El auge de las
actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años
ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector
minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los
últimos años los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales.
Tomàs
Gisbert Caselli y Maria Jesús Pinto (*), Domingo, 06 de Abril
de 2014
(http://www.wri-irg.org/node/23010)
(http://www.wri-irg.org/node/23010)
Las fuerzas armadas
colombianas, con 281.400 efectivos son el segundo ejército más grande de toda
Latinoamérica sólo superado por Brasil. A ellas hay sumar los 159.000 miembros
de la Policía Nacional, policía militarizada que depende orgánicamente del
Ministerio de Defensa. En Colombia hay 6,2 soldados por cada mil habitantes,
ratio que casi cuatriplica el de Brasil.
El auge de las
actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años
ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector
minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los
últimos años los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su
crecimiento ha acompañado la política de atraer la inversión extranjera de las
empresas multinacionales del sector para la implementación de la política
neoliberal extractivista: la denominada “locomotora minero-energética”. Si a
inicios de 2011 eran 11, en 2014 ya son 21 los batallones minero-energéticos.
Los Batallones
Minero-Energéticos están formados por 80.000 efectivos, el 36% del total de
efectivos del Ejército de Tierra en el que están encuadrados, y representan
casi un 30% de las fuerzas armadas.
La fuerte
militarización de las zonas extractivas no ha significado una mayor seguridad
de las poblaciones afectadas. Censat Agua Viva y Mining Wacht Canadá advertían
de que “las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los
desplazamientos forzados, 82% de las violaciones a los derechos humanos y al
Derecho Internacional Humanitario, y 83% de los asesinatos de líderes
sindicales”.1 La función de estas unidades, contra lo que pudiera parecer
razonable, no es proveer seguridad pública sino asegurar las inversiones
extranjeras y la extracción minero-energética.
Varios de estos
batallones están radicados en el interior mismo de las instalaciones de las
empresas o minas, como es el caso del Batallón Militar 15, localizado desde
octubre de 2011 dentro de los campos petroleros de la multinacional Pacific
Rubiales, en Puerto Gaitán, donde la empresa además les aporta vehículos y
combustible. O el Batallón Energético Vial nº 8 radicado en los terrenos e
instalaciones de la minera Frontino Gold Mines, en el municipio de Segovia, tal
como indica la misma página web del Ministerio de Defensa.
La colaboración entre
ejército e inversionistas es fluida. Como indica el director de operaciones del
Ejército, coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco,2 el ejército analiza los
proyectos que elaboran las propias empresas inversoras y los deriva a la
división militar correspondiente para su protección.
Aunque las autoridades
militares siempre lo han negado, hay evidencias de que la protección de las
empresas extractivas conlleva la concertación de “convenios” privados entre empresas
extractivas y las Fuerzas Armadas, en los que las empresas pagarían altas sumas
económicas al ejército, a cambio de seguridad y poder desarrollar sus planes.
Estos acuerdos son secretos pero han trascendido a los medios de comunicación
ya sea por investigaciones periodísticas3 o porque directivos de las mismas
empresas, sin ningún pudor así lo han expresado4.
La comunidades locales
afectadas ven con desconfianza el despliegue militar pues no sienten sus
intereses protegidos por la fuerza pública, sino que por el contrario ésta va
asegurar las actividades extractivas, los intereses de las grandes empresas
extractivas, en abierta contradicción con sus medios de vida tradicionales y el
medio ambiente que los permite.
La presencia del
ejército también ha ido acompañada de graves violaciones a los derechos humanos
de esas zonas, de violaciones a las mujeres, de las ejecuciones extrajudiciales
de los opositores y las opositoras a los proyectos mineros. Uno de los muchos
casos denunciados fue en septiembre de 2006 el asesinato de Alejandro Uribre
Chacón, opositor al proyecto de gran minería de la Kedhada SA en el sur de
Bolívar, asesinado por efectivos del Batallón Antiaéreo nº2 Nueva Granada y
presentado posteriormente como guerrillero dado de baja en combate, doce días
después de que interpusiera una queja por presuntas persecuciones del ejército
por sus denuncias contra la minera5.
También es
significativo el caso del apoyo del ejército a la entrada de la empresa Muriel
Mining Corporation en el Norte del Chocó, donde apoyó sus actividades a pesar
de un proceso fraudulento de consulta previo, tal como dictaminó la Corte
constitucional6, restringiendo la movilidad de los habitantes ancestrales en
sus territorios y provocando graves abusos y el desplazamiento interno contra
las poblaciones indígenas y afrocolombianas7.
Es evidente pues, que
aunque estas unidades militares estén emplazadas en zonas dónde el conflicto
con la insurgencia ha sido más agudo, y ese es el argumento que ha utilizado el
gobierno para su existencia, el objetivo clave es la defensa de las
transnacionales en contra de los derechos legítimos al territorio de las
comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, lo que ha provocado
fuertes conflictos sociales, masacres y desplazamientos directamente
relacionadas con esta política invasiva, muchas de ellas realizadas en
connivencia de ejército, paramilitarismo y empresas.
(*): Tomás Gisbert,
investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz. María Jesús Pinto,
activista e investigadora en Derechos Humanos
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1 Para mayor
información ver “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia” de
Frédéric Massé y Johana Camargo, CITpax-Observatorio Internacional sobre DDR y
la Ley de Justicia y Paz.http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen_ejecutivo_DDR_Definitivo.pdf
Censat Agua-Viva y
Mining Watch Canadá. “Tierras y
conflicto - Extracción de recursos, derechos humanos y la responsabilidad
empresarial: compañías canadienses en Colombia”. Septiembre de 2009, pág 2.
2 Col-Prensa-Nuevo
Dia, 4 febr.2014
3 Oro y plomo. Semana
28/07/2009 en http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-plomo/105494-3.
4 José Oro,
vicepresidente de la Gran Colombia Gold manifestó en un documental realizado
por periodistas franceses sobre la minería en Colombia: “Tenemos un contrato
con la Policía, un contrato con el Ejército, un contrato con la Alcaldía”
Langlois, Roméo y Mariani, Pascale, “Pour tout l’or de Colombie”, Woow &
Canal + Production, 2011
5 “Por ‘falso
positivo’ con líder comunal llaman a juicio a cuatro militares”, en El
Espectador,
<">http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-225504-falso-positivo-lider-comunal-llaman-juicio-cuatro-militares>;
6 Sentencia de la
Corte constitucional T-769/09 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm
7 “Estamos en
desplazamiento forzado causado por la empresa Muriel Mining, en Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz, <">http://justiciaypazcolombia.com/Estamos-en-desplazamiento-forzado>;
(11.3.09).