Liquidar TCOs y entregarlos a las petroleras
Pablo Villegas N., 29-09-2011
¿Qué significan las declaraciones de Evo Morales del 26/9/11?
El día 26, Evo Morales dijo en su
discurso que decidió la construcción de la carretera del TIPNIS atendiendo a
los pedidos de la población. El Presidente ha hecho este tipo de declaraciones
muchas veces, inclusive refiriéndose específicamente a las comunidades del
TIPNIS, pero tratándose de tan alta envestidura, está claro que el Presidente
no puede hablar de esta forma sino tiene el respaldo de una Consulta Previa
para demostrarlo, como exige la ley.
Morales se refirió a la Consulta
Previa del día 25 que realizó él mismo en el TIPNIS, mientras tenía cercados a
los dirigentes de sus comunidades procediendo de una manera totalmente ilegal,
violando la ley que dice que la consulta tiene que hacerse con sus propios
líderes, tomando en cuenta la integralidad de su territorio y su población. El
resultado de esta “consulta”, como mostró el mismo Evo Morales, es un documento
firmado apenas por 19 de las 64 comunidades del TIPNIS.
El presidente dijo que: “…queda
suspendido el proyecto de la carretera del TIPNIS y que sea el pueblo quien
decida, principalmente los dos departamentos”. Esto quiere decir que el
gobierno continúa con la intención de no realizar la Consulta Previa y con la
intención de consultar a otros lo que debía consultar a los indígenas, o de
hacer una consulta donde los indígenas queden en minoría.
¿Cuál es el resultado de la
acción que llevó a cabo el gobierno en términos de consecuencias humanas? Un
vocero de los indígenas, el Presidente de la Central de Pueblos Indígenas del
Beni (CPIB), Pedro Vare, dijo que 2 niños murieron, además de un hombre y una
mujer y 4 desaparecidos. Otras fuentes mencionan 200 heridos. Pero, hasta ahora
no hay un reporte oficial de heridos, muertos, desaparecidos, etc…; el gobierno
sólo se ha ocupado de defenderse de las acusaciones pero no de proveer esta
información. Esto muestra con claridad el desprecio por parte del gobierno de
las vidas y los derechos humanos.
¿Quién es responsable de lo
ocurrido en Yucumo?[1]El ahora ex - ministro de Gobierno, Llorenti, y el
Comandante General de la Policía, Jorge Santiesteban, aseguraron que
intervinieron obedeciendo un requerimiento fiscal[2];sin embargo, el Fiscal
General, Mario Uribe, negó haber instruido la intervención policial a la
marcha. La Fiscal de Distrito, Betty Yañiquez, por su parte, aseguró que el
fiscal Edson Sarmiento fue quien ordenó la intervención pero éste dijo “Yo no
he ordenado ninguna intervención." El propio Presidente Morales dijo ayer
que nunca instruyó la intervención. Finalmente, el día de 27 (ayer), el
Ministro de gobierno identificó a su, ahora ex – viceministro, como el
responsable de los hechos y en sus declaraciones ha estado dirigiendo las sospechas
del público hacia la tropa policial. Este tipo de declaraciones, en varios
casos hasta infantiles, sobre las responsabilidades de una acción de la
magnitud de la intervención violenta a la marcha, es intolerable para
autoridades que están a cargo del gobierno.
El Presidente propuso en su
discurso: “Organicemos una comisión de alto nivel, constituidos de organismos
internacionales, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, para que haga una
profunda investigación sobre los hechos del día de ayer,... Esto en apariencia,
es una actitud de gran apertura pero esto, como dijo el Defensor del Pueblo,
daría lugar a que el gobierno sea juez y parte en la investigación de sus
propias acciones, lo cual quiere decir que la participación del gobierno en las
investigaciones le permitiría influir en los resultados.
Si el gobierno tuviera la
intención sana de que se realicen las investigaciones, tendría que haber tomado
ya ciertas acciones como la de retirar de sus cargos a los responsables
jerárquicos de los organismos vinculados a los hechos en cuestión, comenzando
por el ministro del interior, en vez de esperar que renuncie y en vez de hacer
aparecer como culpable al personal que actúa cumpliendo órdenes superiores.
El Gobierno ante los indígenas: Evo Morales no fue a negociar a la marcha porque no tenía tiempo
Desde un principio la marcha
podía haberse detenido si el Presidente Morales hubiera accedido al pedido de
los marchistas de ir a la marcha a negociar con ellos pero se negó
empecinadamente ¿por qué? El canciller Choquehuanca que estuvo presente entre
los marchistas explicó que la razón era que el presidente no tenía tiempo [3].
Este pretexto fue presentado también en otras oportunidades. [4]
La forma en que el gobierno
condujo las negociaciones no fue sincera. Lanzó una campaña de acusaciones
contra los dirigentes marchistas como la lista de supuestas llamadas de y a la
embajada de EE.UU., sin especificar cuál era el delito de que estaban acusados;
acusó a las ONGs de financiar la marcha e inclusive a las NNUU y al Defensor
del Pueblo de estar “afiliados” a la marcha.[5]Como no probó nada de esto, está
claro que su intención no era hacer justicia sino simplemente destruir a los
dirigentes para debilitar la capacidad de negociación de los indígenas.
El gobierno se ha jactado de la
cantidad de ministros que envió a negociar y la cantidad de propuestas de
negociación que hizo. Sin embargo, el número de ministros enviados fue
innecesario porque los indígenas no pedían hablar con ministros sino con el Presidente.
Por otra parte, un corto repaso de la forma en que el gobierno dialogó muestra
que lo importante no es el número de propuestas sino su contenido, como vemos
del siguiente repaso breve: al inicio de la marcha el ministro Romero, dijo “No
hay conversación posible … (con)…una marcha cuando ésta no está
justificada.”[6]-[7] Recientemente, el Canciller Choquehuanca, a modo de
negociar, fue a la marcha y les dijo a los marchistas que no se podía cambiar
las decisiones que toma el Presidente sobre la carretera. Después entregó a las
marchistas la respuesta escrita del Presidente a las peticiones que
anteriormente le habían enviado, donde el Presidente les manifestaba su
disposición de realizar la consulta con todos los habitantes del TIPNIS;[8]pero
al mismo tiempo anunciaba públicamente que iría al TIPNIS por su cuenta, a
conversar con los desertores de la marcha, pese a que poco antes había
declarado que no quería sembrar divisionismo. En general, los pretendidos
intentos del gobierno de negociar con los indígenas, en realidad fueron
deslegitimados frecuentemente por las soberbias e intransigentes declaraciones
públicas del Presidente Morales.
Para comprender la forma en que
el gobierno pretendía que se realicen las negociaciones basta recordar al
Ministro de Obras Públicas Delgadillo, cuando criticó que la dirigencia hubiera
exigido que las reuniones se realizaran ante la presencia de las bases [9].
Pero, lo que realmente fue escandaloso e irresponsable por parte del gobierno,
fue introducir a los colonizadores como parte en el conflicto y hacerlo nada
menos que con el objetivo de llevar el conflicto a una negociación entre
partes, como si el Estado fuera un simple espectador de los problemas
nacionales. Esta maniobra fue clave para la forma en que concluyó el hecho. La
presencia de los colonizadores no se dio de manera espontánea pues se vino
gestando desde julio, lo cual veremos más adelante.
Según la normativa de Consulta
Previa, esta tendría que haberse hecho antes del contrato de la obra y de los
pasos legales previos seguidos por el gobierno, que aparte de no cumplir la
normativa, la continúa viciando, como se ve de declaraciones que citamos a
continuación. A pesar de tener un carácter constitucional, las consultas, dijo
Morales, “no tienen carácter de obligatoriedad…”[10].[11]Para el Ministro
Romero, por su parte: ”el gobierno está obligado a la consulta previa solamente
a las comunidades involucradas”, con lo cual desconoce la integralidad de los
TCOs (Territorios Comunitarios de Origen) y a la CIDOB (Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia) que la instancia de representación indígena
nacional. También pretendieron sustituir a los indígenas por otros sectores,
específicamente por los colonizadores o cocaleros; o consultar sólo a una parte
de los indígenas, ignorando también a los dirigentes legalmente elegidos. La
figura legal es simple, como declaró el Defensor del Pueblo, el contrato con la
OAS es ilegal por no haber cumplido primero con la Consulta Previa. Finalmente,
es claro que el objetivo del gobierno era y es no hacer la Consulta Previa,
-por eso plantea un referéndum departamental- y que los derechos de los
indígenas han venido siendo pisoteados por lo menos desde el 2008 que es cuando
se firmó el contrato con la empresa OAS, eso muestra que la contradicción entre
la práctica y el discurso del actual gobierno es muy larga.
El Gobierno ante los interculturales: Evo Morales es el principal dirigente de los cocaleros
A principios de septiembre se
produjo el bloqueo de los colonizadores en Yucumo, con el objetivo de detener
la marcha y obligar a los indígenas a negociar con el gobierno o a negociar con
los colonizadores 4 de los 16 puntos presentados al gobierno.
El 7/9 llegaron 450 policías al
punto del bloqueo. Según el entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos
Farfán, su objetivo no era desbloquear Yucumo sino impedir el paso de los
indígenas. No desbloqueó Yucumo, por el “inminente riesgo” de provocar “… una
espiral de bloqueos, en zonas que comunican Yucumo con la ciudad de La Paz, es
decir, bloqueos en Palos Blancos, La Cumbre, Yolosa, Caranavi”[12]Farfán
declaró: “La Policía está única y exclusivamente con el objetivo de evitar un
enfrentamiento, no está ni bloqueando ni desbloqueando”.
Lo paradójico es que durante el
periodo que duró el conflicto, fueron reprimidas violentamente todas las
marchas y bloqueos en favor de la marcha, excepto claro está, el de los
interculturales que fue no sólo tolerado y respetado por la policía. Ahora
abundan testimonios de que permitieron a los bloqueadores revisar movilidades,
decomisar alimentos, incluso detener personas; es decir que los bloqueadores
cumplieron la función de una especie de cuerpo parapolicial. Pese a los hechos
y a las propias declaraciones de los bloqueadores prometiendo violencia a los
marchistas y “reventar” a los que se solidaricen, el gobierno negó que se tratara
de un bloqueo y que fuera violento.
El entonces viceministro Farfán,
por ejemplo, defendió la actitud “pacífica” de los colonizadores que pedían a
los indígenas retirar de sus demandas cuatro puntos que según ellos, les
afectaban. Farfán dijo que los servicios de inteligencia reportaron que ningún
bloqueador en Yucumo estaba portando armas. Lo mismo hizo, entre otros, el
canciller Choquehuanca que negó la existencia de algún bloqueo –lo llamó
vigilia- y su carácter violento contradiciendo las declaraciones que hacían los
bloqueadores sobre sí mismos. Esta actitud fue el móvil para lo que después el
gobierno y la prensa llamaron “secuestro”.
El llamado “secuestro”, fue según
el propio Canciller, una acción de las mujeres presentes en una asamblea en
momentos en que los líderes estaban alejados. Según Chávez, dirigente del
CIDOB, las mujeres procedieron de esta manera porque los marchistas ya llevaban
varias semanas cercados, privados de alimentos y finalmente de agua. Como el
canciller había declarado que no había ningún bloqueo y que no era violento,
las mujeres de este grupo de 2000 indígenas que eran quienes en realidad se
hallaban secuestrados en condiciones inhumanas con niños y ancianos, obligaron
al canciller a marchar hasta el bloqueo y mostrar, como corresponde a una
autoridad, si había o no bloqueo, y si había, a que sufriera junto con ellas
las consecuencias de pretender atravesarlo. Como se ve de las fotos publicadas
por la prensa, el canciller quedó muy asustado de marchar entre estas mujeres.
El bloqueo de los colonizadores
se gestó por lo menos desde julio. El 19-07-11, las seis Federaciones de
Productores de Coca del Trópico Cochabambino se declararon en estado de
emergencia ante el anuncio de los indígenas del TIPNIS de marchar a La Paz rechazando
la construcción de la carretera que atraviesa por su territorio. El Secretario
de Actas de los cocaleros, Mario Téllez, indicó de todos modos su voluntad de
un acercamiento con los indígenas para tratar de la carretera. No obstante, el
20/07/2011[13] Pedro Calderón, ejecutivo de la Confederación Sindical de
Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIB), manifestó su apoyo a la decisión
cocalera y acusó a los indígenas de obstaculizar el desarrollo del país.[14]
“Primero es el diálogo, pero si
no lo hubiera, nos vamos a enfrentar” dijo.
El 4 de agosto, el senador Julio
Salazar, del MAS, declaró: “Aquellos que se opongan a la carretera para mí son
enemigos del pueblo boliviano”.[15]El 19/09/2011 Gustavo Aliaga, dirigente de
los colonizadores, refiriéndose a quienes se solidaricen con los marchistas
declaró: “Que no se atrevan, primero porque todo el tramo a partir de Yucumo
hasta llegar a La Paz corresponde a las comunidades interculturales. Por lo
tanto yo pido a aquellos que quieren venir aquí, estudiantes, mineros, partidos
políticos que no se atrevan, porque sí o sí vamos a reventarlos,…” Hizo además
una declaración muy extraña: “..tenemos mucho conocimiento de este camino y
sabemos cuáles pueden nuestras estrategias de lucha”, como si hubiera recibido
entrenamiento o fuera parte de alguna organización especialmente capacitada
para cumplir sus amenazas.[16]
“TARDE O TEMPRANO ENTRAREMOS AL
TIPNIS POR TIERRAS”[17]declaró el líder y, si salían en la marcha, ellos se
levantarían “por la desigualdad de tierras y nos vamos a medir con ellos,
cuando pasen por el Chapare o los Yungas”. La desigualdad a la que se refería
era según él que “cada uno de (de los indigenas) tienen más de 20.000 hectáreas
a título de tierras comunitarias de origen, mientras nosotros apenas contamos
entre una y cinco hectáreas.” Por ello reclamaba que el gobierno apruebe una
ley “que no establezca diferencias tan grandes de tenencia de tierra.”
Coincidiendo con los
colonizadores, Evo Morales criticó también las demandas de tierras de los
indígenas “… cuando son los principales beneficiarios…”(de la distribución de
tierrras); y ante esta situación en las TCO, dijo, que promovería un debate, ya
que en promedio cada familia tiene más de 800 has(en otra oportunidad dijo que
eran 450 has).
En conclusión, el bloqueo de
Yucumo no fue un hecho espontáneo y su móvil fue el objetivo de liquidar los
TCOs. Esto además refleja la política de gobierno, donde se ha producido un
cambio histórico en la política agraria; los grandes terratenientes han sido
perdonados; ahora se pretende que se disputen la tierra entre pobres. Podemos
afirmar que esto lo que efectivamente ha pasado y se ha hecho evidente sobre
todo en la ley de la revolución productiva donde el problema de la tenencia de
la tierra y el latifundio ha sido reemplazado por el problema del crecimiento
urbano. Volvemos sobre esto más adelante.
Como se pudo ver, introducir
estos grupos (interculturales o colonizadores) al problema en vez de negociar
directamente, era una opción consiente por la solución violenta del conflicto.
El Gobierno ante la constructora de la carretera (OAS): Evo Morales sí tuvo tiempo de ir al evento de la OAS
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| Fuente: ABI |
Pese a que el Presidente se negó
a ir a negociar a la marcha por falta de tiempo, a fines de agosto, se dio
tiempo para asistir al seminario “Integración, desarrollo social y económico” organizado
por una de las partes en el conflicto del TIPNIS, nada menos que la OAS, que es
la empresa constructora de la carretera. El evento contó con los principales
gremios empresariales del país: la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia, la Cámara de Agropecuaria, Industria y Comercio (CAINCO), la Cámara
Agropecuaria del Oriente y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía
(CBHE)[18]. En este tiempo también tuvo tiempo de visitar varias veces a los
cocaleros, (que son parte de los interculturales, por tanto son otra parte en el
conflicto) inclusive de incitar a los jóvenes a seducir a las indígenas yuracarés
para quebrar su resistencia a la carretera.
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| Lula en la CAINCO. Los Tiempos, 31-8-2011 |
Tratándose del Presidente de un
país, estas relaciones implican un serio conflicto de intereses. El presidente
conserva su puesto de líder máximo de los sindicatos cocaleros, lo cual, en el
caso actual, no sólo compromete su imparcialidad sino que como máximo
dirigente, lo hace responsable de todo el proceso vinculado al bloqueo de
Yucumo. Evo Morales tenía que haberse definido si era presidente de los
cocaleros o de Bolivia, o si prefería ser el invitado de la OAS.
¿Por qué tanta brutalidad contra los marchistas de TIPNIS?
Evo Morales declaró: “Cuando
queremos construir caminos (...), algunos hermanos indígenas no quieren que se
construya el camino; cuando queremos explorar como gobierno más gas o petróleo
que nos da la Madre Tierra (...), no quieren algunos hermanos; cuando queremos
construir plantas hidroeléctricas (...), no quieren algunos hermanos…”[19]
Como Gandarillas ha señalado en
el Petropress Nº 25, el gobierno ha ampliado la frontera hidrocarburífera de
aprox. 3 millones de hectáreas, en 2005, a 12 millones en 2010. De éstas, la
mayor parte, aprox. 11 millones de hectáreas son para exploración y están
ubicadas en territorios indígenas (TCO) y áreas protegidas. La ampliación de la
frontera hidrocarburífera -que la política de exploración de YPFB impulsa-
compromete a 22 Territorios indígenas y 10 áreas protegidas de las cuales seis
son al mismo tiempo áreas de manejo integrado y/o territorios indígenas donde
varias organizaciones de pueblos indígenas han expresado ya su rechazo a este
tipo de actividades por el riesgo que suponen para su forma de vida y los
objetivos de conservación de estas áreas.
De lo dicho queda claro que el
objetivo del gobierno al tratar de doblegar la resistencia de los pueblos del
TIPNIS, y la solidaridad que estos obtuvieron, tenía que ver con sus planes de
liquidar las TCOs y las áreas protegidas para entregarlas a las
transnacionales. Estos planes ya eran evidentes también en los proyectos de ley
de hidrocarburos y minería que han sido analizados en la revista Petropress.
Así se entiende que el gobierno
se hubiera opuesto sin dar lugar a negociación a la demanda de los indígenas de
administrar las áreas protegidas donde ellos las habitan o tienen el carácter
de TCOs, una vieja demanda que aunque en la mayoría de los casos no fue
respetada por los gobiernos, no fue cuestionada menos, negada como un derecho,
o por lo menos como una demanda razonable.
Como vemos Evo Morales mostró a
los indígenas oponiéndose “a todo”. En realidad esta oposición afectaba a todo
el programa económico del gobierno. El gobierno no tiene otro programa que la
continuada entrega de los recursos naturales al capital privado extranjero.
Pero inclusive este programa marcha muy mal. Los proyectos más grandes son con
empresas privadas, el mutún, el litio, Karachipampa, entre otros, están
detenidos o muy atrasados. El país sufre una crisis energética grave que ya se
ha extendido a la provisión de energía eléctrica por lo cual se han
generalizado los apagones. Esto se debe a que más del 80% de las reservas y la
producción de hidrocarburos está en manos de las empresas extranjeras que se
favorecieron de la privatización de los hidrocarburos en tiempos del
neoliberalismo. Estas empresas construyeron un mercado interno dependiente del
petróleo y uno de exportación dependiente del gas natural, y a continuación
-como anunciaron desde 2003-, dejaron el mercado interno sin petróleo, con lo cual
se hicieron de un mecanismo efectivo para presionar al gobierno a aplicar
medidas que les favorecen a ellas y, el gobierno, sin hacer resistencia asumió
su defensa de manera agresiva. Resultado de esto fue el gasolinazo de fines del
año pasado. Y el gobierno comenzó a anunciar recientemente que llevaría de
todos modos a cabo. Parte clave del programa de gobierno, es la construcción de
la columna vertebral del saqueo de los recursos naturales de Bolivia, la IIRSA,
el sistema de caminos, energía y comunicaciones diseñado por el BID para el
saqueo del continente.
IIRSA ha llegado a constituirse
en el principal gasto del gobierno, y el TIPNIS es parte de este sistema. Su
importancia es tal que a pesar de que el gobierno anunció llevar la causa
marítima a la Haya, tiene vigente un acuerdo con Chile, (además de Brasil),
para construir la Bioceánica Central, con lo cual facilita el paso de Chile
hacia el Atlántico, -función que también tendrá la carretera a través del
TIPNIS-, pese a que acusa a Chile de no darnos ni lo que tiene comprometido
desde 1904 como compensación por haber dejado a Bolivia sin salida al mar.
Este programa económico, ha
estado en curso desde el principio mismo del actual gobierno, como se puede ver
de las medidas económicas y las leyes aprobadas, por ejemplo, en noviembre del
2006 ya publicó una ley para la instalación de una plantación e ingenio
etanolero en el Madidi, pese a que al mismo tiempo discurseaba especialmente en
el exterior contra los agrocombustibles y el capitalismo. A principios de este
año el gobierno convocó la instalación de un segundo ingenio.
Finalmente, es notable que la
utilización de grupos que se atribuían la representación de todos los
interculturales y/o cocaleros con el fin de enfrentar a los indígenas, actuando
bajo evidente protección policial como grupos parapoliciales, no perseguía un
objetivo democrático y tenía el despreciable objetivo de utilizarlos como
grupos de choque para acabar con los indígenas y abrir el paso a las
trasnacionales; no era democrático someter a los marchistas a un cerco
inhumano, llegando a privarles inclusive de agua. Tampoco pueden ser tomadas
como democráticas las acusaciones y medidas asumidas para impedir la
solidaridad hacia los indígenas, para convertir la solidaridad en un crimen.
La reacción del pueblo boliviano
frente al movimiento iniciado por los pueblos del TIPNIS se ha convertido en un
movimiento nacional en defensa del medio ambiente, los derechos de los
indígenas y la democracia que no tiene precedentes en la historia de Bolivia y
tampoco en el continente. Este movimiento y esta historia demuestran que el
discurso “indígena” del gobierno sólo tuvo el objetivo de enmascarar la
continuación de la entrega de los recursos naturales al capital transnacional.
Esto constituye una traición a la agenda de octubre del 2003, que exigía la
nacionalización e industrialización de los recursos naturales. El gobierno
actual ha traicionado esta agenda. La actual movilización nacional, podría
significar la continuación del aquel proceso interrumpido en octubre, 2003.
Mäs información:
Notas:
[1]Indígenas denuncian que
sufrieron 4 muertos. La Razón, 26/09/2011
[2]Conflicto en TIPNIS Fiscalía
desmiente al Gobierno y niega orden para intervenir marcha
[3]Colonizadores de Yucumo
advierten con paro regional. La Razón, 14 de septiembre de 2011
[4]Colonizadores de Yucumo
advierten con paro regional. La Razón, 14 de septiembre de 2011
[5]Gobierno descalifica a
Naciones Unidas como intermediario en conflicto del TIPNIS. ERBOL, 5 septiembre
2011
[6]Brasil pide diálogo para
financiar el tramo II en el TIPNIS(La razón 04/08/2011)
[7]Primero Evo y ahora un
ministro amenaza a indígenas y dice que si la marcha comienza no habrá diálogo
ABI, 03/08/2011
[8]TIPNIS: Dos mil bloqueadores
esperan a indígenas en Yucumo Los Tiempos, 15 de septiembre de 2011
[9]El Gobierno pone 4 condiciones
para dialogar con los indígenas marchistas. La Razón, 29 de Agosto de 2011
[10]La consulta por el TIPNIS no
será vinculante. La Razón, 1/8/11
[11]CIDOB no irá diálogo,
indígenas ratifican marcha y rechazo al tramo II. Jornada, 9, agosto 2011
[12]No desbloquearán Yucumo y la
marcha puede terminar allí. Página Siete, 14 de septiembre de 2011
[13]La carretera del conflicto:
cocaleros contra indígenas La Prensa, 20/07/2011.
[14]Cocaleros del Chapare en
emergencia en contra de la marcha indígena del TIPNIS 19/07/2011
[15]Marcha en defensa del TIPNIS
suma más apoyo de indígenas Página Siete , 4 de agosto de 2011
[16]Emergencia en marcha
indígena. García Linera habla de “blindar” con leyes el TIPNIS, 19/09/2011
[17]Tierras. Colonizadores afines
a Evo amenazan a los indígenas por el TIPNIS, 02/08/2011
[18]Luiz Inacio Lula da Silva
llegará mañana para hablar con Evo Morales El Diario, 28 de Agosto de 2011
[19]Evo Morales recrimina a los
indígenas que "se oponen al crecimiento nacional" La Razón, 26-8-11