LA BASURA SIGUE BAJO LA ALFOMBRA
Complicidades y encubrimientos en el caso de la violación en la UTOP* (Por Suzanne Kruyt)
Cuando salió la noticia
sobre la violación de la joven discapacitada por policías de la UTOP, el
ministro de Gobierno, Jorge Pérez, no dudó en expresar su indignación. Además
demostró su desacuerdo con que el caso sea tratado internamente en la policía,
porque, según él, eso era un delito de violación agravada. Dijo “No tenemos la
característica de esconder la basura debajo de la alfombra, la basura hay que
botarla y si cometen un hecho delictivo, se tiene que procesar”.
Poco después de estas
declaraciones, fueron aprehendidos los cinco policías imputados por violación.
El fiscal del caso, Freddy Torrico, indicó que el juicio era complicado porque
la víctima no hizo una denuncia y además estaría desaparecida. El comandante de la policía, el coronel
Alberto Suárez, declaró en los medios
que los aparatos de inteligencia la estaban buscando y había sido vista en el
Chapare.
Y fue justamente con el
argumento de que no puede haber juicio sin víctima, que la juez Jannet
Chamo decidió ordenar la liberación de los
cinco acusados el día después de que fueran detenidos. Los cinco fueron además restituidos a sus
cargos y han vuelto a sus labores.
Quien no pudo quedarse con
su cargo, fue el comandante de la UTOP en Cochabamba, Jaime Alemán, quien
denunció el delito. Fue trasladado a Pando, según el ministro Pérez, para “que
se pueda desarrollar una investigación imparcial sobre la violación”. Llama la atención que hasta ahora es el primero
en el caso que fue sancionado como consecuencia de los hechos.
Mientras tanto, no fue el
Ministerio Público, sino una ONG llamada Oficina Jurídica para la Mujer la que
encontró a la víctima en un hospital psiquiátrico en la misma ciudad de
Cochabamba. La directora de la ONG, la abogada Julieta Montaño hizo dos
relevaciones muy importantes. Primero, que la policía tenía conocimiento desde
el 31 de julio, es decir antes de la liberación de los acusados, que la mujer
estaba en esta clínica; y segundo, que la víctima no se llama Minerva, nombre
que fue mencionado por los policías en varias ocasiones, y que además, no es
trabajadora sexual, ni puede serlo, debido a sus graves problemas mentales que le impiden
tomar decisiones conscientes.
Todo esto, desmiente las
declaraciones de los acusados quienes negaron el delito de violación por
tratarse de una trabajadora sexual que ofrecía sus servicios. Declaraciones que fueron sostenidas por la
policía y el Servicio de Gestión Social (Sedeges), quienes deberían haber avisado a la Fiscalía
sobre la identidad y el paradero de la víctima.
En este momento siguen en
curso las investigaciones sobre la violación, tanto en el ámbito disciplinario como
en el ámbito penal. El padre de la
víctima ya presentó la denuncia formal, y declaró que su hija no tenía
problemas mentales antes de llegar del campo a Cochabamba hace poco. Recientemente,
el fiscal Felipe Almaraz de la Dirección Departamental de Investigación
Policial (Didipi) notificó al comandante
Alberto Suarez por presunta omisión de información sobre el paradero de la joven, pero pocos días después
fue sorpresivamente sacado del caso y desplazado a Sucre.
Todas estas irregularidades
señalan que este caso como muchos otros de violencia sexual en este país - y
peor si los agresores son funcionarios públicos-, se dirige hacia la impunidad.
Los casos de violencia contra las mujeres ya han alcanzado proporciones
trágicas en este país, con una cifra de 60 femicidios en solo seis meses. A
pesar de eso la basura sigue en su lugar y hasta ahora no hay escoba que le
alcance.
*: Unidad Táctica de Operaciones Policiales