APRIETE PARA BAJAR EL LIBRO |
"...aunque las pulgas vivan hablando mal del perro, siempre van donde éste las lleva, y éste perro es un capitalista"
La geopolítica de las pulgas del perro capitalista
Introducción a "Geopolítica de las Carreteras y el Saqueo de los Recursos Naturales". Pablo Villegas N., CEDIB, 2013.
El sistema de transporte y la presente conformación
territorial de Bolivia es en gran parte producto de imposiciones externas, a
saber: dos Tratados de guerra, el de 20/10/1904 con Chile, por el cual Bolivia
cede todo su litoral y acepta la imposición de una red de ferrocarriles
controlada por ese país; el de Petrópolis, 17/11/1903, por el que cede el Acre
y otros territorios al Brasil, aceptando también ferrocarriles; y de otras dos
imposiciones externas, la Misión Bohan de 1942 y la política caminera impuesta
por el neoliberalismo desde 1994.
El transporte moderno en Bolivia se inicia con el
ferrocarril de Antofagasta, construido pese a la expresa desautorización del
gobierno boliviano. No obstante, al llegar este ferrocarril al Salar del Carmen
que aún era boliviano, el 1/12/1873, fue inaugurado por el presidente Frías,
seducido porque los chilenos habían bautizado con su nombre la primera
locomotora. Después de la guerra, ese ferrocarril pasó la nueva frontera de
Bolivia llegando a Uyuni, con un ramal hasta la mina Huanchaca. Lo inauguró el
propietario de la mina, convertido en socio del ferrocarril y entonces,
Presidente de la República, Aniceto Arce. En su discurso de inauguración dijo:
“He luchado no solamente con la naturaleza que se opuso
tenazmente a mi proyecto, sino también con vosotros que pensabais que abría un
camino para nuestros pasados enemigos, los chilenos. Pero mis esfuerzos no eran
para eso, eran para que el progreso llame a nuestras puertas y conduzca a
nuestra Patria a un futuro de eterna grandeza. Si hice bien, fue solamente por
cumplir mi deber, y si hice mal aquí me tenéis, matadme”
Las palabras de Arce,
como él mismo revela, se impusieron sobre quienes -a poco de la pérdida del
litoral- temían que continuase la penetración chilena. De esta manera triunfó
con Arce, el pensamiento de que el ferrocarril es desarrollo; o como se dice
hoy, “camino es camino”, no importa por qué, ni cómo.
El tren abrió camino al monopolio comercial de Chile en
Bolivia. Fue la ruina, entre otros, de Santa Cruz y del Chaco y el surgimiento
del regionalismo debido a la desintegración de la economía nacional que ahora
se atribuye a otro tipo de factores, incluso al clima y cuestiones raciales.
El ferrocarril fue un magnífico puente entre uno y otro
saqueo; entre la era de la plata y del estaño, y el encadenamiento de Bolivia a
la producción de materias primas y a la exclusión de la industrialización. Así
es que, en el primer cuarto del Siglo XX, como dice Juan Albarracín Millán,
“...los empresarios mineros no crearon ni una sola industria nacional
(importaban desde clavos, dinamita y herramientas, hasta sacos de yute), no
consumieron, dentro del país, ni un sólo kilo de estaño.” Esa realidad no ha
cambiado y Bolivia sigue esperando aquel futuro de eterna grandeza.
La historia de Bolivia pone en primer plano la visión
geopolítica de las élites que han venido gobernando el país. Para éstas el
territorio nacional era como cualquier mercancía y –lo que convirtieron en una
especie de principio moral- que debía ser utilizado para asociarse al capital transnacional.
Esta oligarquía producto de su histórica incapacidad de
generar capital, siempre ha vivido del Estado, de formas pre-históricas de
explotación de mano de obra y de la actividad económica más simple, la
extracción de materias primas. Por eso no es raro que las transnacionales que penetraban
el territorio saqueando sus recursos naturales y generando problemas
geopolíticos, no fueran vistas como amenazas sino como los soñados socios
capitalistas.
El problema geopolítico de esta oligarquía sólo era el
control interno del territorio aplastando la resistencia social al entreguismo
de los recursos naturales. Eso la convertía en la intermediaria de la
geopolítica extranjera sobre Bolivia. Su mentado racismo tenía su origen en su inferioridad
económica ante los capitalistas extranjeros; tenía que culpar a la raza
indígena. El principal exponente de esta miseria intelectual es Alcides
Arguedas que disfrazó la reacción de los oprimidos como el “...odio instintivo
e intenso de las turbas primitivas hacia la superioridades intelectuales.”
Un siglo más tarde, sin mayores cambios en las
características económicas del país, la doctrina de la seguridad nacional
expresará magníficamente los intereses de esta oligarquía al calificar la
resistencia social interna como la amenaza principal para la existencia de la
nación; y, el atribuirle tal gravedad, justificará todo tipo de
arbitrariedades, represión y asesinatos.
La oligarquía consideraba el territorio boliviano como una
especie de enfermedad de juventud, la “era geográfica de nuestra historia”
decía Aramayo; en consecuencia repudiaban el patriotismo por ser una
“manifestación extrema” que impedía la solución de ese problema. Este pensamiento
sigue vigente en nuestros días. Un ejemplo es Gonzalo Sánchez de Lozada que se refería
como un “trauma” a la oposición social a la privatización de YPFB, que otra
vez, era parte de una política económica sometida al capital transnacional; y
también cuando sostuvo contento que con la IIRSA Bolivia dejaba de ser un país
para convertirse en un territorio de paso.
En la segunda mitad del Siglo XIX, el avance mundial del
capitalismo despertó en esta elite la conciencia del valor de la tierra, del
territorio y de sus recursos. A partir de 1866 sus integrantes y los que
aspiraban a ser asimilados asaltaron las tierras de los indígenas, y para
justificarlo presentaron a sus víctimas como un obstáculo al desarrollo del
país.
Su estrategia fue inteligente; declararon al indígena propietario
de sus tierras y esto, -entonces como ahora-, era bueno para tapar la boca a
los críticos, pero, los indígenas para consolidar su propiedad debían cumplir
un trámite que incluía la compra de sus propias tierras. Fue suficiente para
que fueran despojados y que nuevos dueños tomaran sus tierras con los indígenas
incluidos en ellas.
Reconociendo que este era el objetivo de dicha declaración,
en julio de 1864, 6 meses antes del golpe de Melgarejo, José Vicente Dorado
había escrito en su “Proyecto de Repartición de Tierras y venta de ellas entre
los indígenas”:
“Hemos considerado
que conservar al indígena de una manera inalterable en la posesión de los
terrenos, es perpetuarlo en la eterna ignorancia y atraso en que quiere
mantenerse, prefiriendo el aislamiento en que vive, a tomar parte en nuestras
agitaciones políticas... La libertad concedida a éste de vender sus terrenos es
una medida altamente económica...”. “Exvincular la tierra de las manos muertas
del indígena, ... es convertir a éste de propietario pobre y miserable en
colono rico y acomodado, porque continuando apegado a la tierra que enajenó
como propietario la cultivará como arrendero del nuevo dueño, que siempre necesitará
de él...” (Antezana Ergueta, 2006).
Esta visión de los indígenas y en general de los pequeños
productores como un obstáculo al desarrollo, con grandes recursos en sus “manos
muertas”, como decían los que se las querían quitar, se ha reavivado en
nuestros días. Puesto que el móvil es una nueva ofensiva económica iniciada con
el neoliberalismo, el problema no es solamente boliviano.
Las palabras de Dorado son tan parecidas a las del
expresidente del Perú, Alan García, que trabajó duro para entregar su país al
capital transnacional. Este, justificando la emisión de una serie de Decretos
Ley cuyo objetivo era desposeer a los indígenas y pequeños productores, se quejaba
de millones de hectáreas de tierra y mar con recursos naturales no explotados y
millones de empleos que no se daban justamente por culpa de aquellos. La
explotación de la minería es frenada –decía- por preocupaciones
medioambientalistas; la del mar por la oposición de los pescadores artesanales;
la petrolera por los derechos indígenas; la de la tierra porque estaba en manos
de pobres sin recursos para explotarla. Por ello quería reformar el sistema de
propiedad para que ésta fuera vendible, hipotecable y heredable y llegara
inversión privada. Para ello pretendía: “Cambiar el régimen de concesiones por
el de propiedad formal, propiedades de 5.000 a 20.000 has” en la Amazonía; que
las comunidades pusieran sus tierras a disposición de compradores; que se
privatizara el agua (García, 28-10- 2007); que las condiciones de los impuestos
de la explotación de los recursos naturales se dejen “...al mercado y a la
competencia de los privados” (García, 25-11-2007); que los derechos laborales
se impongan progresivamente, -no como pedían los opositores, la vigencia de
todos ellos de una vez. En el marco reflejado por este pensamiento, se dio la
masacre de Bagua (2009) y otros muchos actos de represión que poco a poco van
sumando la cantidad de muertos, no sólo entre indígenas sino entre peruanos en
general.
Esta campaña contra los indígenas presentándolos en la
actualidad como un obstáculo al desarrollo se da también en Bolivia. “Cuando
queremos construir caminos (...), algunos hermanos indígenas no quieren que se
construya el camino; cuando queremos explorar como gobierno más gas o petróleo
que nos da la Madre Tierra (...), no quieren algunos hermanos; cuando queremos
construir plantas hidroeléctricas (...), no quieren algunos hermanos...”[1]
ha dicho Evo Morales y prometió que el parlamento aprobaría una norma para
“separar la licencia ambiental de la consulta y participación”, con el objetivo
de destrabar las inversiones en proyectos estatales estratégicos.[2]
Quiere decir que se pretende otorgar la licencia ambiental sin consultar a los
indígenas para facilitar las inversiones. Con esa lógica no es extraño que Morales
hubiera declarado “Quieran o no quieran vamos construir este camino...”,
(Página Siete, 30/06/2011), refiriéndose a la carretera a través del TIPNIS, es
decir violando el derecho de los indígenas a la Consulta Previa. También
criticó a los indígenas por la posesión de sus tierras “... son los principales
beneficiarios...”, dijo olvidándose de los latifundistas; en consecuencia anunció
que promovería un debate sobre las TCOs porque allí cada familia tiene más de
800 has promedio; en otra oportunidad dijo que eran 450 has. Este debate
obviamente tendría el objetivo de un replanteo de la propiedad de la tierra y
como a él le parecía demasiado, el objetivo final sería desposeerlos.
Estos discursos fueron seguidos por los dirigentes cooptados
por el gobierno. El 20/07/2011[3]
Pedro Calderón, ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades
Interculturales de Bolivia (CSIB) –antes llamados colonizadores, acusó a los
indígenas de obstaculizar el desarrollo del país por oponerse a la
carretera.[14] El “desarrollo” implicaba también quitarles sus tierras; así el
secretario general de la CSCIB, Gustavo Aliaga declaró: “tarde o temprano
entraremos al TIPNIS por tierras”[4]
y, si los del TIPNIS salían en la marcha (contra la carretera), los
colonizadores se levantarían “por la desigualdad de tierras” y además dijo:
“nos vamos a medir con ellos, cuando pasen por el Chapare o los Yungas”. La
desigualdad a la que se refería era según él que “cada uno de (de los
indígenas) tienen más de 20.000 hectáreas a título de tierras comunitarias de
origen, mientras nosotros apenas contamos entre una y cinco hectáreas.” Por
ello pidió que el gobierno apruebe una ley “que no establezca diferencias tan
grandes de tenencia de tierra.” Poco después, a nombre de la CSUTCB, lanzaron
un anteproyecto de ley de tierras para realizar estos deseos, y entre otras
cosas, da a los propietarios individuales el derecho preferente a las riquezas
del subsuelo. El objeto de esta ley además del régimen de tierras resultaba ser
también la minería en las comunidades.
El 20 de septiembre del 2011, el vicepresidente Álvaro
García Linera justificó la carretera por el TIPNIS como una solución al
abandono, marginación y aislamiento del Estado en que viven los indígenas, sin
escuelas y expuestos a enfermedades, donde tiene que caminar más de dos días
para conseguir atención médica o algún servicio del Estado (ERBOL, 2011). La carretera,
dijo “..., va a permitir que no haya una región muy rica y otras más pobres,
sino que van a existir regiones todas creciendo, (...)”; significa conjurar
dijo, “el ánimo de alguna gente, como en el caso del proyecto político de la
Nación Camba, de dividir Bolivia en dos (...)” que atribuyó también a la
oligarquía de Santa Cruz, “una oligarquía antipatria vinculada a la tierra y al
negocio de la soya...”. (Avalos Cuchallo, 2011).
Esto condensaba en pocas palabras el tradicional pensamiento
económico, social y geopolítico de las viejas elites. Como ellas, el gobierno
nunca mostró un plan de desarrollo del TIPNIS sino solamente el plan de la
carretera; nunca una fundamentación económica de la esperada igualdad regional.
La falta de fundamentos se debe, como en los viejos tiempos, a que dicha carretera
es parte de una política caminera impuesta desde 1994 por el neoliberalismo y
consolidada el 2000 como parte de la IIRSA, a su vez, una imposición del BID y
la oligarquía de Brasil.
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¡Qué terrible! Estas denuncias no vienen de cualquier pinche
guerrillero que lucha contra el Estado burgués desde su jardín; sino de la
segunda cabeza del gobierno que, al hacer estas denuncias se comporta como un
policía que en vez de cumplir su deber se va gimoteando a denunciarlo a la
radio. El gobierno, en vez de cumplir con su deber, culpa a los indígenas y a los
izquierdistas porque al oponerse a la carretera, dice, se oponen a la presencia
del Estado. ¡Terrible!.
“Al oponerse a la
presencia estatal los izquierdistas están precautelando la ya inobjetable presencia
de gobiernos y empresas en el control de la Amazonia.” dice García. Si
preguntamos ¿qué gobiernos y qué empresas? no hallaremos respuesta pese a lo
“inobjetable” del hecho porque lo que dice el gobierno contradice lo que hace.
Hace poco firmó un acuerdo para la lucha contra el narcotráfico y el control de
los cultivos de coca con Brasil y –pese a los discursos contra la DEA- con
EE.UU. La política económica del gobierno se conformó en las negociaciones del
Madera y la nacionalización de los hidrocarburos con Brasil. De allí surgió un
amplio espectro de acuerdos, desde los militares, donde Bolivia reconoce de hecho
la ocupación de Haití, hasta los de infraestructura, energía y política
agraria. Brasil es también el principal acreedor bilateral de Bolivia.
En cuanto a las empresas que se encuentran en la Amazonía,
estas recibieron numerosas y crecientes concesiones mineras, petroleras y
forestales tanto antes como con este gobierno. No existe ningún conflicto con
la oligarquía antipatria de los soyeros, de ello es prueba que en la constitución
se introdujo un artículo que favorece la continuación del latifundio y la Ley
144 que entre otras ventajas legalizó los transgénicos. Esta oligarquía además
es beneficiada con el 40% del diesel subvencionado que se consume en el país.
En cuanto a la Nación Camba consta en la prensa[6]
que sus muchachos ingresaron al MAS. Entonces el problema para el gobierno en la
Amazonía no son otros gobiernos ni empresas.
Ya que la geopolítica refiere a la condición mínima para la
existencia de un país, su territorio, es muy grave que un pueblo pobre que a
nadie le cuesta un centavo, como son los indígenas del TIPNIS, sea considerado
como el problema geopolítico central, una amenaza para el país y porque esto
justificaría que se tomen medidas acordes a la magnitud de la amenaza, lo cual
coincide con la doctrina de seguridad nacional, cuyas consecuencias ya
conocemos.
Este pensamiento explica las acciones del gobierno ante el
TIPNIS caracterizadas por la arbitrariedad y una impresionante falta de moral,
por ejemplo, por la abierta búsqueda de compromisos con integrantes de la
marcha a condición de que traicionen a sus compañeros.
Pero el problema no es sólo el TIPNIS, García acusa a todos
los indígenas; al CONAMAQ (indígenas de tierras altas) y a la CIDOB (indígenas
de tierras bajas). ¡Lo hubiera hecho cuando era candidato a la vicepresidencia,
no ahora! Sostiene que estas organizaciones fueron formadas por el
imperialismo, también las áreas protegidas. Dice que los territorios de los
indígenas (TCOs) y el saneamiento de tierras fueron financiados casi
exclusivamente con fondos extranjeros hasta el 2008.[7]
Luego dice que esto cambió el 2009 con el acceso de los demandantes de tierras
comunitarias a los recursos del IDH y un incremento de fondos del TGN a partir
del 2008, lo que permitió entre otras cosas la titularización de varias
demandas de TCO en tierras altas que habían sido rechazadas por los
financiadores externos.
Como vemos primero ataca a las TCOs y después se jacta de lo
que hicieron por ellas. En el fondo esto significa que las TCOS son un producto
mal habido, ilegítimo por donde se los mire, se dieron vía imperialismo por una
parte y por dádivas del gobierno por otra. Estamos pues ante una fundamentación
para repartir a las trasnacionales todo este corredor de tierras indígenas y
áreas protegidas que cruza el país de sur a norte; pero el problema no son sólo
los indígenas porque estos recursos naturales son propiedad de todos los
bolivianos. El problema con los indígenas es que están situados sobre estos
recursos, en territorios protegidos por las leyes. De ahí el empeño en
presentarlos como un obstáculo al desarrollo, para que el pueblo los culpe de
sus desgracias como hacen los racistas de Europa contra los inmigrantes, lo
cual facilitaría que se despoje a los indígenas de sus derechos y sus tierras.
En el folleto que hemos venido citando, el autor se lanza a
una pundonorosa guerra contra varios ejércitos enemigos, uno de ellos las ONGs
donde en otros tiempos, el mismo autor y sus iguales estuvieron entre sus
paladines más valientes y esforzados; otro es una larga lista de autores e
instituciones a los cuales acusa rabiosamente de mentirosos por haber dicho que
la carretera del TIPNIS era parte de la IIRSA. Aquí nos detendremos, pero antes
una pregunta: si ellos hubieran mentido ¿le daría esto derecho al gobierno de
violar las leyes y la Constitución respecto a los derechos de los pueblos
indígenas y el medio ambiente, como hizo, entre otras cosas, al otorgar el
contrato a la OAS sin cumplir con requisitos legales como el de la consulta previa?
La respuesta es naturalmente que no. Ahora pasaremos a tratar de la IIRSA.
A fin de probar que la carretera del TIPNIS no es parte de
la IIRSA se exponen dos mapas; pero lo raro es que en uno de ellos está el
camino (Pag. 61), y más raro todavía, aparece conectando el TIPNIS con el área
agroindustrial en Rondonia, Brasil, cuya extensión es similar a la del
departamento de La Paz, Bolivia. Más raro aún es que todo el lio del TIPNIS es
porque el gobierno insiste en construir una parte de esta carretera, y que la
empresa constructora y el financiamiento son brasileros.
La IIRSA en palabras del autor, es un plan “... diseñado
para crear corredores bioceánicos que vinculen el este brasilero con el Océano
Pacífico y los mercados de Asia.” (Pag. 59) Esto coincide plenamente con el
proyecto de la carretera por el TIPNIS, porque viene desde el este de Brasil,
se conecta, en el oeste, con los caminos que van al pacífico pasando por la
mitad del TIPNIS. Pese a esto el autor niega su relación con IIRSA. Pero ¿de
cómo es que esa carretera está en el mapa?
Esta carretera es nada menos que parte de la Red Vial
Fundamental (RVF) (http://www.abc.gob.bo/Mapa-de-la-Red-Vial-Fundamental). Si comparamos esta red con un mapa de IIRSA, veremos
que es parte de IIRSA y de aquí surgirá una nueva pregunta: ¿De dónde viene
esta red?
Es una imposición de la banca internacional, en 1994, como
parte de las reformas del neoliberalismo (Molina, 2005), con un nombre que dice
mucho: “Corredores de exportación” que obtuvo su propia Ley de Corredores de
Exportación, que sustituyó las prioridades nacionales de conexión interna por
las necesidades del tránsito internacional. Estos datos vienen del libro del
evento “Geopolítica de los recursos naturales y acuerdos comerciales en
Sudamérica” donde participó el propio García Linera con el tema: “La crisis
boliviana en el contexto regional”.
Más tarde en el año 2000, el BID recalentó un proyecto
brasilero de transporte regional y lo lanzó para toda Sudamérica, como la
Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica (IIRSA) que fue un punto
culminante de las reformas neoliberales en infraestructura porque unió todo en
uno, incluyendo la RVF. Fue en este contexto que Goni dijo, que Bolivia dejaba
de ser un país, para convertirse en un lugar de tránsito.
El resto es cuestión de lógica de 1° de secundaria; si la
RVF es parte de la IIRSA, entonces las partes de la RVF son también partes de
la IIRSA. Para más abundamiento, el mapa que el autor usa como prueba es de la
agenda de implementación consensuada (AIC) 2005-2010, cuyo contenido es
resultado de una priorización de proyectos. En ese mapa tampoco está el
Complejo del Río Madera, pero de todos modos se está construyendo y encaja
perfectamente en la definición de IIRSA que dio García. Brasil impulsa este
proyecto por su cuenta, con su dinero y sus empresas, sin necesidad de
consensuar con el resto de países e instituciones implicadas en la AIC. Lo
mismo ocurre con la carretera del TIPNIS, y con los principales proyectos de
carreteras en Bolivia donde el crédito del Brasil y sus empresas son decisivos.
“si uno tiene la valentía y honestidad intelectual de mirar
detenidamente un mapa de Bolivia, podrá darse cuenta de que si en verdad existe
alguna medida que desmantele la actual geopolítica de ocupación extranjera de
la Amazonía, es precisamente la construcción de este camino.”, dice García.
No entendemos qué de valiente y honesto tiene mirar un mapa,
pero pretender que este camino irá contra la ocupación de la Amazonía no es
correcto. Pero el autor lo niega tanto que llega al extremo de sostener que la
IIRSA “...sólo existe en la imaginación afiebrada de los medioambientalistas” (p.
63). ¿Por qué llega a ese extremo? La respuesta la hallamos cuando el autor se
dirige en su folleto a conocidos intelectuales del extranjero, que según él,
estaban discutiendo sobre la situación política en Bolivia. ¿Cuál es el
problema de la IIRSA en relación a estos intelectuales? El problema es que la
IIRSA es ampliamente reconocida entre los intelectuales de izquierda en el
exterior como la columna vertebral del neoliberalismo en Sudamérica, por lo
cual la participación del gobierno boliviano en la misma, mostraría que su
anticapitalismo proclamado a los cuatro vientos y la orden de erradicar el
capitalismo emanada de los 10 mandamientos de Evo para salvar el planeta, son
puro cuento, además de un insulto a la inteligencia humana sobre lo que es
capitalismo.
“...la revolución avanza por el hecho de que crea una contrarrevolución
fuerte y unida,...”[8].
Con esta intrascendente cita comienza el folleto de García.
Quiere decir que el que piensa diferente a mi es feo y malo, lo cual podía
haber dicho también el Chapulín Colorado, pero tratándose de intelectuales
latinoamericanos de izquierda ¿qué mejor que la autoridad de Lenin para enredar
su análisis, sobre todo cuando la discusión puede desenmascarar el
anticapitalismo del gobierno?
Podría decirse que el autor subestima la inteligencia de los
intelectuales, pero hay otra cosa; una parte de estos, tanto en Latinoamérica
como en otros continentes, usó la mercadotecnia capitalista para hacer política
y ganar “nichos de mercado” utilizando la figura de Evo como su marca, y ahora
está en problemas porque su “clientela” le cuestiona por las macanas que hace y
dice su marca. Pero estos intelectuales de mercado, en vez de recapacitar, van
al mismo charco palabroso del gobierno y hacen como los chanchos que cubren su
sarna con mugre[9]; es
decir frases bonitas, pero también cosas que no ocurrieron.[10]
En fin se recurre a todo tipo de frases marxistas e
indigenistas[11] que
provocarían risa sino fuera por su intención de esconder que la política
económica del gobierno es la continuación del neoliberalismo. Como si fuera una
novedad, la llamaron “pluralismo económico”[12],
pero en 1985, Guillermo Bedregal ya lo definía como “... la coexistencia
armónica de la empresa pública y privada, junto con las organizaciones
empresariales comunitarias, cooperativas, cogestionarias y autogestionarias”
(Bedregal G., 1985). Desde que la Ley 144 pretende convertir a las comunidades en
empresas, la definición de Bedregal coincide plenamente con la del gobierno; a esa
coexistencia se reduce su anticapitalismo.[13]
La negación de la IIRSA es porque al ser ésta la columna
vertebral del neoliberalismo se constituye naturalmente en el parteaguas de las
posiciones políticas sudamericanas respecto al mismo. Fue introducida por las
reformas neoliberales a título de integración. Se trata de un sistema de vías
de comunicación, transporte y energía; pero sobre todo se trata del:
- Establecimiento de un régimen supranacional al servicio de las trasnacionales que impida que las soberanías nacionales perjudiquen sus negocios. Para ello se crea;
- Una variedad de nuevas territorialidades o regiones, tales como acuerdos de integración transfronteriza energética y minera, regiones productoras de materias primas con una creciente independencia de las soberanías nacionales;
- Creación de instancias supranacionales de carácter jurídico internacional de protección de los intereses transnacionales que se sobrepone a los intereses e institucionalidad nacionales, por ejemplo, acuerdos bilaterales de protección a las inversiones y acuerdos energéticos transfronterizos.
El resultado es la primarización de la economía, la entrega
de los recursos naturales y el territorio a las transnacionales, y una
consecuente reducción de la democracia.
Sin alterar estas características, los gobiernos
progresistas y la izquierda de mercado sin nombrarla presentan sus partes o el
todo como la unión latinoamericana frente al imperio norteamericano; pero lo
hacen sin salir de los límites de la geopolítica impuesta por ese imperio, de
la regionalización correspondiente a sus planes de infraestructura y acuerdos
comerciales.
La Comunidad Sudamericana de Naciones, actual UNASUR, se
levantó justamente sobre las bases de esa geopolítica que desintegró
Latinoamérica; IIRSA para Sudamérica, el Plan Puebla Panamá para Centroamérica.
Un resultado de esta desintegración es la participación armada de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Colombia en
la ocupación de Haití. Sólo Petrocaribe rompe esos límites pero sólo un país
sudamericano, Venezuela, participa en el mismo.
Esto muestra la falsedad de las pretensiones geopolíticas de
los “integracionistas” que hablan en contra del imperialismo, y lo hacen
inclusive a nombre de toda Latinoamérica mientras entregan sus territorios y
sus recursos naturales a las trasnacionales. En fin de cuentas, aunque las
pulgas vivan hablando mal del perro, siempre van donde éste las lleva, y éste
perro es un capitalista.
NOTAS
[1] Evo
Morales recrimina a los indígenas que “se oponen al crecimiento nacional” La
Razón, 26-8-11
[2] “Licencia ambiental dejará de lado consulta y
participación”. Miguel Lazcano. La Razón, 13/1/2011
[3] La
carretera del conflicto: cocaleros contra indígenas La Prensa, 20/07/2011.
[4] Tierras.
Colonizadores afines a Evo amenazan a los indígenas por el TIPNIS, 02/08/2011
[5] El
entonces ministro del interior Sacha Llorenti la justificó así:
“...y en esto quiero ser muy enfático; con el único
propósito de evitar un enfrentamiento con consecuencias impredecibles es que se
ha procedido a evacuar a los marchistas para su..., he.., para garantizar su
seguridad y su integridad física. Las razones son razones de preservar la
integridad física, la vida no solamente de los marchistas sino de los pobladores
de Yucumo” (http://www.youtube.com/watch?v=6a8iTnYt4ck) lo que no deja lugar a
dudas que fue el gobierno el que ordenó la represión. Pero más tarde el
gobierno negó haberlo hecho; decidió investigar quién lo hizo y hasta hoy no lo
ha encontrado.
[6] http://patriainsurgente.nuevaradio.org/index.php?p=494
http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=22131
[7] Las
agencias de cooperación europeas (de Dinamarca, Holanda y la UE) estaban
comprometidas con el 36% y la agencia USAID con el 23% de las superficies
planificadas (2008). El resto estaba repartido entre agencias de la ONU, Fondos
Multilaterales, privados y el Estado boliviano.
[8] V. I.
Lenin, Obras Completas. Tomo 11.
[9] Aquí una
muestra de esa mugre extraída del documento citado: poder hacendal-patrimonial;
poder hacendal-patrimonial
y paternal; poder despótico patrimonial; poder
despótico hacendal-empresarial; poder empresarial-patrimonial; “patrimonialización
hacendal” del poder regional; poder territorial señorial y patrimonial; poder
colonial patrimonial convergente; poder patronal regional; poder económico y
político-espiritual; poderes fácticos de terratenientes y madereros; poderes
ilegales, hacendales y extranjeros.
[10] En una
entrevista del 2011, García declaró que las tendencias separatistas del 2008 de
la oligarquía, fueron contenidas porque..., parte de su base material, la
agroindustria, fue ocupada por el Estado (García Linera, 2012). Bien, que eso
hubiera ocurrido no figura en estadística económica alguna, porque no figuran
las cosas que no han pasado. Tampoco figurará en ninguna historia del rubro la
“victoria militar” sobre los separatistas que se menciona en la p.22 de su
libro Las Tensiones Creativas de la Revolución.
[11] García
gusta, sobre todo en sus intervenciones en el extranjero, hablar de sus 3000
libros, dando una muestra clara de ser originario de un pobre país donde ¡él es el
intelectual que tiene libros! ¡oh!
[12] “El
MNR, ajeno a todo dogmatismo... sostiene y propugna para Bolivia la vigencia
del pluralismo económico que implica la coexistencia armónica de la empresa
pública y privada, junto con las organizaciones empresariales comunitarias,
cooperativas, cogestionarias y autogestionarias” (Bedregal G., 1985) lo que
muestra que eso de la economía plural ya fue idea del MNR.
[13] Guillermo
Bedregal, fue pieza clave de los gobiernos del MNR. Su utilización mañosa de
terminología marxista tuvo gran éxito entre la izquierda si vemos la cantidad
de ex - marxistas que treparon alto en los gobiernos neoliberales.
“Implícita o explícitamente el MNR se abreva en el pozo
teórico del creador de llamado ‘socialismo científico’ Karl Marx. A su vez
...(de)...Victor Raúl Aya de la Torre, ... algunas tesis libertarias del
anraquismo de Kropotkin y Proudhon.”, decía Bedregal, mezclando agua con aceite
y otras cosas pero aunque ridícula, esta ensalada tenía de todo y para todos, y
la metieron también en las leyes por ejemplo en la ley de reforma educativa
donde se usan los conceptos de liberación nacional y revolución (art 1), como
ahora se hace con “el vivir bien” y la “madre tierra”.