Recientemente el
gobierno promulgó el DS 2366 abriendo las Áreas Protegidas (AAPP) a las
petroleras. Su contenido es similar al de un proyecto de ley presentado en julio del 2003 por Alejandra
Sánchez de Lozada, hija del entonces Presidente, Goni. Este proyecto fue frenado
por los mismos que después participarían en el movimiento que meses después provocó
la caída del gobierno.
Pablo Villegas N, 25/6/2015
Aquel año, varias
compañías petroleras habían hecho conocer su molestia porque el gobierno les había
otorgado concesiones para exploración, a las que luego les negaba el ingreso si
se trataba de áreas protegidas.[1]
Por ejemplo, José María Moreno de Andina (REPSOL) manifestaba que se hacía
difícil la explotación de crudo por la imposibilidad de realizar nuevas exploraciones
en áreas protegidas[2] y decía "no puede ser
que salgan áreas a concurso en las que luego no se puede trabajar"[3].
Las compañías reforzaban sus quejas sosteniendo que el país estaba cerca de un
desabastecimiento de carburantes por la ausencia de petróleo.
Las petroleras querían
que las áreas protegidas y la legislación medioambiental dejaran de ser un
obstáculo a sus actividades. Coincidiendo con estos intereses, las autoridades
gubernamentales de entonces decían que el hecho de que las áreas de exploración
petrolera se sobrepongan a la AAPP, "no debe ser un factor que impida
dicha actividad, (porque) es posible realizar actividades exploratorias
acatando normas y procedimientos acordes con las normas legales de protección
al medio ambiente".[4]
En consecuencia, el oficialismo se puso a elaborar varias soluciones, para abrir
las AAPP a las petroleras, las cuales fueron denunciadas y censuradas duramente
por varias organizaciones y sectores sociales. Entre aquellas estaba un
proyecto de ley de áreas protegidas impulsado por la diputada Alejandra Sánchez
de Lozada, hija del presidente de la República, Goni.
Así, la
Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) sostuvo que dicho
proyecto de ley “pretende privatizar los recursos genéticos y de la
biodiversidad de las áreas protegidas y entregar la administración de las
mismas a privados, excluyendo la participación de las comunidades locales” y
que “…quiere convertir a las áreas protegidas en escudos protectores contra los
sectores sociales, que han utilizado ancestralmente esas áreas y han
contribuido a su preservación hasta la fecha, para proteger operaciones mineras
e hidrocarburíferas”.[5]
Además denunciaban "… que este proceso debería suponer una consulta
especial para nosotros, tratándose de una problemática vital para los pueblos
indígenas como es la regulación de las áreas protegidas,…".[6]
La censura también
vino desde el Décimo Congreso de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB), dirigida por Román Loayza, que conminó a las empresas
petroleras a retirarse de las áreas protegidas y parques nacionales en las que
operan explorando y explotando hidrocarburos con grave peligro para la biodiversidad
y la vida de los pueblos originarios. Las conclusiones del congreso decían que "Las
empresas petroleras, mineras y madereras deben salir de los parques nacionales.
Debe efectuarse una redelimitación de las áreas protegidas en todo el país.
Asimismo, la administración y el control de estos parques debe hacerse por las
comunidades campesinas y pueblos indígenas que vivimos en ellos".[7]
La oposición más
fuerte y fundamentada vino sin embargo, desde el medioambientalismo. Se destacó
Gabriel Herbas, entonces del FOBOMADE y diputado por el MAS; ahora Contralor
nacional. Herbas no se limitó al proyecto de ley sino que denunció una serie de
medidas relativas al medioambiente que el gobierno estaba adoptando, medidas
que calificó de hipócritas porque su objetivo era distraer a la cooperación
internacional pretendiendo "mostrar hipócritamente que Bolivia conserva y
protege su ambiente y sus áreas protegidas", cuando en los hechos ocurría
lo contrario. Respecto al proyecto de ley, dijo que estaba diseñado para
favorecer los intereses de las empresas transnacionales petroleras, mineras y
madereras, que era “la propuesta de legalización de actividades petroleras en
estas áreas",[8] para que las
multinacionales pagando una pequeña tasa, se hagan cargo de las áreas
protegidas de su entorno. “Es como si le diéramos queso al ratón para que lo
cuide” dijo, sosteniendo que de esta manera las empresas no tendrían ningún
tipo de fiscalización sobre ellas.[9]
Asimismo declaró que lo que pretendía el oficialismo "… no tiene ninguna
base jurídica, ya que las petroleras no tienen derechos en áreas protegidas,
puesto que la mayoría fueron creadas con anterioridad a la Ley de Hidrocarburos
y en las diferentes normas de creación (leyes y decretos) se ha establecido que
las actividades petroleras no son compatibles con la gestión de las áreas".[10]
"Con estos proyectos de ley y decretos que viabilizan de cualquier manera
las actividades petroleras en áreas protegidas y territorios indígenas,
complementado por la reducción presupuestaria al SERNAP y la aprobación ilegal
de la reducción de la patente forestal, resulta evidente que las políticas gubernamentales
tienen muy poco de ambientales" dijo.[11]
Paralelamente, denunciaba que las dependencias del Ministerio de Energía e
Hidrocarburos y del Ministerio de Desarrollo Sostenible estaban presionando a
las organizaciones indígenas para la aprobación del Reglamento de Operaciones
Petroleras en Territorios Indígenas.[12]
Por el lado del gobierno, Cynthia Silva, parte del equipo redactor del
proyecto de ley dependiente del Instituto para la Conservación e Investigación
de la Biodiversidad, declaró que muchas de las críticas al proyecto eran
infundadas porque todos los artículos estaban sujetos a cambiarse previo
consenso con la mayoría de las organizaciones involucradas en el tema. Dijo “Lastimosamente,
el Fobomade no participó en los talleres que organizamos sobre este proyecto de
ley, sin embargo, pueden tener la seguridad que esta ley no será aprobada sin
el previo visto bueno de los afectados”.[13]
Silva sostenía la posición oficial que planteaba “… la explotación razonable en
vía de excepción en el caso de encontrarse grandes reservas de minerales o
hidrocarburos en las áreas protegidas, pues se debe encontrar un punto de equilibrio
entre la conservación y explotación controlada a favor de la región”.[14]
Finalmente, los críticos
al proyecto y a las demás medidas que pretendía el oficialismo para abrir las Áreas
Protegidas lograron pararlas. La prensa reporta que la Comisión de Desarrollo
Sostenible de la Cámara de Diputados decidió paralizar la discusión que
realizaba en varias capitales del país luego de que organizaciones ecologistas
e indígenas denunciaran escasa concertación en los apresurados talleres
departamentales que organizó el Comité de Recursos Naturales para analizar el
proyecto de Ley.[15]
Volviendo al
presente, ahora como sabemos el actual gobierno del MAS, que surgió del
movimiento social que derrocó a aquel régimen que quiso abrir las Áreas
Protegidas a las petroleras las ha abierto con un simple decreto, pasando por
encima de las leyes y de la constitución. Esto muestra que las diferencias entre
los gobiernos desaparecen cuando las transnacionales golpean la mesa.
[1] Gobierno emitirá norma para áreas
protegidas y exploración petrolera. El Diario, 27/8/2003
[2] Gobierno analiza norma para
autorizar exploración de hidrocarburos en áreas reservadas. El Diario, 2/9/2003
[3] Bolivia se queda sin petróleo. El
Diario, 30/8/2003
[4] Gobierno analiza norma para
autorizar exploración de hidrocarburos en áreas reservadas. El Diario, 2/9/2003
[5] Gobierno emitirá norma para áreas
protegidas y exploración petrolera. El Diario, 27/8/2003
[6] Ley de Areas Protegidas es
rechazada por indígenas. Opinión, 1/9/2003
[7] Campesinos exigen que petroleras
abandones áreas protegidas Econoticiasbolivia.com, 10/7/2003
[8] Gobierno boliviano desarrolla
política contraria a la preservación ambiental. El Diario, 16/7/2003
[9] Cuestionan proyecto de Ley de Areas
Protegidas. Opinión, 22/8/2003
[10] Gobierno boliviano desarrolla
política contraria a la preservación ambiental. El Diario, 16/7/2003
[11] Campesinos exigen que petroleras
abandones áreas protegidas Econoticiasbolivia.com, 10/7/2003
[12] Gobierno boliviano desarrolla
política contraria a la preservación ambiental. El Diario, 16/7/2003
[13] Areas protegidas, la riqueza verde
de Bolivia. La Estrella del Oriente, 14/9/2003
[14] Areas protegidas, la riqueza verde
de Bolivia. La Estrella del Oriente, 14/9/2003