INSTITUCIONES DEMANDAN
A LAS HIDROELECTRICAS POR IGNORAR EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES
(Traducción del portugués y notas al pie agregadas)
<http://www.prro.mpf.mp.br/conteudo.php?acao=diversosLerPublicacao&id=1076>
El Ministerio Público,
OAB y la Defensoría Pública exigen que las actividades de las hidroeléctricas sean
suspendidas hasta que se hagan nuevos estudios de impacto, que los consorcios
sean obligados a ayudar a las víctimas de las inundaciones, y que indemnicen
por daños morales colectivos[1].
El Ministerio Público Federal,
El Ministerio Público del Estado de Rondonia (MP/RO), la Asociación de
Abogados de Brasil (OAB / RO), la Defensoría Pública de la Unión y la
Defensoría Pública del Estado de Rondônia presentaron una demanda civil contra
el IBAMA, Energía Sostenible de Brasil (Hidroeléctrica Jirau) y Santo Antônio
Energia (Hidroeléctrica Santo Antonio) .
Las instituciones
solicitan al Tribunal Federal que obligue de inmediato a las hidroeléctricas a satisfacer
las necesidades básicas (vivienda, alimentación, transporte, educación, salud ,
etc.) de la población afectada por las inundaciones del Río Madeira, mientras
dure la emergencia y hasta que haya una decisión final acerca de la
indemnización, compensación o reasentamiento. Las poblaciones afectadas deben
ser identificadas por la defensa civil local, estatal y federal.
En la demanda, las instituciones
también solicitan a la Corte que ordene al IBAMA suspender de inmediato las
licencias de las hidroeléctricas hasta que se realicen nuevos estudios sobre
los impactos de las represas. Estos nuevos estudios deben ser supervisados por
varios organismos públicos, como Iphan, Agencia Nacional del Agua, y DNIT,
entre otros. Los estudios deben ser acompañados por ingenieros, agrónomos, geólogos,
sociólogos y otros expertos designados por las instituciones y financiadas por los
consorcios.
Las instituciones
también exigen que todos los acusados compensen el daño moral colectivo
estimado en cien millones de reales a ser utilizados para los damnificados por las inundaciones y la
reconstrucción de sus casas. Con esta acción, los instituciones también quieren
una posicionamiento oficial sobre los daños en el área de influencia del Santo
Antônio y Jirau.
Impactos
subdimensionados
La consultora COBRAPE contratada
por el MP/RO y financiada por los consorcios, ya advirtió que el área
inundada y los impactos debidos a las represas podrían ser mayores que los previstos
por Furnas, quien en su momento hizo los estudios que fueron aceptados por el
IBAMA. Los datos de la consultoría fueron entregados a Furnas y a IBAMA. Sin embargo,
el proceso de licenciamiento continuó. Una acción civil fue presentada por el
Ministerio Público pidiendo que el procedimiento fuese anulado, pero la acción
fue rechazada por los tribunales.
Para el Ministerio
Público, la situación de las inundaciones en el río Madera confirma los
análisis de COBRAPE y por esto fue presentada una nueva acción civil pública por
los procuradores de la República Gisele Bleggi y Raphael Bevilaqua, el fiscal Attila
Augusto, la defensora pública federal Mariana Doering, el presidente de OAB,
Andrey Cavalcante y el defensor público del estado, Marco Edson Lima.
Acuerdo Fracasado
El Ministerio Público trató
de llegar a un acuerdo con las hidroeléctrica de Jirau y Santo Antonio para que
ayuden a la población que sufre los impactos causados por las inundaciones
del Río Madeira, pero las hidroeléctricas se negaron a suscribir los términos
de ajuste de conducta (TAC)[2]
.
[1] Incluye entre otros los daños ambientales y a la salud de la comunidad, y
daños al patrimonio histórico y artístico.
[2] Son compromisos asumidos por las partes ante el procurador de la
República entre otras cosas, para compensar daños y prejuicios ya ocasionados.
Es una solución más rápida y eficaz que ir a un juicio.