EXTRACTOS: LAZARO CARDENAS SOBRE LA NACIONALIZACION DEL PETROLEO EN MEXICO


Lázaro Cárdenas y del Río (1891 - 1970). Presidente de México entre 1934 y 1940.

"Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla."

"Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México."






MENSAJE A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON MOTIVO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. MÉXICO, D. F., 18 DE MARZO DE 1938[1]

 

A la nación: La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación.

Por otra parte, las compañías petroleras no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que éste no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio, hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas.

Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, con seguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues a la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun en el de los fundos petroleros, implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también, la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas.

Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso sino con la paz misma de la nación; paralizaría la vida bancaria ; la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos; las obras públicas que son de interés general, se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.

Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país.

Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.

En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera, el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio.

La historia del conflicto del trabajo que culminará con este acto de emancipación económica, es el siguiente:

El año de 1934 y en relación con la huelga planteada por los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la Compañía de Petróleo El Águila, S. A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó intervenir con el carácter de árbitro a fin de procurar un avenimiento conciliatorio entre las partes.

En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre del mismo año una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.

A fines de 1935 y principios de 1936 el C. jefe del Departamento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y casos de contratación, tomando como base el principio constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.

Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el propio Departamento a una conferencia a los representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ella se llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y análisis posteriores encomendados a comisiones integradas por representantes de trabajadores y patrones.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó entonces a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos de un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue propuesto.

En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al jefe del Departamento del Trabajo para que, con la aquiescencia de las partes, procurara la celebración de una convención obrero-patronal encargada de fijar de común acuerdo los términos del contrato colectivo y mediante un convenio que se firmó el 27 de noviembre de 1936. En tal convención, las empresas presentaron sus contraproposiciones y en vista de la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras. Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas, cuyos puntos de vista se alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las proposiciones de los obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores la falta de comprensión de las necesidades sociales y la intransigencia de las compañías, por lo que la huelga estalló en mayo de 1937. Las compañías ofrecieron, entonces y en respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el sindicato de trabajadores, a su vez, resolvió plantear ante la Junta de Conciliación el conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio.

En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas fue designada, con el fin indicado por el presidente de la Junta, una comisión de peritos constituida por personas de alta calidad moral y preparación adecuada.

La comisión rindió su dictamen, encontrando que las empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo se señalan, la cantidad de $ 26.332.756.00 contra la oferta que hicieran las 17 compañías petroleras durante la huelga de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las empresas arguyeron que la cantidad señalada era excesiva y podría significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en un monto de $ 41.000.000.00.

Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo auspició la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las compañías.

Sin embargo de ello, deseando el poder público una vez más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordenó a las autoridades del trabajo que hicieran saber a las compañías petroleras su disposición de intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones indebidas y asegurándoles que las prestaciones señaladas por el laudo no rebasarían, en manera alguna, los $ 26.332.756.00, no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del Ejecutivo, el resultado que se perseguía.

En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo para llegar a una final conclusión del asunto dentro de términos conciliatorios y que abarcan períodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedó establecida la intransigencia de las compañías demandadas.

Es por lo tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución para que la dignidad del gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos y actitudes menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación.

Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades.

Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México.

Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y alguna vez ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las empresas.

¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre regateados para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros.

Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.

Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas, en la política nacional.

Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores a la que señalamos y aun contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.

Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía "de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.

Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca llevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.

Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.

El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello, sólo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviere que dictar.

Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este período de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México.

Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.

Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran temer de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de materias primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto.



Gral. Lázaro Cárdenas, presidente de la República; Lic. Daniel V. Valencia, presi dente de la Suprema Corte de Justicia; Gral. e Ing. Eduardo Hay, secretario de Relaciones Exteriores; Lic. Eduardo Suárez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Agustín Arroyo Ch.; Lic. Antonio Villalobos ; Gral. Manuel Avila Camacho; Lic. Amador Coutiño C., procurador general del Distrito; Gral. Tirso Hernández; Lic. Silva no Barba González; Dr. Salvador Zubirán; Efraín Buenrostro; Gral. Francisco J. Múgica ; Dr. Alfonso Priani, secretario general del Departamento Central ; Ing. Antonio Madrazo, jefe del Departamento de Ferrocarriles Nacionales; Ing. Miguel A. de Quevedo, jefe del Departamento Forestal y de Caza y Pesca; Ing. Fernando Foglio, subsecretario de Agricultura y Fomento; Dr. Leonides Andrew Almazán, jefe del Departamento S. Pública; Lic. Genaro V. Vázquez, procurador general de la República; Ing. Manuel Santillán, Petróleos de México; Lic. Vicente Santos Guajarcio, subsecretario de Gobernación; Lic. Gonzalo Vázquez Vela, secretario de Educación Pública; Lic. Enrique Calderón, Comisión de Estudios de la Presidencia; Lic. Raúl Castellanos, secretario particular del presidente de la República.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOBRE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. MÉXICO, D. F., 21 DE MARZO DE 1938[2]


Para precisar mejor el alcance y posibles efectos que en otras actividades de la vida económica del país pudiera tener la aplicación del decreto de expropiación de los bienes de las compañías petroleras, el Ejecutivo de mi cargo desea ilustrar la opinión del público y al efecto declara lo siguiente:

1] Que por las condiciones peculiares del caso en que se agotaron todas las medidas de conciliación, el Ejecutivo de mi cargo se vio en la imperiosa necesidad de decretar la expropiación aludida como una medida totalmente excepcional, y, por lo tanto, no se extenderá a las demás actividades del país, las que el gobierno ve con simpatía y considera necesarias para el desenvolvimiento nacional.

2] En consecuencia, las medidas que el gobierno irá tomando gradualmente con relación a la aplicación del decreto de expropiación de los bienes de compañías petroleras serán aquellas relacionadas íntimamente con la explotación, administración y venta de los productos del petróleo. Por lo tanto ningunas otras disposiciones van a dictarse que puedan afectar la confianza del país sobre otros negocios, sobre la propiedad, sobre los depósitos, sobre los valores y demás inversiones que el gobierno está dispuesto a proteger conforme las leyes respectivas.

3] Que estas declaraciones las hace el Ejecutivo de mi cargo para disipar el temor que infundadamente pudiera crearse o haberse creado con motivo de rumores que han lanzado a la publicidad partes interesadas en que se interprete, equivocada y desorientadamente, la medida que el gobierno se vio obligado a tomar con relación al caso del petróleo.

4] Que el abandono del tipo de cambio decretado por el consejo del Banco de México, es transitorio y no significa que esa institución prescinda de su papel de regulador de la moneda y obedece a la necesidad de proteger su reserva, que seguirá usando más tarde para estabilizar el mercado de cambios y sostener el valor de la moneda en el mercado interior. Para devolver al público la confianza que pudiera haber perdido transitoriamente, el Banco de México ha tomado disposiciones como por ejemplo, el canje que ilimitadamente ha empezado a hacer de pesos plata con ley de 0.720 por billetes y certificados emitidos por dicha institución.

5] Que el Ejecutivo considera que estas y otras medidas que ha adoptado o adopte en el futuro el Banco de México, tienden a mantener íntegro el sistema bancario del país, por los beneficios que éste pueda seguir prestando a la economía nacional y, al efecto, las dependencias oficiales que tienen relación con la vida bancaria, dictarán las disposiciones que sean pertinentes para robustecer y afianzar el crédito.

6] El gobierno empleará igualmente los medios necesarios para proteger y alentar las inversiones en valores mobiliarios, en el mejoramiento urbano, así como aquellas de otro orden que signifiquen un desarrollo económico para el país o un beneficio de carácter social.

7] Asimismo, el gobierno procurará que las obras previstas en el presupuesto, continúen realizándose dentro de los límites ya marcados.

El Ejecutivo espera que estas declaraciones contribuyan a normalizar el sentimiento público, y a procurarle una comprensión más clara del problema que está resolviéndose, y que la nación preste al gobierno su apoyo para que el país continúe su marcha regular, sin tropiezos, pues todas las medidas que este Ejecutivo ha tomado y tome en el futuro están inspiradas en un espíritu de mejoramiento para el pueblo mexicano.
  

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL TERMINAR LA MANIFESTACIÓN DE APOYO POR LA EXPROPIACIÓN PETROLERA. MÉXICO, D. F., 23 DE MARZO DE 1938[3]

 

El pueblo todo del país ha respondido con su entusiasmo y aun con ofrecimientos económicos solidarizándose en el trascendental acto a que se vio obligado a recurrir el gobierno por la actitud rebelde de las compañías petroleras, negándose a obedecer el fallo del más alto tribunal de la República. Algunos sectores consideraban que podría ocurrir algo más grave que el pánico que iba a producirse en el ánimo de los poseedores de cantidades depositadas en los bancos y de billetes que se ha n apresurado a cambiar por moneda metálica, como si el peligro de la patria radicara en una disminución de las economías privadas. Afortunadamente para la mejor y más exacta comprensión sobre en dónde radica el peligro de nuestra nacionalidad, los alarmistas se van serenando y los especuladores están viendo lo inútil de su conducta desleal y antipatriótica.

Ya hemos declarado que ningún fundamento tienen las versiones de los alarmistas y de los emboscados que son aquellos que, apasionados por la política personalista, siguen ciegos negándose a participar en la independencia económica de México.

¿Qué hay peligro en ello? ¿Que el país necesita hacer algún sacrificio? No hay duda; pero ante el peligro que ciertamente no es de una intervención armada, está respondiendo el pueblo ofreciendo no sólo su contribución económica sino aun sus vidas si fuere necesario.

Algunos sacrificios económicos habrá que hacer, no sin ellos podrá conseguirse la independencia que nuestro pueblo reclama. Y no vamos a obtenerla por la fuerza ni a negarnos a pagar lo expropiado. Nos situamos en un plano legal y moral para hacer grande y respetado a nuestro país.

Debemos reconocer nuestros compromisos y obligaciones y contestar con actos de altura a la labor que la prensa de distintos países viene haciendo en contra de México. Debemos organizarnos para principiar inmediatamente la indemnización de lo expropiado que es el paso que en estos momentos se impone, pues no sería justo que dejáramos esta deuda a las generaciones futuras.

Y en casos tan trascendentales como éste en que se ha manifestado una vez más el anhelo del pueblo por su independencia económica, dejaremos que el propio pueblo del país organice su cooperación y nos diga, hoy o mañana, cuál será la forma de su contribución para liberar nuestra riqueza petrolera.

Sí debo insistir ante toda la nación en pedir que su respaldo se manifieste siempre en una acción disciplinada, que nos permita salvar el honor y el decoro de nuestra nacionalidad.

El pueblo de México debe tener confianza en el porvenir. La Revolución constituida en gobierno, en estrecho abrazo con los patriotas de todo el país, salvarán el honor de México.

Por último, es oportuno declarar en estos momentos solemnes, para conocimiento de los países de todo el mundo, que los mexicanos harán honor a su deuda con el extranjero.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. MÉXICO, D. F., 26 DE MARZO DE 1938[4]

  
Ha pasado sólo una semana de la expedición del decreto que expropió en favor de la nación los bienes que constituyen la industria petrolera del país, y ya vuelvo a tener el honor de dar cuenta al pueblo mexicano del proceso que se sigue para llevar a feliz término tan trascendente resolución, pues pueblo y gobierno sienten la urgencia de conocer hasta el detalle las actividades emprendidas, el uno, y de obtener el otro, el constante referéndum de la opinión nacional que lo estimule y lo aliente con el ininterrumpido esfuerzo que es menester desarrollar para tan patriótico empeño.

Apenas acallado el oleaje de entusiasmo que llenó los ámbitos enteros del país, en testimonio de respaldo para el acto de gobierno que hubo necesidad de producir ante la actitud de las compañías petroleras, rebelándose contra la ley y la justicia, se presentaron en masa los ciudadanos gobernadores de los estados para testimoniar en distintas formas, todas ellas llenas de dignidad y de conciencia de la gran responsabilidad que tenemos en esta hora, su cooperación y su contingente y poniendo a disposición del gobierno distintos estudios de índole económica, así como sus reiterados propósitos de su aportación oficial y personal para coadyuvar eficazmente al coronamiento del f in enunciado en el decreto de expropiación.

A tales factores de entusiasmo y de cooperación tan respetables como eficaces, puesto que representan un esfuerzo coordinado y orgánico de las entidades federativas, deben unirse las numerosas ofertas y remisiones en efectivo, que juntamente con variadas iniciativas, se están recibiendo, ya de ciudadanos como de autoridades; de gremios de trabajadores, como de importantes instituciones patronales, confirmando una vez más la compenetración existente entre las tendencias que representa el gobierno y las necesidades que debe remediar el país. Desprendiéndose de aquí, como una lógica consecuencia de los factores en juego y del interés de la nación entera, hondamente preocupada por su presente y por su futuro, que es menester sintetizar en breves y lacónicas conclusiones el programa a seguir para cohonestar la presencia de un problema inesperado, pero de ineludible resolución con las normales y acostumbradas actividades del gobierno, que tiene un programa por cumplir y que desea cumplir, y un anhelo de progreso nacional inaplazable por satisfacer.

¿Y cómo contestar estos imperativos categóricos, con nuestras modestas posibilidades económicas y lo complejo de la organización indispensable para lograr el fin propuesto?

Basta, en mi concepto, con precisar en síntesis clara la amplitud del problema, los factores morales puestos en juego para abordarlo y la noble actitud del pueblo que acepta y se impone por su propia iniciativa, un sacrificio en su economía y un gravamen en su esfuerzo productor.

Precisando, diremos que existe una ingente necesidad de pagar dentro de los términos de la ley, la deuda procedente del acto de la expropiación, y es también necesario mantener en estado de actividad normal la obra constructiva emprendida por el gobierno en todo el país, para darle un futuro de prosperidad y crear a los ciudadanos una fuente de ocupación permanente.

Carreteras; obras de irrigación; rehabilitación y fomento de las líneas férreas ya construidas; conclusión de los ferrocarriles iniciados; construcción de edificios escolares y de cultura superior; obras de salubridad y prosecución de los trabajos que se verifiquen en distintos puertos de nuestros litorales para incrementar de esta manera la economía de varias regiones del país. Para ello contamos con los recursos ordinarios del presupuesto.

Y con el propósito de aprovechar el entusiasmo popular y las reiteradas ofertas, se ha formulado un proyecto de decreto que se enviará a las cámaras de la Unión, creando un empréstito interior que se colocará y manejará en la forma que el propio decreto lo indica, para facilitar y encauzar el entusiasmo del pueblo, que en esta ocasión se ha puesto del lado del gobierno con perfiles de entusiasmo inusitado aunque muy explicable, y con enérgicos propósitos de coadyuvar con todo su esfuerzo al logro de su definitiva emancipación económica.

Además, ya se ha tomado posesión de los bienes enteros de las compañías petroleras y seleccionado el personal directivo de entre nuestros más connotados técnicos y administradores, así como de los más responsables miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros, para que dirijan la nueva explotación nacional, pudiendo asegurar desde este momento que la honradez de los directores nombrados, es acrisolada e insospechable, y que los trabajadores en masa han respondido con espíritu de sacrificio y de abnegación que el gobierno sabe será un factor constante de cooperación.

Hemos también dictado las medidas necesarias para que los fondos procedentes de la explotación petrolera se dediquen preferentemente al fomento y aprovechamiento de la misma industria y a la amortización de la deuda contraída por la nacionalización del petróleo, pues es evidente que una distribución inteligente de este factor nos garantizará el cumplimiento de la obligación contraída y sólo en forma perentoria o fortuita podrá gravitar la solvencia del compromiso, sobre los recursos ordinarios del pueblo y para cuyo efecto se ha aceptado la oferta popular, de contribuir con los fondos individuales de los ciudadanos a reforzar la solvencia de la nación, para que quede asegurado el éxito.

Hay que tomar en cuenta asimismo, que el gobierno de los Estados Unidos del Norte, ha anunciado que las compras de parte de la producción de la plata que venía haciendo a México, serán canceladas desde el día primero de abril próximo, y deseamos que al ser conocido por la nación este hecho, juzgue con la necesaria serenidad y justeza, pues se trata de un acto verificado por la voluntad de aquel gobierno y estamos preparados para evitar que los efectos de tal determinación repercutan en forma lesiva para nuestra economía, pues bastará que los productores del metal blanco pongan de su parte la necesaria cooperación con el gobierno para que nuestra producción pueda ser colocada en el mercado mundial.

Es sin embargo indispensable, y así lo encarezco a la nación entera, que el pueblo mantenga viva su actitud de entusiasmo y de confianza en el gobierno nacional y en los gobiernos de las respectivas entidades, para que, conservada en forma absoluta la tranquilidad en los centros de trabajadores y estimulando el desarrollo de las actividades productoras, el esfuerzo sea unánime y fructífero, sin desviaciones perjudiciales que pudieran hacerlo negativo o por lo menos de difícil encauzamiento, ya que ello no sería digno de las virtudes cívicas puestas de manifiesto en estos momentos culminantes de la vida nacional, ni digno de la tradición de acendrado amor a la patria que el pueblo mexicano acaba de patentizar ante el mundo.
  

NOTAS




[1] Palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas. Mensajes, discursos declaraciones, entrevistas y otros documentos. 1928/1940. Pg. 282 , Vol 1. Siglo XXI Editores.
[2] Op. Cit. Pag 288.
[3] Op. Cit. Pag. 289.
[4] Op. Cit. Pag. 290.

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