La experiencia de los últimos 13 años nos ha mostrado que Evo y la Constitución son como el agua y el aceite.
El mandato de este personaje termina el 22 de enero y ciertos sectores de la oposición han venido postulando que debe cumplirlo. Esta posición no es correcta por una causa sencilla, porque ese plazo no es incondicional, no es independiente de la conducta ejercida durante el desempeño del cargo.
Pablo Villegas N, 9/11/19
Un ejemplo basta y sobra: el presidente no ha respetado el referéndum del 21 de febrero. Podemos dar muchas más razones, pero si estamos del lado de la democracia ésta debía bastar porque no puede haber democracia si no se respeta el voto popular.
De todos modos debemos citar una segunda razón que es el fraude cometido en las últimas elecciones. Desde este punto de vista quienes están planteando elecciones sin importar que tengan lugar bajo el mandato de quien lo ha cometido, e inclusive que las convoque, deben considerar que éste, por haberlos cometido, merece ser procesado y por tanto no puede permanecer en el ejercicio del poder.
Por tanto proponer que cumpla su mandato es caer en la misma posición del gobierno, de quedarse en el poder aunque no haya respetado la ley ni el régimen democrático, es aceptar que el dictador tiene derechos humanos para hacer lo que le venga en gana. Por lo demás, lo sucedido hoy en Vila Vila es una señal clara de que por cada día que pasa el riesgo de violencia de parte del gobierno es mayor.
Ahora viene el problema de la sucesión constitucional.
Se ha hablado del presidente del Congreso, de la presidenta del senado y de la Corte Suprema como si estuviéramos ante cualquier crisis y no lo estamos.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que estamos ante una dictadura. Hay tres condiciones que fundamentan esta afirmación. La primera, ya mencionada arriba, es que no se respeta el voto popular; la segunda es que en dictadura no hay independencia de poderes porque el gobierno somete a todas las instituciones; la tercera es que el gobierno se sitúa por encima de la ley. El gobierno reúne todas esas condiciones.
En cuanto a las instituciones, las ha sometido a todas, imponiendo su propia gente, sus propias normas, y las ha corrompido. Por esto es que la sucesión no puede salir de instituciones que han sido parte de la dictadura.
El problema no es tan difícil de solucionar: de una nueva elección sale un nuevo gobierno y parlamento, de otra un nuevo poder judicial etc. El problema es que se requiere un gobierno provisional que se encargue de convocar eleciones lo más pronto posible; la cuestión es cómo formar este gobierno de una manera lo más apegada posible a la Constitución.
Bien no vamos a encontrar instituciones que no se hayan comprometido con la dictadura y que tengan cierto reconocimiento social (de ahí su poder) que no sean los comités cívicos, que además -desde el punto de vista político institucional- han sido hasta ahora los actores centrales para recuperar la democracia.
Estos organismos además basan sus decisiones, -al menos en los últimos tiempos- en los cabildos, y los cabildos están en la Constitución Política del Estado como una de las formas a través de las cuáles se ejerce la democracia (Art. 11; II; 1), lo cual les da legitimidad.
Estos Comités podrían constituir en poco tiempo un Concejo que se encargue de canalizar el nombramiento de un gobierno provisional para que convoque a elecciones y asuma las medidas de emergencia que la situación del país requiera.