Extracto
de un texto del 2003-08-30
"...otorgaron derechos a empresas que realizan actividades de alto impacto
ambiental dentro de las áreas protegidas. ¿Por qué las llaman protegidas
entonces?, ¿no sería más adecuado, en aras de la cruda realidad, comenzar a
llamarlas “áreas permitidas”?"
El autor del
texto es Alfredo Rada, que ha ocupado varios cargos en
el gobierno actual incluyendo el de ministro del interior, y se publicó en
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2002071405
“… la LMA (Ley de
Medio Ambiente) fue aprobada el año 1992, época en que todavía en Latinoamérica
existía cierta libertad para aprobar disposiciones protectivas de avanzada, ..”
“Luego vino la
avalancha de privatizaciones y de apertura indiscriminada de los sectores
estratégicos de las economías nacionales a los flujos de los capitales globales.
Bolivia no escapó a esta poderosa tendencia, que incluyó la explotación de
recursos naturales, fundamentalmente las muy rentables actividades extractivas
mineras y petroleras.”
“Desde entonces
las prioridades estatales cambiaron; ahora lo fundamental es atraer y
proporcionar seguridad jurídica a las inversiones privadas nacionales y
extranjeras, ... bajo este signo, se aprobó la Ley General de Hidrocarburos en
1996 y el Código de Minería en 1997, disposiciones que en los hechos relegaron
la aplicación de las normas medioambientales.”
“Las áreas
protegidas, … fueron también afectadas por la aplicación de disposiciones sectoriales
que permiten la licitación y adjudicación de bloques de explotación petrolera y
la entrega de concesiones mineras y madereras. Según datos del propio Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), sólo en cuanto se refiere a derechos
petroleros dentro de los parques nacionales, se habrían otorgado un total de 24
concesiones a ocho empresas transnacionales que operan en ellos causando daños
al medio ambiente.”
“René Orellana, …,
pinta así el panorama: “Si superponemos los mapas de áreas de interés, de
exploración y explotación petrolera con los de áreas protegidas, la sorpresa
inmediata que tenemos es que ambos coinciden en muchos casos. De las 17.475.327
hectáreas correspondientes al núcleo activo del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, alrededor de 9.271.000 hectáreas están superpuestas con áreas de
interés, de exploración, de explotación y de licitación petrolera”. En otras
palabras, en el último quinquenio el régimen de protección de la biodiversidad
ha sido perforado por las propias autoridades de gobierno y entidades
regulatorias (Superintendencias Forestal, de Minas y de Hidrocarburos) que
otorgaron derechos a empresas que realizan actividades de alto impacto
ambiental dentro de las áreas protegidas. ¿Por qué las llaman protegidas
entonces?, ¿no sería más adecuado, en aras de la cruda realidad, comenzar a
llamarlas “áreas permitidas”?
Y refiriéndose a una
parte del movimiento ambientalista, al que llama “el “ambientalismo sistémico”
dice que: Los exponentes de esta corriente trocaron sus iniciales posturas de
protección por otras que sólo hablan de “mitigación”, con lo que
funcionalizaron su discurso a las políticas oficiales. La diputada Alejandra Sánchez
de Lozada pertenece a este género de ambientalistas y con su proyecto de ley
pretende lograr ´un equilibrio en el aprovechamiento de los recursos naturales
y el trabajo hidrocarburífero necesario para el fortalecimiento económico del
país´ (entrevista publicada en El Energético No. 4).Esto explica que los
contenidos de la norma proyectada, redactados para lograr la aceptación de la
Cámara Boliviana de Hidrocarburos (entidad con la que la parlamentaria se
reunió en Santa Cruz el sábado 9 de agosto), son repudiados por los sectores
campesinos e indígenas, directamente afectados por la contaminación de aguas,
la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionados por petroleros,
mineros y madereros.”