, el Artículo 1 de la
Ley 337, define el objeto de dicha norma en cuanto a establecer un régimen de
excepción para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado
sin autorización (desmontes ilegales) entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de
diciembre de 2011, cuyos beneficiarios se acojan al “Programa de Producción de
Alimentos y Restitución de Bosques”.
Mientras
que la finalidad de la mencionada Ley (Artículo 2) tiene
por finalidad: incentivar, en predios que
hubieren sido objeto de desmontes sin autorización (ilegales), la producción de
alimentos para garantizar el derecho fundamental a la soberanía y seguridad
alimentaria y la restitución de áreas de bosques afectadas.
Llama la
atención, que tanto el objeto, como la finalidad, hacen énfasis, en: a) el
régimen de excepción para los infractores o desmontadores ilegales entre 1996 y
el 2011, es decir la “legalización de un delito ambiental”, es decir de
legitimar los desmontes no autorizados, y
b) la producción de alimentos, es decir la producción agropecuaria, que
en definitiva implica necesariamente mas desmontes, sean de bosques primarios o
secundarios en sucesión. La restitución de bosques, es algo que figura
claramente como secundario y solo para ”suavizar” o “adornar” la
crudeza de la norma emitida (“para dorar la píldora”). Dicha restitución
implica solo un 10 % de los predios deforestados, lo cual en términos generales,
tiene un escaso nivel de significancia ecológica, en comparación con las
superficies de las zonas desmontadas ilegalmente, y que están destinadas a ser nuevamente
habilitadas para producir alimentos.
No solo
se premia a los infractores con la abrogación o legitimación del delito, y la
no reversión, o sea, el reconocimiento de la Función Económico y Social en
terrenos desmontados ilegalmente, sino que se les permite producir y volver a
desmontar. Esto, por supuesto, beneficia en poco a un pequeño productor que
puede haber desmontado ilegalmente o sin autorización, una o dos hectáreas,
pero si en mucho a un gran productor que desmontó sin autorización (ya sea en
su predio o en tierras fiscales) cientos o incluso miles de hectáreas. Para
estos últimos fue hecha la norma 337.
Considerando
la dinámica ecológica sucesional, entre 1996 y 2013, varias de las zonas
desmontadas ilegalmente en el país, luego de uno o varios ciclos de producción,
ya podrían estar cubiertas de bosques secundarios (bajo una restitución
denominada sucesión secundaria), pero que con la 337, pueden volver a ser
desmontadas para “producir alimentos”, al menos en un 90%, dejando solo el 10%
para restitución.
Otra
falencia de la norma, va de la mano de la falta de registros detallados y
precisos de los desmontes a lo largo de 15 años, cuando las Superintendencias
Agraria y Forestal presentaban
acuciantes signos de ineficiencia institucional, a lo cual se suman
actualmente las limitaciones operativas de
la ABT. Ante este vació y debilidad de fiscalización e información, los
propietarios de predios, pueden fácilmente aducir un desmonte hecho
recientemente, por ejemplo, el 2012 (o incluso del 2013), como si fuera del 2009
o del 2010, o antes, con lo cual existe el riesgo de un avance neto de las
fronteras agropecuarias. Por otro lado,
pueden haber propietarios con colindancias a tierras boscosas íntegras, que
talen superficies los siguientes años y las declaren como de años anteriores. Es
de esta manera que los grandes productores parecen haber entendido la norma 337,
cuando el
presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, comentó que,
“con esta disposición se podrá legalizar
las propiedades que están con desmontes ilegales, viabilizando para seguir
realizando derribes y seguir ampliando la frontera agrícola” (El Día, 15 Enero 2013).
En
definitiva, la norma 337, no tendrá, de ninguna manera, un impacto positivo
en la restitución de los bosques, sino todo al contrario. Claramente, es de flexibilización, y es absolutamente incoherente,
ambigua y contradictoria. Adicionalmente es perversa, no solo por el incentivo
al aumento de la expansión de la frontera agrícola, sino por el aval al sector
agroindustrial exportador, uno de los que mayor depredación ecológica ha ocasionado al
país, que genera divisas volátiles, que
paga impuestos irrisorios, que no genera renta a pesar de los exorbitantes
ganancias, que recibe una generosa subvención de carburantes, y que además abre
gustosamente las puertas a la extranjerización de la tierra.
No en vano el propio presidente
Morales afirmó respecto de la Ley 337: “Con esta normativa tratamos de apoyar la producción en el
oriente boliviano, ampliado más la frontera agrícola que tiene el país y
garantizando la seguridad alimentaria”. En la
misma línea (El Dia, 15 Enero 2013), la Ministra de Desarrollo Rural, Nemesia
Achacollo, manifestó que “mediante esta
norma se ampliará la frontera agrícola lo que repercutirá en garantizar la
seguridad alimentaria”.
Adicionalmente,
el hecho de que Evo Morales, entregara a mediados de enero la Ley 337, en manos
de Julio Roda (El Día, 15 Enero 2013), presidente de la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO), tiene un tremendo significado simbólico y reconfirma las
proyecciones del desarrollismo agroindustrial, abiertamente anti ecológico, que
impulsa el actual gobierno. Definitivamente, no es el pequeño productor el que
se beneficiará más de esta norma, sino los medianos y grandes productores,
incluidas las empresas y cooperativas agropecuarias.
Otra
aseveración inaudita de Evo Morales (El Dia, 15 Enero 2013) y que deja ver con
claridad las verdaderas intenciones del gobierno, fue la confirmación de que “la producción de soya con transgénicos
seguirá adelante,…… mientras los defensores de los cultivos ecológicos no
garanticen la seguridad alimentaria del país”.
Con esta
norma y otras afines, el actual gobierno se aleja aún mas de los verdaderos y legítimos intereses del
pueblo y de las masas que siguen empobrecidas en el campo y en las ciudades, y
se acerca más a las grandes corporaciones agroindustriales del oriente. Este
“perdonazo” a los desmontes ilegales es similar a la Ley que legalizó cientos
de miles de autos ilegales o “chutos”, y muestra nuevamente la falta de
seriedad en el manejo normativo que tiene este gobierno. Adicionalmente, el mal
precedente implica un incentivo a que los productores agroindustriales asuman
una actitud de “confianza”, en que al final de cuentas, se legitimará lo
ilegal, es decir que pueden seguir talando ilegalmente, total…., luego de unos
años volverán a lograr otra Ley que los exima de responsabilidades.