Pablo Villegas N. (17-09-15)
La historia de las luchas
por el derecho a voto es en gran parte, es en lo esencial, una lucha por el
proceso correcto porque es ahí donde el electorado debe informarse de todas las
alternativas, y todas las alternativas deben poder llegar al electorado para
que el electorado tome una posición informada, consciente e independiente. Si el
proceso no permite eso no puede decirse que el voto del electorado en las urnas
es democracia. Nuestra historia es clara al respecto.
El 16 de diciembre de
1977, el dictador Banzer proclamó en Santa Cruz a Pereda Azbún como su propio
candidato. Las elecciones se realizaron el 9 de julio de 1978 y, de acuerdo al
Informe de la Comisión Internacional de Observadores y de la Asamblea Popular
de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)[i], dichas
elecciones fueron diseñadas, dirigidas y ejecutadas exclusivamente por una
(solo una) de las partes interesadas, -la dictadura-, la cual sometió la ley,
las normas, la Corte Nacional Electoral y todo el proceso electoral a sus
propios intereses; empleando instituciones y dineros del Estado para su
campaña; dificultando de muchas formas la participación de sus rivales en el
proceso; impidiendo la igualdad en el acceso de los opositores a los medios de
comunicación y cerrando los medios que no pudo someter. El resultado es que debido
a todos estos factores los opositores no pudieron organizarse debidamente para
hacer frente al proceso electoral.
Las elecciones del 78
demostraron que un proceso electoral que no garantiza los derechos de los
electores, ni la participación libre de todas las posiciones políticas incluyendo
las opositoras, ni la imparcialidad ni la limpieza, ni la transparencia del
proceso electoral no es otra cosa que el ejercicio del poder de la dictadura
sobre la población.
Después de la caída de la
dictadura, los procesos electorales en Bolivia, el proceso democrático fue rescatado
varias veces de las manos de nuevos dictadores por movilizaciones populares con un
gran sacrificio de vidas humanas. Pero, después volvimos a caer ante un hecho
que nos hacía retroceder a la época del banzerismo, el Referéndum separatista del
4 de mayo del año 2008, porque constituía un proceso ejecutado en todas sus fases
por solo una de las partes interesadas, los separatistas de entonces, que había
tomado para sí el rol de juez y parte en el proceso sometiendo a la Corte
Departamental de Santa Cruz, desconociendo a la Corte Nacional y las leyes.
La Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) acusó al entonces Comité Cívico pro
Santa Cruz de patrocinar atentados contra el Estado de derecho y la
gobernabilidad democrática en Bolivia; entre ellos mencionaba: múltiples
ataques a quienes eran indígenas[ii] o
apoyaban al gobierno; racismo; el control total de los funcionarios públicos
departamentales incluso los electos y también el control de los principales
medios de comunicación
Naturalmente, con los
medios de comunicación prácticamente comprados por los patrocinadores del
Referéndum las posibilidades del electorado de acceder a una información
alternativa eran casi nulas, por lo cual, la gran mayoría fue a votar por el
Estatuto sin conocerlo y el resultado no era democrático, por más limpio que
fuera el conteo de votos.
La historia que acabamos
de recordar habla por sí misma sobre la situación actual. El hecho de que el NO
o el SI tengan que inscribirse ante la autoridad electoral es una muestra clara
de que la opinión política solo está permitida si es admitida por el estado.
Anteriormente, la inscripción estaba reservada a los partidos políticos que querían
disputar los votos, pero no a quienes querían simplemente hacer campaña o
manifestar de cualquier forma su opinión pretendiendo atraer simpatías, sean estos
partidos, organizaciones de cualquier tipo o personas.
El objetivo de estas
nuevas normas queda en claro con el comunicado de agosto del ministerio de trabajo[iii] cuando
reacciona ante la colecta popular de fondos a favor de ERBOL declarando a la opinión
pública que “…están vigentes en el país normas para el control del lavado de
dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Es
importante destacar estas normas cuando hay medios de comunicación que abren
cuentas bancarias para supuestamente recibir apoyo de la población. Sin embargo,
éstos pueden ser canales de lavado de dinero. Además, estas recaudaciones
tienen la finalidad de mantener la confrontación con el Gobierno de Evo
Morales, en una abierta acción política de oposición.”
Este comunicado es por
una parte una confesión, pues deja en claro que ha sido conculcado el
derecho democrático de oposición política al gobierno, (A no ser que se
inscriba y sea aprobada por la autoridad correspondiente, lo que es posible sólo
para los actos electorales organizados por el gobierno). Por otra parte, es una
amenaza a las organizadoras de la colecta con aplicarles la legislación antiterrorista.
Esta legislación fue implementada por las presiones de los EE.UU. después de
los atentados del 11 de septiembre atribuidos a al-qaeda y fue adoptada de muy
buena gana por gobiernos latinoamericanos de todos los colores por el poder
extremo que les confiere sobre la sociedad, las instituciones y específicamente
sobre aquellos cuyas acciones o pensamiento les disgusten.[iv]
En fin, los
hechos nos muestran que estamos ante la “crónica de una muerte anunciada”. Así
de simple, así de grave.
[ii] Poco después del manifiesto de la FIDH, los acusados por esta, propinaron un
ataque contra indígenas guaraníes y autoridades del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, quienes fueron golpeados, y varios de ellos -incluyendo dos
periodistas- secuestrados y torturados; los documentos del saneamiento de
tierras, las movilidades y equipo destruidos.
[iv] Más información: “Una misma moneda: democracia progresista y antiterrorismo
imperialista” En Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias”,
CEDIB, 2014. Pag. 49. http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2015/03/Extractivismo-Resistencias.pdf