Pablo Villegas N., 21-06-2008
"Que bueno sería, con la presencia de la comunidad internacional,
de los organismos internacionales, de nuestros presidentes presentes y no
presentes, realmente refundemos Bolivia, como en España ..eso buscamos mediante
la Asamblea Constituyente.” “A los presidentes, son mis hermanos mayores,
quiero decirles que no me abandonen en mi gobierno para cambiar mi Bolivia...”
(Evo Morales, 22 de enero de 2006).
Ni con fraude: No llegaron ni a la mitad para su nueva república
Los votos por la autonomía en el referéndum del 4/5 en Santa
Cruz alcanzaron a 461.173 (49,3 % del total del registro electoral). Fueron
menos que en el 2006 (466.826=55,7%) por la inclusión del tema de la autonomía
en la Asamblea Constituyente (AC), dándose una disminución en números absolutos
y relativos. Ahora, según los propios separatistas, un 85% votó por la
autonomía, pero esta cifra corresponde solo al total de los que votaron, no al
total de la población habilitada. Decimos todo esto, suponiendo que el proceso
del referéndum hubiera sido limpio. Pero, dado que fue conducido exclusivamente
por la parte interesada, sin respetar la ley que garantiza la corrección del
proceso y los derechos del electorado –y por tanto, su legitimidad-, no hay
razón para suponer que lo fue, como no la habría para suponer que donde el
acusador es también juez podría haber un juicio imparcial. Por ello, la cifra a
favor de la autonomía es posiblemente menor que la publicada. Los resultados a
favor de la autonomía en los referéndums de Beni (52,8%) y Pando (43,7%) pueden
ser vistos bajo estos mismos criterios .
Las cifras “oficiales” a favor de la autonomía están muy
lejos de los 2/3 que los separatistas demandaron en la AC para aprobar la Nueva
Constitución Política del Estado (NCPE) y tratándose de formar una nueva
república, de ninguna manera podrían ser menos que los 2/3 de toda la población
implicada. A pesar de ello , los separatistas siguen adelante con el referéndum
de Tarija y con su nueva república.
Pero, el gobierno sigue sin iniciativa
La posición del gobierno antes del 4/5 fue vacilante. No
puede decirse que su objetivo hubiera sido convocar a la abstención. Es cierto
que emitió este mensaje, pero también se emitieron otros con diferentes
significados. El propio canciller declaró en Cuba para Telesur, que el
referéndum era ilegal, pero legítimo. El gobierno nunca calificó el referéndum
como fraude; lo llamaron “encuesta”. Una actitud similar tuvieron el 2006;
contra las autonomías primero, y volcándose a favor días antes de la votación.
Inmediatamente después del referéndum del 4/5, el gobierno
proclamó que éste había fracasado, pero, a pesar de ello no ha retomado la
iniciativa política y continúa actuando según lo que hagan los separatistas. Y
estos siguen adelante con sus actividades ilegales, además utilizando dineros
del Estado; como denunció, el mismo gobierno, días antes del referéndum de
Pando: la redacción del estatuto autonómico fue pagada a 3 consultores con
fondos del Estado (Bs 300 mil) (1). Pero inexplicablemente estos fondos siguen
fluyendo y los separatistas siguen coleccionando antecedentes de la inocuidad
gubernamental.
La posición del gobierno sobre el separatismo es candorosa.
Ante la conformación del gobierno separatista de Santa Cruz, el ministro de la
Presidencia, J. R. Quintana, declaró: “Las decisiones de naturaleza ilegal son
volátiles, son castillos de arena que se pueden derrumbar fácilmente” (2), como
si el país no estuviera en la peor crisis de su historia y no fueran ya, numerosas las víctimas de la
violencia. Sobre los hechos de violencia que han venido ocurriendo en Sucre
desde el año pasado, otro ministro, Rada (3), denunció: “…la absoluta
parcialización de la Fiscalía de los casos de violencia registrados en la
ciudad de Sucre,…”. Además, dijo: “el Fiscal durante todo este tiempo se dedicó
a perseguir a la directiva de la Asamblea Constituyente,…y en ningún momento ha
movido un dedo para llevar adelante las investigaciones de esos hechos de
violencia…”. El 24 de mayo, la violencia llegó a escandalizar a la opinión
pública nacional e internacional. Entonces, el ministro acusó a la Fiscalía de
“culpabilidad por omisión de los hechos”, y pese a la seriedad de todas estas
acusaciones, dijo que iban: “…a continuar invocando al Ministerio Público y al
Poder Judicial” (4) para que hagan justicia. El gobierno también emplazó a la
Corte Suprema a pronunciarse sobre los hechos del 24, cosa que de darse sería
loable pero, tratándose de un tribunal en última instancia, no es su función
específica, lo que es importante si queremos justicia, y no solo
pronunciamientos. El gobierno también pidió a la comunidad internacional asumir
responsabilidades para acabar con la discriminación (5). En este marco de
demandas a diestra y siniestra del gobierno, la Oficina en Bolivia del Alto
Comisionado expresó su preocupación por la libertad con la que actuaron los
agresores en Sucre y la desprotección de las víctimas cuya violación de
derechos no fue debidamente prevenida ni impedida por las fuerzas de seguridad
en cumplimiento de su deber (6).
La situación actual es la de un golpe de estado en curso en
forma de referéndums autonómicos que, según sus líderes, rematará en una
confederación de estados autonómicos y, entonces sí “negociarán”, y –agregamos-
estarán en posesión de los campos de hidrocarburos, sin los cuales el resto del
país colapsará en días. Paralelamente, podemos esperar alguna acción a su favor
en los departamentos no autonómicos (recientemente los empresarios del país han
amenazado con ir al paro). Pero a pesar de todo, el gobierno anunció, recién
hace unos días, el descubrimiento de un plan de desestabilización.
Todo por la Nueva Constitución Política del Estado
La aprobación de la NCPE ha sido central en la estrategia
del gobierno. La decisión de los prefectos separatistas de no negociar hasta
después del 22 de junio, llevó al MAS a plantearse la rápida aprobación de los
referéndums, dirimitorio de la extensión de la tierra y ratificatorio de la
NCPE para contrarrestar los estatutos autonómicos (7). Ante esto, la oposición
madrugó al gobierno aprobando el revocatorio, que pese a ser un proyecto del
propio gobierno desató confusión en sus filas (no sólo en la derecha); sus
parlamentarios se opusieron; el presidente la aprobó. Y, el referéndum que
pretendía hacer aprobar el gobierno, quedó en nada, y con eso se acabó la
ilusión de que retomara la iniciativa.
Hay otro problema muy serio: el gobierno se propone
modificar la NCPE para conciliarla con los estatutos autonómicos, que no son
respalda por la mayoría de la población, poniéndose de acuerdo con los
separatistas (8), tomándose las atribuciones de la AC. Nótese que para que
entre en vigencia, el pueblo debía aprobar en un referéndum la NCPE que elaboró
la AC, no otra modificada.
Se había previsto que en las negociaciones sobre el tema
participarían los partidos de derecha, curas y prefectos, inclusive juristas de
la OEA , pero los miembros de la AC no fueron invitados. Al respecto, R.
Aguilar, Vicepresidente de la AC dijo que es imprescindible que se considere la
participación de los constituyentes en la compatibilización de la NCPE y los
estatutos (9). Fíjense, esto: de ser constituyentes ahora serán apenas
participantes. Con más amor propio, 75 constituyentes se reunieron al margen de
su Directiva, y anticiparon que si ésta no los convoca se autoconvocarían para
abrir el diálogo entre actores políticos y de las regiones del país. El vocero
de la bancada del MAS, R. Navarro declaró "… no somos mamotretos de nadie,
el poder constituyente se lo gana; convoquemos a prefectos, regiones y a otros
a dar soluciones". Otro asambleísta,
R. Muruchi, dijo: "…nos hemos subordinado a los poderes constituidos... el
desafío es si asumimos la calidad de la AC reabriendo las
plenarias..."(10). El problema es que sin financiamiento del Estado no
podrán reunirse los 255 constituyentes. Además, su soberanía como
constituyentes es limitada porque fueron elegidos en función de partidos
políticos, no de sectores sociales o territoriales, y los partidos no tienen
interés en que se reúnan (11). Así quedan los elegidos del pueblo para refundar
el país.
Recientemente, una comisión congresal compuesta por el MAS y
la derecha (UN y el MNR), acordó que los estatutos de Santa Cruz, Pando, Beni y
Tarija a la NCPE se haría en el Congreso. A tiempo de respaldar esto, el
Vicepresidente García, selló el destino de la AC: "evidentemente tarde o
temprano la Asamblea Constituyente será la que tenga que reunirse para poder
viabilizar este tipo de acuerdos"(12). Días después, el ministro Quintana,
propuso la aprobación de una Ley de Autonomías en el Congreso, con lo cual, el
tema de las autonomías sería extirpado de la NCPE. Coincidiendo con el
gobierno, el derechista Tuto Quiroga (PODEMOS) planteó un pacto político que
autorice diseñar una nueva CPE (13). Paradójicamente, a pesar de esta
coincidencia entre izquierda y derecha, el diálogo fracasó otra vez y se postergó
hasta después del referéndum de Tarija, el 22/6, lo cual muestra que el asunto
de la NCPE encubre otros problemas con los separatistas; y estos, le volvieron
a imponer su propia agenda al gobierno.
Si comparamos la posición inicial del gobierno sobre la AC
con la actual, vemos que inicialmente pretendía una AC para refundar Bolivia,
ahora pretende modificar la NCPE con la derecha y llamar a la AC solo para que
firme. E l gobierno, al meterse a negociar la NCPE a nombre de la AC, una
instancia que tenía el potencial de eclipsar la vieja institucionalidad, la ha
debilitado y, por otra parte, con la importancia suprema atribuida a dicha
negociación, ha sustituido al pueblo por una banda de sediciosos.
Era posible hacer cambios radicales, aún sin la NCPE
Recordemos que el gobierno justificó la convocatoria a la AC
argumentando que eran imposibles los cambios sin una nueva CPE. No obstante,
medidas como la nacionalización de los hidrocarburos, fueron posibles con solo
los recursos disponibles; -bastó un decreto supremo-. El gobierno pudo haber
hecho cambios radicales, debilitando a la oligarquía, estableciendo una buena
base para una posterior convocatoria de la AC. Decimos “pudo”, porque medidas
como la mencionada, no jugaron un rol estratégico. Por eso fueron
deficientemente planteadas y peor aplicadas; l o prueba una nota de Yacimientos
petrolíferos Fiscales Bolivianos, que dice: "Este 1º de mayo,…el Gobierno
ha determinado… adquirir los bonos de Transredes, Chaco y Andina, con el que
selló la mayoría accionaria que alcanza al 50 % más uno de las acciones"(14). YPFB se
refiere al 1º de mayo del año actual (2008); a dos años de la nacionalización.
¡Y nosotros festejando el 2do aniversario! Pero las transnacionales ya tienen
sus contratos petroleros hace más de un año.
Si medidas como la nacionalización hubieran sido
consideradas estratégicas, se habrían orientado a cambiar la relación de
fuerzas, pero esta nacionalización ha dado a las petroleras lo que antes no
tenían: contratos legales, y por 30 años, olvidando que explotaron ilegalmente
los hidrocarburos por una década. Esto fue muy apreciado por Petrobras ( “no
perdimos nada con los nuevos contratos"(15)) y Repsol ( el nuevo contrato
“tendrá poco impacto”… y, si tiene, “será positivo” (16)). Realmente, la NCPE
tiene la importancia central; el resto fue utilitario.
El gobierno y el espíritu de unidad nacional del Chaco
Uno de los baluartes más destacados contra los separatistas
ha sido Camiri, en el Chaco; una región que es parte de Santa Cruz, Chuquisaca
y Tarija y que es la principal productora de hidrocarburos. Aquí, se desarrolló
un movimiento por hacer del Chaco un solo departamento, que a más de su
creación -a diferencia de los separatistas- no plantea ningún otro cambio en el
orden legal vigente. Este movimiento se opone al separatismo, reivindica el
carácter nacional de los hidrocarburos y el espíritu de unidad nacional nacido
en la guerra del Chaco.
En esta región, y especialmente en Camiri, coinciden nada
menos que los problemas de los terratenientes y las compañías petroleras;
fuerzas esenciales del separatismo (Hay una tercera en “Mariscal Estigarribia”,
en Paraguay). Esta relación entre la cuestión de la tierra y los yacimientos de
hidrocarburos ha sido ya advertida por los separatistas, para quienes el
saneamiento de la tierra es una ocupación velada de los yacimientos por parte
de los “andinos” (17). Los factores mencionados le dan al Chaco una importancia
estratégica central en Bolivia y más allá de sus fronteras, en la “república
soyera”.
En abril, el gobierno y Camiri llegaron a un acuerdo que
habla por sí mismo del carácter del movimiento; estableciendo que YPFB operará
los campos de Camiri y Guayuy; que encarará la exploración profunda en el campo
Camiri, recibiendo los recursos necesarios (Pto 3º); que se instalará una
planta separadora de licuables del gas exportado al Brasil, que Petrobras se
estuvo llevando gratis por una década, y que ahora pagar (Pto 4º). Una
aclaración. Para llegar a este acuerdo, Camiri tuvo que declarar un paro
indefinido el 26 de marzo. La respuesta inicial del gobierno estuvo lejos de su
célebre tolerancia con la violencia de los separatistas; envió el ejército para
reprimir al pueblo. Cayeron heridos, 30 civiles. Esto se sumó a anteriores
actos de este tipo. Pero, el movimiento no se rindió y gracias a ello, YPFB
tendrá sus primeros campos propios desde que fue descuartizado por el
neoliberalismo. Ahora, a varios meses del acuerdo, Camiri tuvo que volver al
bloqueo porque el gobierno no cumple el acuerdo.
¿Cuál es la estrategia del gobierno?
Ante los hechos arriba descritos, preguntamos: ¿Cuál es la
estrategia -o “la lógica”- que guía al gobierno? Un discurso del Vicepresidente
García (18), de fines del 2007, cuando
ya era clara la crisis actual, nos pone al tanto del asunto.
García, caracteriza la crisis actual como la “contradicción
entre la NCPE y los Estatutos y, la batalla –dice- se da en torno a la relación
de lo nacional con lo regional” por definir la arquitectura estatal entre el
nivel nacional y subnacional; y cómo se redistribuyen recursos entre regiones y
se organiza el nivel institucional del Estado. A fines del 2007, las
perspectivas de la crisis estaban dadas por el hecho de que el proyecto de
referéndum de las autonomías debía ir al Parlamento: “…y si éste lo modifica o
lo rechaza, -dice García, mostrando la gravedad de la situación- van a intentar
hacer un referéndum por decisión de su asamblea autonómica regional y…, van a
querer aplicar su Estatuto, y al querer aplicarlo sin la legalidad
correspondiente, van a llegar a una confrontación con la estructura del
Estado.” Ante esta crisis, el objetivo del gobierno es la aprobación de la
NCPE, que reorganizará el Estado y, la inclusión de autonomías, del tipo que
decida un referéndum. La estrategia es: que la crisis “…no se resuelva ni
mediante insurrección…, ni por la exhibición de las fuerzas y la derrota
política moral del adversario,” y que el sector más recalcitrante, los
terratenientes, sea aislado, quitándole su base social. Los instrumentos son
los referéndums y el diálogo.
En cuanto a la composición de fuerzas, el bloque rival se
compone del empresariado y los grandes terratenientes. Respecto a las “fuerzas
propias”, nos orientamos por el análisis de García sobre la NCPE. Esta –dice-
tiene un carácter de transición, porque “…deja un núcleo indígena popular pero
también incorpora a otros sectores.” Según sale d el texto, la clase media es
todo lo que no es indígena-campesino-originario ni empresario o gran
terrateniente; incluye entonces un amplio espectro: desde trabajadores hasta
pequeños empresarios.
Según el discurso, si el núcleo indígena no flexibilizaba la
NCPE, esta hubiera sido solo de los indígenas pobres, y si los indígenas
querían consolidarse como núcleo del Estado, tenían que mostrar su capacidad de
llevar adelante también los intereses de la clase media, del empresariado
boliviano, y “aislar a muy pocos” irreductibles, los terratenientes. Esto
muestra la importancia política reconocida a los indígenas . Por eso,
-continúa-, los indígenas estaban obligados a hablar con los adversarios.
¿Qué indígenas? Aclaramos: los indígenas, que antes eran
mayoría en el país, han sido reducidos por la NCPE a solo un pequeño sector del
campesinado; el “indígena-campesino-originario”. Tratándose de este pequeño
sector, preguntamos: ¿Cuándo y dónde dialogaron sobre cuestiones de gobierno
con el adversario (los líderes de la oposición)?. Nunca. Es el gobierno que ha
asumido su representación, después de reducirlos al mínimo. Y cuando un gigante
representa a un chiquito puede terminar representándose a sí mismo (Dicho con
refinamiento, eso es “significante usurpador”).
Entonces, la fidelidad del gobierno es con ese pequeño
“núcleo del estado”, que es su fuerza propia; los demás sectores son
transitoriamente aceptados. Así se entiende la descuidada afirmación de García,
de que las preocupaciones de la clase media para la Constitución eran: el
derecho de ir a colegios privados, la libertad de religión y el derecho de
herencia. Ni una palabra sobre los derechos laborales y la seguridad social que
fueron duramente golpeados por el neoliberalismo, convirtiendo a los
trabajadores en una masa de “empresas unipersonales” o “consultores”; problema
que el gobierno no ha querido arreglar, pese a todas las demandas de las
organizaciones de trabajadores.
El recurso del diálogo y las estructuras de coerción legítima
El uso del diálogo por el gobierno se ha caracterizado por
una proverbial tolerancia, con resultados ya conocidos. Otra característica es
que desde el inicio de su mandato, el gobierno fue al diálogo desprendiéndose
del movimiento popular. El caso más conocido es la negociación de la AC con la
derecha, resultando la limitación de las atribuciones “refundacionales” de la
AC y el acuerdo de los 2/3 para aprobar la NCPE con lo que el MAS amarró
voluntariamente su mayoría al capricho de cuatro gatos de derecha. No obstante,
fue más lamentable que permitiera que la elección de asambleístas fuera por
partidos políticos. Con esto revivió a la derecha despreciando las luchas del
pueblo contra la “partidocracia”. Así, el gobierno renunció al apoyo popular
que lo llevó al poder, y de esta forma se convirtió en la parte débil del
diálogo.
Respecto a los referéndums, el gobierno ha fracasado
tratando de aplicar los que tenía previsto, -excepto el revocatorio, gracias a
la oposición-. La derecha, en cambio, ha realizado los suyos y se apresta al
cuarto. Ahora, estamos ante el referéndum revocatorio del 10 de agosto. Pero
cuatro cortes electorales departamentales se rebelaron contra la Corte Nacional
para realizar los ilegales referéndums autonomistas, y sería una aberración
hacer el referéndum con estas cortes. Si el gobierno admite estas condiciones,
habrá aceptado la institucionalidad de los separatistas.
Pasando al tema del uso de las estructuras de coerción; en
una entrevista al Presidente de la República , “Amauta” de la Argentina (19),
le preguntó si su gobierno tenía fuerza suficiente para enfrentar un posible
intento de la derecha de dividir el país. El Presidente contestó : “…el poder
es del pueblo, no del gobierno del MAS ni de Evo Morales… yo creo en las
fuerzas sociales.” Entonces, preguntó Amauta, cómo operarían esas fuerzas
sociales frente a la derecha. El presidente contestó: “Habría que preguntarle a
ellas cómo operarían...”. Amauta preguntó qué función cumplirían las Fuerzas
Armadas en ese conflicto. El Presidente: “…todos los altos mandos militares son
mis mayores... en la cultura indígena, un menor no puede dirigir a una persona
mayor.”. Igualmente elusivo fue el gobierno ante los hechos del 24 mayo, en
Sucre, llamando a otros a que asuman sus responsabilidades. S in embargo,
empleó la fuerza contra la “clase media” en varias oportunidades. Trataremos de
entender esta actitud a través de lo ocurrido en Camiri.
La demanda planteada al gobierno en este caso afectaba a las
transnacionales petroleras. ¿Cual es la posición del gobierno sobre estas?
Según el Presidente: “Una cosa es que pase a propiedad de los bolivianos los
hidrocarburos y el gas y otra cosa es la inversión privada,… Cualquier
inversionista tiene todo el derecho de invertir, recuperar su inversión
y…utilidades.” Bien, no se trata de “cualquier inversionista”, sino de uno que,
según el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, procedió a su
explotación: “…mediante contratos ilegales y que la capitalización de YPFB –que
también benefició a ese inversionista- había significado un grave daño
económico al Estado y un acto de traición a la patria.”(20) Esto es que el
respeto del gobierno por la inversión privada, ha llegado al punto de alejarle
del dramático texto que estampó en su propio decreto.
La demanda de la derecha, por su parte, según García, es un
asunto de distribución regional de recursos y la reorganización del estado en
los niveles nacional y regional. En cuanto al respeto por inversión privada, es
sabido que coincide con el gobierno, y si hay diferencia, es de grado. Esto
quiere decir que las demandas que el gobierno no tolera son las que pueden
hacer cambios que afecten el elemento central de la estructura económica
social, el capital privado, específicamente, el monopólico.
Mientras tengamos fe, no tendremos esperanza (21)
Ahora, l a situación es muy grave, y como vimos en el
discurso, no debería sorprendernos. Según éste los siguientes pasos del gobierno
serían: “… articular la movilización social en torno a objetivos muy concretos
(Preguntamos: ¿Cuáles?), como la nueva Constitución y otros (Insistimos:
¿Cuáles otros?), y… mantener el mando de las estructuras de coerción legítima
que tiene el Estado… (¡Pero en la cultura indígena no se da órdenes a los
mayores!).” Ya pasaron 6 meses de este discurso y no se ha visto ninguna
movilización promovida por el gobierno en torno a esos “objetivos muy
concretos”. ¿Qué irá a pasar? El discurso : O bien la crisis “...se resuelve
mediante el apego de la sociedad…a la votación y a los referéndums…, o bien,
habrá algún tipo de confrontación y de prueba de fuerza para el cual ojalá,
estemos preparados.” Eso es; se viene lo peor y nosotros, ahí estaremos,
armados de un “ojalá”.
El pueblo encomendó al gobierno la modesta Agenda de
Octubre; pero, como si le hubieran pedido socialismo, el gobierno aclaró que no
era su objetivo, sino solo una Revolución Democrático-Cultural. Y ¿eso que es?
Si la estrategia es: ni la insurrección, ni la exhibición de las fuerzas, ni la
derrota política moral del adversario; si la estrategia es no derrotar al
adversario, ni siquiera moralmente, la Revolución democrático-cultural será lo
que el adversario quiera; y eso es lo que está pasando.
Publicado en Bolpress y otros sitios
NOTAS:
1) Bs 300 mil costó la redacción de estatuto autonómico de
Pando y se pagó con IDH. 290508, ABI
2) La oligarquía da un paso atrás y tres adelante.
17-05-2008, Econoticiasbolivia.
3) Gobierno desecha Estado de Sitio. 27 de mayo de 2008, El
Diario.
4) Gobierno desecha Estado de Sitio. 27 de mayo de 2008, El
Diario.
5) Morales emplaza a Corte Suprema castigar discriminación.
27-05-2008, Los Tiempos.
6) Oficina de la ONU deplora el racismo en Sucre. 2008-05-26, Bolpress.
7) MAS
apelará a consultas como estrategia política. 07 de mayo de 2008, El
Diario.
8) Estatutos y nueva Constitución deben pasar por la
Asamblea Constituyente, dice el MAS. 23/05/08, Bolpress.
9) Estatutos y nueva Constitución deben pasar por la
Asamblea Constituyente, dice el MAS. 23/05/08, Bolpress.
10) Asambleístas demandan un reinicio de sus debates para
solucionar la crisis política. 06/03/08, La Razón.
11) Amplían el diálogo a las regiones y otros sectores.
22/05/08, El Deber.
12) La Constituyente deberá reunirse para viabilizar
acuerdos en la nueva CPE. 30/05/2008, ABI.
13) Diálogo, los escenarios para el arreglo a la crisis son
reducidos. 08/06/08, El diario.
14) Bolivia recupera últimas petroleras capitalizadas.
02/05/08, TeleSUR.
15) Petrobras: Nuevo contrato mantiene alta rentabilidad
para la petrolera. 01/11/06, Opinión.
16) Brufau dice que el contrato con Bolivia no afecta a
Repsol. 31/10/06, La Prensa.
17) Nación Camba - El Conflicto Chaqueño. Disponible,
18/05/08
18) Álvaro García Linera: “Empate catastrófico y punto de
bifurcación” Disertación en la Escuela de Pensamiento Comuna, 17/12/07.
19) Hemos llegado al gobierno pero no tenemos el poder
todavía. Entrevista con Evo Morales. Néstor Kohan e Itai Hagman. 07/03/08,
AMAUTA.
20) DS 28701, Considerando, párrafo 8º.
21) Arundhati Roy, 1988.