¿Cuál es el problema con el Referéndum de Santa Cruz?


Pablo Villegas N., 21-04-2008


Analistas contrarios al Referéndum -oficialistas o independientes- han venido en declarar que el Referéndum es una encuesta. Esto persigue el objetivo de disminuir su importancia, pero en vez de ello introduce una incongruencia en los argumentos contra este, pues, si solo es una encuesta, podemos preguntarnos, entonces ¿por qué tanto problema?. Por otro lado, una de las mayores preocupaciones de estos analistas -a la vez que declaran incansablemente que el Referéndum es ilegal- es tratar de predecir sus resultados, cosa que puede ser interesante, pero que puede hacerse como si la ilegalidad no les quitara validez a dichos resultados; es decir, como si la Ley electoral fuera solo de adorno y la ilegalidad no tuviera ninguna incidencia práctica. El antecedente histórico más cercano, similar al Referéndum, demuestra que no es así.


El 16 de diciembre de 1977, el dictador Banzer, con el fin de utilizar las elecciones para legitimar su dictadura, proclamó en Santa Cruz a Pereda Azbún como su propio candidato. Las elecciones se realizaron el 9 de julio de 1978 y, de acuerdo al Informe de la Comisión Internacional de Observadores y de la Asamblea Popular de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), presentado días después (1), podemos ver que dichas elecciones fueron diseñadas, dirigidas y ejecutadas exclusivamente por una (solo una) de las partes interesadas, -la dictadura-, la cual sometió la ley, las normas, la Corte Nacional Electoral y todo el proceso electoral a sus propios intereses; además dificultó la participación de sus rivales por medio de asesinatos, atentados, intimidaciones; empleando instituciones y dineros del Estado para su campaña; impidiendo la igualdad en el acceso de los opositores a los medios de comunicación y cerrando aquellos que no pudo someter; y por tanto, debido a todos estos factores los opositores no pudieron organizarse debidamente para hacer frente al proceso electoral.

Las elecciones del 78 demostraron que un proceso electoral realizado en condiciones de ilegalidad implica la falta de garantías de los derechos de los electores y de la imparcialidad y la limpieza del proceso electoral, significa por tanto, que no es un acto democrático, sino el ejercicio del poder de la dictadura sobre la población.

Después de la caída de la dictadura, los procesos electorales en Bolivia siguieron un curso reconocido internacionalmente por su corrección y porque, no una sino varias veces, fue rescatado de las manos de la dictaduras por movilizaciones populares con un gran sacrificio de vidas humanas. Pero, ahora, estamos ante un hecho que nos hace retroceder a la época del banzerismo, que ya habíamos superado hace tres décadas; este es el Referéndum del 4 de mayo, porque constituye un proceso ejecutado en todas sus faces por solo una de las partes interesadas, el Comité Cívico pro Santa Cruz (CCSC) y la Prefectura de Santa Cruz, los cuales han tomado para sí el rol de juez y parte porque han sometido a la Corte Departamental de Santa Cruz, han desconocido a la Corte Nacional y las leyes correspondientes y, además, no contará con la presencia de ningún observador internacional debido a su ostentosa ilegalidad. El CCSC y la Prefectura han impuesto un sistema político cuyas características han sido resumidas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que recientemente ha acusado al Comité Cívico pro Santa Cruz de patrocinar atentados contra el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en Bolivia; por múltiples ataques a personas por ser indígenas o apoyar al gobierno; por secesionismo y racismo; por presionar a las autoridades del país para mantener desigualdades sociales y asegurarse la impunidad de sus crímenes; por ejercer un control total sobre los funcionarios públicos departamentales, incluso los electos y los principales medios de comunicación; por seleccionar y controlar los operadores judiciales y la policía. En síntesis, la FIDH a acusado al Comité de haber establecido una dictadura en Santa Cruz y de actuar como paramilitares. A estos antecedentes se ha sumado hace unos días, el ataque contra indígenas guaraníes y autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria, quienes fueron golpeados, varios de ellos -incluyendo dos periodistas- secuestrados y torturados; los documentos del saneamiento de tierras, las movilidades y equipo destruidos, todo esto llevado a cabo bajo las banderas de los patrocinadores del Referéndum.

Ante este estado de cosas, no tiene sentido perder el tiempo poniéndole apodos al Referéndum (encuesta, consulta) menos ocuparse de hacer predicciones sobre sus resultados, -valga la redundancia- porque todo el proceso será ejecutado exclusivamente por la parte interesada, en abierta rebeldía contra la ley cuyo objetivo es garantizar los derechos del electorado, la imparcialidad y la limpieza del proceso electoral, lo que quiere decir que sus resultados no son válidos. Lo que cabe en esta situación es denunciar ante la comunidad y los organismos internacionales correspondientes, que el Referéndum del 4 de mayo implica el desconocimiento flagrante de los derechos ciudadanos más elementales del electorado y constituye por tanto la manipulación del voto (igual que hizo Banzer en 1978) para institucionalizar una dictadura que de hecho ya existe en Santa Cruz y que se está extendiendo a otros departamentos con características cada vez mas violentas y cercanas a la muerte. Para expresar la situación del electorado en Santa Cruz, baste con recordar que los medios de comunicación están prácticamente comprados por los patrocinadores del Referéndum y que por tanto, las posibilidades del electorado de acceder a una información alternativa son casi nulas, por lo cual, la gran mayoría está yendo a votar por el Estatuto sin conocerlo.

(1) El Fraude Electoral: Un atentado contra la voluntad popular. APDHB, 1979, La Paz.

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