Lázaro Cárdenas y del Río (1891 - 1970). Presidente de
México entre 1934 y 1940.
"Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha
traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta
afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años,
los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión;
de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas
innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa
potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas
veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad
del verdadero capital de que se habla."
"Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos
salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental,
son los factores del auge de la industria del petróleo en México."
MENSAJE A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON MOTIVO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. MÉXICO, D. F., 18 DE MARZO DE 1938[1]
A la nación: La actitud asumida por las compañías petroleras
negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la
Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de
la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales
por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al
Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación
un remedio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro,
el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la
sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria
de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más
que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que
considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el
equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus
actividades propias y establecería las bases de procedimientos posteriores a que
apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se
vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si
pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar
los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación.
Por otra parte, las compañías petroleras no obstante la actitud
de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se
han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el
Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las
propias compañías, y que éste no negó, y que han dado el resultado que las
mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación,
pretendiendo por este medio, hacer nulas las determinaciones legales dictadas
por las autoridades mexicanas.
Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso,
con seguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras
leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues a la sustracción
de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las
juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo
sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun en el de los fundos
petroleros, implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que
por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también, la necesidad de solucionar
los obstáculos que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la marcha
normal de la producción, para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir
la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos
de las empresas.
Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se
vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada,
pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades
del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transportes,
o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría
que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis incompatible no sólo
con nuestro progreso sino con la paz misma de la nación; paralizaría la vida bancaria
; la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos; las obras públicas
que son de interés general, se harían poco menos que imposibles y la existencia
del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico
por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean
al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso
el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino
una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social
de la clase laborante en todas las industrias del país la que lo exige. Es el interés
público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que
necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la
misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital
extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas,
bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le
imponen autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a
aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras
a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos
de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las
autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías,
vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto
males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se
han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al
pueblo de mi país, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar
de la nación entera, el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias
de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del trabajo que culminará con este
acto de emancipación económica, es el siguiente:
El año de 1934 y en relación con la huelga planteada por los
diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la Compañía de Petróleo El Águila,
S. A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó intervenir con el carácter de árbitro a fin
de procurar un avenimiento conciliatorio entre las partes.
En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre
del mismo año una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar
aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.
A fines de 1935 y principios de 1936 el C. jefe del Departamento
del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó diversos laudos sobre nivelación,
uniformidad de salarios y casos de contratación, tomando como base el principio
constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.
Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el propio
Departamento a una conferencia a los representantes de las diversas agrupaciones
sindicales, y en ella se llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se
hallaban pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y análisis
posteriores encomendados a comisiones integradas por representantes de trabajadores
y patrones.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó entonces a
una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos de un contrato
colectivo que fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue propuesto.
En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evitar
que la huelga estallara, se dieron instrucciones al jefe del Departamento del Trabajo
para que, con la aquiescencia de las partes, procurara la celebración de una convención
obrero-patronal encargada de fijar de común acuerdo los términos del contrato colectivo
y mediante un convenio que se firmó el 27 de noviembre de 1936. En tal convención,
las empresas presentaron sus contraproposiciones y en vista de la lentitud de los
trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo las cláusulas en económicas,
sociales y administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades existentes para lograr
un acuerdo entre los trabajadores y las empresas, cuyos puntos de vista se
alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las proposiciones de los
obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores la falta de comprensión
de las necesidades sociales y la intransigencia de las compañías, por lo que la
huelga estalló en mayo de 1937. Las compañías ofrecieron, entonces y en respuesta
a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el sindicato
de trabajadores, a su vez, resolvió plantear ante la Junta de Conciliación el conflicto
económico y levantó la huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y
Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas
fue designada, con el fin indicado por el presidente de la Junta, una comisión de
peritos constituida por personas de alta calidad moral y preparación adecuada.
La comisión rindió su dictamen, encontrando que las empresas
podían pagar por las prestaciones que en el mismo se señalan, la cantidad de $
26.332.756.00 contra la oferta que hicieran las 17 compañías petroleras durante
la huelga de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones
consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta,
pero las empresas arguyeron que la cantidad señalada era excesiva y podría significar
una erogación mucho mayor que conceptuaron en un monto de $ 41.000.000.00.
Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo auspició
la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y
las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran
a un arreglo, lo que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las
compañías.
Sin embargo de ello, deseando el poder público una vez más
lograr un convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordenó a las
autoridades del trabajo que hicieran saber a las compañías petroleras su disposición
de intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones
que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, y que más tarde podrían
prestarse a interpretaciones indebidas y asegurándoles que las prestaciones
señaladas por el laudo no rebasarían, en manera alguna, los $ 26.332.756.00, no
habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del Ejecutivo, el resultado
que se perseguía.
En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo
para llegar a una final conclusión del asunto dentro de términos conciliatorios
y que abarcan períodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo
este estado de cosas, quedó establecida la intransigencia de las compañías
demandadas.
Es por lo tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución
para que la dignidad del gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos y actitudes
menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la
aplicación de la Ley de Expropiación.
Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve
historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos
con que han desarrollado sus actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha
traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta
afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años,
los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión;
de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas
innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa
potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas
veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad
del verdadero capital de que se habla.
Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos
salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental,
son los factores del auge de la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de
los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela,
o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un
campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos
millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no
existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas
y alguna vez ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno,
hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en
beneficio de las empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma
la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero;
mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección
contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas
siempre regateados para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y
agotantes para los nuestros.
Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la
ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país,
es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no
supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza
que han venido disfrutando.
Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria
petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más
dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque
indebida intervención de las empresas, en la política nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas
fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana
y en el Istmo de Tehuantepec, durante los años de 1917 a 1920 contra el
gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores
a la que señalamos y aun contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi
sin disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez
que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación
de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han
tenido dinero, armas y municiones para la rebelión. Dinero para la prensa
antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores.
Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa
compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas
operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan
los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay
dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen
mismo de sus ganancias.
Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia
les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la
dignidad y la soberanía "de una nación que les ha entregado con largueza sus
cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales,
la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.
Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este
breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este
estado de cosas permanente en que el país se debate sintiendo frenado su
progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los
obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas
y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de
poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca llevar a su pueblo mediante
sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus
destinos.
Planteada así la única solución que tiene este problema,
pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo
una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que
no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República,
y para ello, sólo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones
que el propio gobierno tuviere que dictar.
Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de
todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este período
de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la
Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo
mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el
compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra
economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si
el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de
cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente con numerario y
elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica
de México.
Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan
de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas,
industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este
momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo
el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el
propio esfuerzo de sus ciudadanos.
Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma
acalorada en el ambiente internacional, pudieran temer de este acto de
exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de
materias primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más
poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se
apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las
naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación
decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad
evolucionista de los pueblos ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran
el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que
tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto.
Gral. Lázaro Cárdenas, presidente de la República; Lic.
Daniel V. Valencia, presi dente de la Suprema Corte de Justicia; Gral. e Ing. Eduardo
Hay, secretario de Relaciones Exteriores; Lic. Eduardo Suárez, secretario de Hacienda
y Crédito Público; Agustín Arroyo Ch.; Lic. Antonio Villalobos ; Gral. Manuel
Avila Camacho; Lic. Amador Coutiño C., procurador general del Distrito; Gral.
Tirso Hernández; Lic. Silva no Barba González; Dr. Salvador Zubirán; Efraín
Buenrostro; Gral. Francisco J. Múgica ; Dr. Alfonso Priani, secretario general del
Departamento Central ; Ing. Antonio Madrazo, jefe del Departamento de Ferrocarriles
Nacionales; Ing. Miguel A. de Quevedo, jefe del Departamento Forestal y de Caza
y Pesca; Ing. Fernando Foglio, subsecretario de Agricultura y Fomento; Dr. Leonides
Andrew Almazán, jefe del Departamento S. Pública; Lic. Genaro V. Vázquez, procurador
general de la República; Ing. Manuel Santillán, Petróleos de México; Lic. Vicente
Santos Guajarcio, subsecretario de Gobernación; Lic. Gonzalo Vázquez Vela, secretario
de Educación Pública; Lic. Enrique Calderón, Comisión de Estudios de la
Presidencia; Lic. Raúl Castellanos, secretario particular del presidente de la República.
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOBRE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. MÉXICO, D. F., 21 DE MARZO DE 1938[2]
Para precisar mejor el alcance y posibles efectos que en otras
actividades de la vida económica del país pudiera tener la aplicación del decreto
de expropiación de los bienes de las compañías petroleras, el Ejecutivo de mi cargo
desea ilustrar la opinión del público y al efecto declara lo siguiente:
1] Que por las condiciones peculiares del caso en que se
agotaron todas las medidas de conciliación, el Ejecutivo de mi cargo se vio en la
imperiosa necesidad de decretar la expropiación aludida como una medida totalmente
excepcional, y, por lo tanto, no se extenderá a las demás actividades del país,
las que el gobierno ve con simpatía y considera necesarias para el
desenvolvimiento nacional.
2] En consecuencia, las medidas que el gobierno irá tomando
gradualmente con relación a la aplicación del decreto de expropiación de los bienes
de compañías petroleras serán aquellas relacionadas íntimamente con la explotación,
administración y venta de los productos del petróleo. Por lo tanto ningunas
otras disposiciones van a dictarse que puedan afectar la confianza del país
sobre otros negocios, sobre la propiedad, sobre los depósitos, sobre los valores
y demás inversiones que el gobierno está dispuesto a proteger conforme las leyes
respectivas.
3] Que estas declaraciones las hace el Ejecutivo de mi cargo
para disipar el temor que infundadamente pudiera crearse o haberse creado con motivo
de rumores que han lanzado a la publicidad partes interesadas en que se interprete,
equivocada y desorientadamente, la medida que el gobierno se vio obligado a
tomar con relación al caso del petróleo.
4] Que el abandono del tipo de cambio decretado por el
consejo del Banco de México, es transitorio y no significa que esa institución
prescinda de su papel de regulador de la moneda y obedece a la necesidad de proteger
su reserva, que seguirá usando más tarde para estabilizar el mercado de cambios
y sostener el valor de la moneda en el mercado interior. Para devolver al público
la confianza que pudiera haber perdido transitoriamente, el Banco de México ha tomado
disposiciones como por ejemplo, el canje que ilimitadamente ha empezado a hacer
de pesos plata con ley de 0.720 por billetes y certificados emitidos por dicha institución.
5] Que el Ejecutivo considera que estas y otras medidas que ha
adoptado o adopte en el futuro el Banco de México, tienden a mantener íntegro
el sistema bancario del país, por los beneficios que éste pueda seguir prestando
a la economía nacional y, al efecto, las dependencias oficiales que tienen relación
con la vida bancaria, dictarán las disposiciones que sean pertinentes para robustecer
y afianzar el crédito.
6] El gobierno empleará igualmente los medios necesarios para
proteger y alentar las inversiones en valores mobiliarios, en el mejoramiento urbano,
así como aquellas de otro orden que signifiquen un desarrollo económico para el
país o un beneficio de carácter social.
7] Asimismo, el gobierno procurará que las obras previstas en
el presupuesto, continúen realizándose dentro de los límites ya marcados.
El Ejecutivo espera que estas declaraciones contribuyan a normalizar
el sentimiento público, y a procurarle una comprensión más clara del problema que
está resolviéndose, y que la nación preste al gobierno su apoyo para que el
país continúe su marcha regular, sin tropiezos, pues todas las medidas que este
Ejecutivo ha tomado y tome en el futuro están inspiradas en un espíritu de mejoramiento
para el pueblo mexicano.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL TERMINAR LA MANIFESTACIÓN DE APOYO POR LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. MÉXICO, D. F., 23 DE MARZO DE 1938[3]
El pueblo todo del país ha respondido con su entusiasmo y
aun con ofrecimientos económicos solidarizándose en el trascendental acto a que
se vio obligado a recurrir el gobierno por la actitud rebelde de las compañías petroleras,
negándose a obedecer el fallo del más alto tribunal de la República. Algunos sectores
consideraban que podría ocurrir algo más grave que el pánico que iba a producirse
en el ánimo de los poseedores de cantidades depositadas en los bancos y de billetes
que se ha n apresurado a cambiar por moneda metálica, como si el peligro de la
patria radicara en una disminución de las economías privadas. Afortunadamente
para la mejor y más exacta comprensión sobre en dónde radica el peligro de nuestra
nacionalidad, los alarmistas se van serenando y los especuladores están viendo lo
inútil de su conducta desleal y antipatriótica.
Ya hemos declarado que ningún fundamento tienen las
versiones de los alarmistas y de los emboscados que son aquellos que, apasionados
por la política personalista, siguen ciegos negándose a participar en la
independencia económica de México.
¿Qué hay peligro en ello? ¿Que el país necesita hacer algún sacrificio?
No hay duda; pero ante el peligro que ciertamente no es de una intervención
armada, está respondiendo el pueblo ofreciendo no sólo su contribución
económica sino aun sus vidas si fuere necesario.
Algunos sacrificios económicos habrá que hacer, no sin ellos
podrá conseguirse la independencia que nuestro pueblo reclama. Y no vamos a
obtenerla por la fuerza ni a negarnos a pagar lo expropiado. Nos situamos en un
plano legal y moral para hacer grande y respetado a nuestro país.
Debemos reconocer nuestros compromisos y obligaciones y
contestar con actos de altura a la labor que la prensa de distintos países viene
haciendo en contra de México. Debemos organizarnos para principiar
inmediatamente la indemnización de lo expropiado que es el paso que en estos
momentos se impone, pues no sería justo que dejáramos esta deuda a las
generaciones futuras.
Y en casos tan trascendentales como éste en que se ha
manifestado una vez más el anhelo del pueblo por su independencia económica,
dejaremos que el propio pueblo del país organice su cooperación y nos diga, hoy
o mañana, cuál será la forma de su contribución para liberar nuestra riqueza petrolera.
Sí debo insistir ante toda la nación en pedir que su
respaldo se manifieste siempre en una acción disciplinada, que nos permita salvar
el honor y el decoro de nuestra nacionalidad.
El pueblo de México debe tener confianza en el porvenir. La Revolución
constituida en gobierno, en estrecho abrazo con los patriotas de todo el país, salvarán
el honor de México.
Por último, es oportuno declarar en estos momentos solemnes,
para conocimiento de los países de todo el mundo, que los mexicanos harán honor
a su deuda con el extranjero.
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. MÉXICO, D. F., 26 DE MARZO DE 1938[4]
Ha pasado sólo una semana de la expedición del decreto que expropió
en favor de la nación los bienes que constituyen la industria petrolera del país,
y ya vuelvo a tener el honor de dar cuenta al pueblo mexicano del proceso que se
sigue para llevar a feliz término tan trascendente resolución, pues pueblo y gobierno
sienten la urgencia de conocer hasta el detalle las actividades emprendidas, el
uno, y de obtener el otro, el constante referéndum de la opinión nacional que lo
estimule y lo aliente con el ininterrumpido esfuerzo que es menester desarrollar
para tan patriótico empeño.
Apenas acallado el oleaje de entusiasmo que llenó los ámbitos
enteros del país, en testimonio de respaldo para el acto de gobierno que hubo necesidad
de producir ante la actitud de las compañías petroleras, rebelándose contra la ley
y la justicia, se presentaron en masa los ciudadanos gobernadores de los estados
para testimoniar en distintas formas, todas ellas llenas de dignidad y de conciencia
de la gran responsabilidad que tenemos en esta hora, su cooperación y su contingente
y poniendo a disposición del gobierno distintos estudios de índole económica, así
como sus reiterados propósitos de su aportación oficial y personal para coadyuvar
eficazmente al coronamiento del f in enunciado en el decreto de expropiación.
A tales factores de entusiasmo y de cooperación tan respetables
como eficaces, puesto que representan un esfuerzo coordinado y orgánico de las entidades
federativas, deben unirse las numerosas ofertas y remisiones en efectivo, que juntamente
con variadas iniciativas, se están recibiendo, ya de ciudadanos como de
autoridades; de gremios de trabajadores, como de importantes instituciones
patronales, confirmando una vez más la compenetración existente entre las
tendencias que representa el gobierno y las necesidades que debe remediar el país.
Desprendiéndose de aquí, como una lógica consecuencia de los factores en juego y
del interés de la nación entera, hondamente preocupada por su presente y por su
futuro, que es menester sintetizar en breves y lacónicas conclusiones el
programa a seguir para cohonestar la presencia de un problema inesperado, pero de
ineludible resolución con las normales y acostumbradas actividades del gobierno,
que tiene un programa por cumplir y que desea cumplir, y un anhelo de progreso nacional
inaplazable por satisfacer.
¿Y cómo contestar estos imperativos categóricos, con nuestras
modestas posibilidades económicas y lo complejo de la organización
indispensable para lograr el fin propuesto?
Basta, en mi concepto, con precisar en síntesis clara la amplitud
del problema, los factores morales puestos en juego para abordarlo y la noble actitud
del pueblo que acepta y se impone por su propia iniciativa, un sacrificio en su
economía y un gravamen en su esfuerzo productor.
Precisando, diremos que existe una ingente necesidad de pagar
dentro de los términos de la ley, la deuda procedente del acto de la expropiación,
y es también necesario mantener en estado de actividad normal la obra constructiva
emprendida por el gobierno en todo el país, para darle un futuro de prosperidad
y crear a los ciudadanos una fuente de ocupación permanente.
Carreteras; obras de irrigación; rehabilitación y fomento de
las líneas férreas ya construidas; conclusión de los ferrocarriles iniciados;
construcción de edificios escolares y de cultura superior; obras de salubridad
y prosecución de los trabajos que se verifiquen en distintos puertos de nuestros
litorales para incrementar de esta manera la economía de varias regiones del país.
Para ello contamos con los recursos ordinarios del presupuesto.
Y con el propósito de aprovechar el entusiasmo popular y las
reiteradas ofertas, se ha formulado un proyecto de decreto que se enviará a las
cámaras de la Unión, creando un empréstito interior que se colocará y manejará
en la forma que el propio decreto lo indica, para facilitar y encauzar el entusiasmo
del pueblo, que en esta ocasión se ha puesto del lado del gobierno con perfiles
de entusiasmo inusitado aunque muy explicable, y con enérgicos propósitos de coadyuvar
con todo su esfuerzo al logro de su definitiva emancipación económica.
Además, ya se ha tomado posesión de los bienes enteros de las
compañías petroleras y seleccionado el personal directivo de entre nuestros más
connotados técnicos y administradores, así como de los más responsables miembros
del Sindicato de Trabajadores Petroleros, para que dirijan la nueva explotación
nacional, pudiendo asegurar desde este momento que la honradez de los
directores nombrados, es acrisolada e insospechable, y que los trabajadores en masa
han respondido con espíritu de sacrificio y de abnegación que el gobierno sabe será
un factor constante de cooperación.
Hemos también dictado las medidas necesarias para que los
fondos procedentes de la explotación petrolera se dediquen preferentemente al fomento
y aprovechamiento de la misma industria y a la amortización de la deuda contraída
por la nacionalización del petróleo, pues es evidente que una distribución inteligente
de este factor nos garantizará el cumplimiento de la obligación contraída y sólo
en forma perentoria o fortuita podrá gravitar la solvencia del compromiso,
sobre los recursos ordinarios del pueblo y para cuyo efecto se ha aceptado la oferta
popular, de contribuir con los fondos individuales de los ciudadanos a reforzar
la solvencia de la nación, para que quede asegurado el éxito.
Hay que tomar en cuenta asimismo, que el gobierno de los
Estados Unidos del Norte, ha anunciado que las compras de parte de la producción
de la plata que venía haciendo a México, serán canceladas desde el día primero de
abril próximo, y deseamos que al ser conocido por la nación este hecho, juzgue con
la necesaria serenidad y justeza, pues se trata de un acto verificado por la voluntad
de aquel gobierno y estamos preparados para evitar que los efectos de tal determinación
repercutan en forma lesiva para nuestra economía, pues bastará que los productores
del metal blanco pongan de su parte la necesaria cooperación con el gobierno para
que nuestra producción pueda ser colocada en el mercado mundial.
Es sin embargo indispensable, y así lo encarezco a la nación
entera, que el pueblo mantenga viva su actitud de entusiasmo y de confianza en el
gobierno nacional y en los gobiernos de las respectivas entidades, para que,
conservada en forma absoluta la tranquilidad en los centros de trabajadores y
estimulando el desarrollo de las actividades productoras, el esfuerzo sea unánime
y fructífero, sin desviaciones perjudiciales que pudieran hacerlo negativo o por
lo menos de difícil encauzamiento, ya que ello no sería digno de las virtudes cívicas
puestas de manifiesto en estos momentos culminantes de la vida nacional, ni digno
de la tradición de acendrado amor a la patria que el pueblo mexicano acaba de patentizar
ante el mundo.