AREAS PROTEGIDAS: ¿NO SERIA MAS ADECUADO LLAMARLAS AREAS PERMITIDAS?



Extracto de un texto del 2003-­08-­30
"...otorgaron derechos a empresas que realizan actividades de alto impacto ambiental dentro de las áreas protegidas. ¿Por qué las llaman protegidas entonces?, ¿no sería más adecuado, en aras de la cruda realidad, comenzar a llamarlas “áreas permitidas”?"

El autor del texto es Alfredo Rada, que ha ocupado varios cargos en 
el gobierno actual incluyendo el de ministro del interior, y se publicó en 
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2002071405
 “… la LMA (Ley de Medio Ambiente) fue aprobada el año 1992, época en que todavía en Latinoamérica existía cierta libertad para aprobar disposiciones protectivas de avanzada, ..”
“Luego vino la avalancha de privatizaciones y de apertura indiscriminada de los sectores estratégicos de las economías nacionales a los flujos de los capitales globales. Bolivia no escapó a esta poderosa tendencia, que incluyó la explotación de recursos naturales, fundamentalmente las muy rentables actividades extractivas mineras y petroleras.”

“Desde entonces las prioridades estatales cambiaron; ahora lo fundamental es atraer y proporcionar seguridad jurídica a las inversiones privadas nacionales y extranjeras, ... bajo este signo, se aprobó la Ley General de Hidrocarburos en 1996 y el Código de Minería en 1997, disposiciones que en los hechos relegaron la aplicación de las normas medioambientales.”

“Las áreas protegidas, … fueron también afectadas por la aplicación de disposiciones sectoriales que permiten la licitación y adjudicación de bloques de explotación petrolera y la entrega de concesiones mineras y madereras. Según datos del propio Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), sólo en cuanto se refiere a derechos petroleros dentro de los parques nacionales, se habrían otorgado un total de 24 concesiones a ocho empresas transnacionales que operan en ellos causando daños al medio ambiente.”

“René Orellana, …, pinta así el panorama: “Si superponemos los mapas de áreas de interés, de exploración y explotación petrolera con los de áreas protegidas, la sorpresa inmediata que tenemos es que ambos coinciden en muchos casos. De las 17.475.327 hectáreas correspondientes al núcleo activo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, alrededor de 9.271.000 hectáreas están superpuestas con áreas de interés, de exploración, de explotación y de licitación petrolera”. En otras palabras, en el último quinquenio el régimen de protección de la biodiversidad ha sido perforado por las propias autoridades de gobierno y entidades regulatorias (Superintendencias Forestal, de Minas y de Hidrocarburos) que otorgaron derechos a empresas que realizan actividades de alto impacto ambiental dentro de las áreas protegidas. ¿Por qué las llaman protegidas entonces?, ¿no sería más adecuado, en aras de la cruda realidad, comenzar a llamarlas “áreas permitidas”?

Y refiriéndose a una parte del movimiento ambientalista, al que llama “el “ambientalismo sistémico” dice que: Los exponentes de esta corriente trocaron sus iniciales posturas de protección por otras que sólo hablan de “mitigación”, con lo que funcionalizaron su discurso a las políticas oficiales. La diputada Alejandra Sánchez de Lozada pertenece a este género de ambientalistas y con su proyecto de ley pretende lograr ´un equilibrio en el aprovechamiento de los recursos naturales y el trabajo hidrocarburífero necesario para el fortalecimiento económico del país´ (entrevista publicada en El Energético No. 4).Esto explica que los contenidos de la norma proyectada, redactados para lograr la aceptación de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (entidad con la que la parlamentaria se reunió en Santa Cruz el sábado 9 de agosto), son repudiados por los sectores campesinos e indígenas, directamente afectados por la contaminación de aguas, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionados por petroleros, mineros y madereros.”