El año 2013 entraron al Legislativo aspectos
clave para la vida del país, uno de ellos merecía
mucha atención porque mostraba con nitidez el futuro, -ese futuro que ya es
presente-, era el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
que recibió el rechazo, entre otros, del Defensor del Pueblo por violar la
Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta, y varios instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, libertad de expresión, información y
prensa, además de la Ley que respalda la propia Defensoría. (Ver abajo, la editorial de Petropress Nº 32)
Por Pablo Villegas N.
Los artículos 42
y 43 del proyecto conducían a que temas referidos a recursos naturales y estudios
de impacto ambiental quedaran al margen del acceso a la información. En otras
palabras, los recursos naturales y el medio ambiente se convertían en secretos
de estado.
La temática de
los recursos naturales ha constituido nuestro principal foco de interés durante
muchos años en que pasaron muchos gobiernos y tuvieron lugar acontecimientos
lamentables y peligros, pero ninguno se había constituido en semejante amenaza para
las libertades y derechos fundamentales como aquel proyecto.
El proyecto de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se detuvo por entonces, pero
hoy vemos que las acusaciones del gobierno contra nuestra institución y otras
similares de todos modos son la aplicación de la política que lo sustentaba. Las
consecuencias de ese proyecto son terribles porque le quitan al pueblo
boliviano su soberanía sobre los recursos naturales y el medio ambiente,
criminalizan el reclamo de esta soberanía convirtiéndola en una “injerencia en política”,
de modo que la entrega de los recursos naturales, los contratos petroleros,
mineros, etc., y los impactos medioambientales se convierten en un asunto
privado entre empresas y autoridades.
Parar concluir, el
día de ayer, ABI (2015-08-13) reporta que la ministra de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al posesionar al nuevo viceministro
de Prevención y Promoción de Ética dijo que éste "… tendrá tareas
delicadas y la primera será de impulsar la promulgación de la Ley de Acceso a
la Información…".
¿ES POR ESTO QUE QUIEREN
EXPULSARNOS Y ESTRANGULAR NUESTRO FINANCIAMIENTO?
LA PRÓXIMA VÍCTIMA, LA INFORMACIÓN
(Editorial de la revista Petropress nº 32, de enero,
2014)
http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2014/03/petro32.pdf
Hemos venido
llamando la atención sobre las grandes extensiones territoriales que ocupan las
concesiones de la economía extractivista actual, sobre todo de hidrocarburos,
minería y también la agroindustria y la infraestructura que requiere para su
desarrollo. Entre los casos más extremos hemos citado a Colombia y Chile y la
IIRSA (hoy COSIPLAN). Estas concesiones se han ido extendiendo a nombre de
transnacionales, de sus sectores tercerizados y de testaferros de todo tipo.
Donde se
establece, esta economía impone el monopolio privado de los recursos naturales,
especialmente del agua y las fuentes de energía. Partiendo de estas gigantescas
necesidades, de este gigantesco poder, y sobre todo de la experiencia y del
poder político que requiere para conservar sus intereses, nos preguntamos ¿cómo
puede este tipo de economía tolerar población humana en sus territorios? La
respuesta es que no puede. Lo vemos desde Latinoamérica hasta Asia, desde
Colombia hasta la India; a medida que sus intereses se exacerban, también lo
hacen los conflictos y la violencia mostrando claramente que la democracia y el
extractivismo son incompatibles entre sí.
En realidad, este
es el drama de toda nuestra historia, de la historia de los países pobres, e
innegablemente, de Bolivia. Extractivismo es sólo un nuevo nombre para la
“economía primarioexportadora”. La diferencia es que ahora esta economía tiene
la capacidad financiera y tecnológica de cambiar la faz de la tierra como no la
tuvo en la historia de la humanidad; y esa capacidad se refleja en todos los
niveles de la vida social y naturalmente, la democracia no podía escapar.
Antes de la
Conferencia de las NN.UU., sobre el Cambio Climático de diciembre 2010, en
Cancún, advertimos que muchos líderes políticos del mundo pobre se habían
dedicado a despotricar contra el capitalismo pero a medida que pasó el tiempo,
dijimos que podíamos irnos preparando porque al fin se impondría la cordura de
los negociantes. Y tal cual; uno a uno han ido siendo debilitados y cayendo los
derechos democráticos y sectores sociales contestatarios. Lo vimos al analizar
el régimen laboral en los sectores extractivos, la extranjerización de la
tierra, la consulta previa y otros derechos de los pueblos indígenas; las áreas
protegidas, devoradas por los planes para concesionar a las trasnacionales
petroleras el 49% del territorio nacional, etc.
El año 2013 ha
sido parte de esa corriente. Aspectos clave para la vida del país entraron al
campo del Legislativo, entre otros, la minería, la hoja de coca y la consulta
previa. Muchos de estos fueron tratados extensamente en nuestras ediciones.
Pero uno de ellos
merece mucha atención porque muestra con nitidez el futuro, es el proyecto de
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que en agosto pasado,
recibió el rechazo del propio Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien lo
calificó de violatorio a la Constitución Política del Estado, la Ley de
Imprenta, varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos, además de
la Ley que respalda la propia Defensoría, y también de la libertad de
expresión, información y prensa, por cuanto los artículos 42 y 43 del proyecto
contradicen a “la normativa que se excedería los límites previstos en los
instrumentos internacionales sobre esta materia” y específicamente que los
incisos b y j del artículo 42 del proyecto conducen a que temas referidos a
recursos naturales y estudios de impacto ambiental queden al margen del acceso
a la información.
En otras
palabras, estos temas –recursos naturales y EIA- se convierten en secretos de
estado.
Como saben
quienes nos han venido siguiendo en el país y en el extranjero, la temática de
los recursos naturales ha constituido nuestro principal foco de interés durante
más de 10 años; años en que pasaron muchos gobiernos y tuvieron lugar muchos
acontecimientos lamentables pero ninguno se había constituido en semejante
amenaza para las libertades y derechos fundamentales.