INUNDACIONES EN BOLIVIA. EL GOBIERNO BOLIVIANO Y LAS REPRESAS DEL RIO MADERA



La posición del gobierno ante las represas del río Madera quedó definida cuando el canciller declaró ante el Senado: “… no nos estamos oponiendo, …Solo Manifestamos que hay riesgos, impactos no solo en Brasil, sino también en Bolivia y Perú” y se mostró muy comprensivo con el Brasil: “Conocemos la creciente necesidad de energía en Brasil. Eso obliga a proyectos urgentes” También dijo que el gobierno consideraba posible equilibrar políticas ecológicas y el uso de grandes recursos hídricos. Esta posición favorecía a Lula que había echado de sus puestos a los responsables del IBAMA, quienes preocupados por los impactos de las represas, entre otros, sobre Bolivia, habían exigido nuevos estudios de impacto.

EL COMPLEJO DEL RÍO MADERA CONFORMÓ GRAN PARTE DE LA POLÍTICA DE EVO MORALES

(Extractado del libro: Geopolíticas de las Carreteras y el Saqueo de los Recursos Naturales. Descargar: http://www.cedib.org/publicaciones/descarga-geopolitica-de-las-carreteras-y-el-saqueo-de-los-recursos-naturales/)


El problema de las represas del Madera se destapó en Bolivia, el 11 de septiembre 2006, cuando el IBAMA aprobó el EIA para la construcción de las represas de Jirau y Santo Antonio, a lo cual sucedería la otorgación de la licencia ambiental y sucesivamente la licitación de las obras. 


El 7 de noviembre del 2006 el canciller boliviano Choquehuanca envió una primera carta al canciller brasilero, Celso Amorim, mencionando posibles consecuencias medioambientales de las represas y recordándole el Convenio del 15 de agosto de 1990 para la preservación, conservación y fiscalización de los recursos naturales en el área fronteriza, que comprometía a las partes a proteger los bosques naturales y a preservar sus recursos, principalmente en al Zonas Fronterizas Binacionales, realizando estudios coordinados dirigidos a la aplicación, en Bolivia y Brasil, de planes, programas y proyectos que permitieran el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 


La carta decía: “Siempre entendimos en Bolivia, que el proyecto Madera–Madeira forma parte de la integración física estratégica entre Bolivia y Brasil, razón por la cual propongo a Vuestra Excelencia … articular dicho Proyecto con obras conjuntas que beneficien, por igual, a nuestros países”[1]. Y terminaba proponiendo que el tema se tratara en la Comisión Binacional para análisis de Proyectos relativos al Río Madera, que ya había sido propuesta mediante Nota Verbal VREC/DGAB/DAM/539/04. 


No había una sola palabra de oposición a las represas, pero podía pensarse de buena fe que este era un primer paso[2]. Además en febrero del 2007, el Presidente Evo Morales y su comitiva viajaron a Brasil para negociar el precio del gas exportado a ese país[3]. En esa oportunidad la prensa publicó que Brasil no convenció a Bolivia de aceptar el proyecto de dos hidroeléctricas próximas a su frontera, a pesar de que Brasil “cedió en el precio del gas, propuso sociedades (asociaciones) para las construcción de dos represas y más bien los bolivianos criticaron el estudio ambiental”. Esto podía tomarse al menos como una buena señal.


En marzo del 2007, en Brasil, el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) negó la licencia ambiental preliminar para las represas, señalando fallos en el Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por Furnas/Odebrecht. El IBAMA sostuvo que[4] debido a la elevación del agua no quedaban dudas que los impactos de las represas relacionados con la productividad pesquera, la viabilidad poblacional de especies de peces y la proliferación de la malaria se extenderían a otros países; que el análisis de los impactos ambientales identificados, demostró la fragilidad de los mecanismos y propuestas de mitigación. En consecuencia, tomando en cuenta el elevado grado de incertidumbre involucrado en el proceso, la identificación de áreas afectadas no contempladas en el Estudio, y la falta de  definición de la magnitud de varios impactos con ausencia de medidas mitigadoras, concluyó que no podía garantizar la viabilidad ambiental de las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, y recomendó la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental de más alcance, en territorio nacional y en territorios transfronterizos.


Antes este informe técnico negativo, en abril del 2007, el gobierno de Lula Da Silva echó a los directivos del IBAMA, entre estos a la junta directiva y así, el 9 de julio 2007 sus nuevos miembros, concedieron la licencia previa para las dos represas del Madera.


En Bolivia, esto significaba que la representación de los intereses nacionales sobre el Madera había fracasado. Pero ¿Cuál era la política del gobierno? (Para una versión más extensa de este aspecto ver: http://yque-yque.blogspot.com/2008/01/el-rio-madera-y-la-diplomacia-agachada.html) No se sabía, pues el gobierno había venido manejando el asunto como un secreto de Estado, lo cual, visto con buena fe podía haber hecho pensar que el país tenía una estrategia. Pero ante el fracaso, un documento enviado por el gobierno al canciller brasilero reveló que no, pues protestaba porque el canciller de Brasil no había cumplido su compromiso de informar permanentemente a Bolivia de los estudios sobre las hidroeléctricas, y en especial de la cuestión del medio ambiente, de la fauna y de la flora, la salud y todo impacto que pudiera ser producido por las represas[5]. Esto quería decir: 

a)     Que todo lo que el gobierno tenía por estrategia era que el canciller brasilero le mantuviera informado; y por tanto, 
b)      Que la estrategia boliviana era totalmente subordinada al Brasil; y 
c)       Que Bolivia no tenía un objetivo claro: ¿frenar la construcción de las represas?; ¿llegar a un acuerdo para mitigar los impactos?, ¿participar del negocio?



El 11 de julio del 2007, el gobierno boliviano envió una carta a Brasil expresando su preocupación por la licencia previa pidiendo la realización de una EIA antes que continuara el proyecto.


Pero más tarde en una entrevista, el canciller boliviano al manifestar que las represas podrían generar una serie de impactos negativos, se esforzó notablemente en aclarar que lo decía utilizando el condicional (podría, provocaría)  porque los estudios solo se habían hecho en el Brasil (Carmo, 11/7/2007). Sin embargo, como vimos anteriormente estos estudios ya presagiaban impactos serios para Bolivia.


Finalmente, la posición del gobierno quedó definida cuando el canciller declaró ante el Senado: “… no nos estamos oponiendo, …Solo Manifestamos que hay riesgos, impactos no solo en Brasil, sino también en Bolivia y Perú” y se mostró muy comprensivo con el Brasil: “Conocemos la creciente necesidad de energía en Brasil. Eso obliga a proyectos urgentes” También dijo que el gobierno consideraba posible equilibrar políticas ecológicas y el uso de grandes recursos hídricos (Bolívia quer integração para usinas no Madeira, diz chanceler, 24/7/2007). Esta posición favorecía a Lula que había echado de sus puestos a los responsables del IBAMA, quienes preocupados por los impactos de las represas, entre otros, sobre Bolivia, habían exigido nuevos estudios de impacto. Esto es que no veían el “equilibrio” del que hablaba el canciller, cuya posición lamentablemente era coherente con otras medidas adoptadas por el gobierno como el DS 29191 del 14 de Julio del 07 resucitando el disparatado proyecto de la represa del Bala.


Ante la aprobación de la licencia, el Senado, por su parte, convocó al canciller Choquehuanca a explicar su “excesivo retraso y negligencia ante el Gobierno del Brasil” cuando ya hacía un año y medio que este había anunciado su decisión de construir las represas (Choquehuanca será llamado al Senado, 17/7/2007).  Luego, la cámara de diputados hizo el mismo anuncio. Naturalmente, hubiera sido bueno saber qué hizo el parlamento que no fiscalizó a la cancillería durante ese año y medio de negligencia.


Una idea interesante del parlamento fue invitar al embajador del Brasil a informar sobre las represas, como si no hubiera en Bolivia personas e instituciones que se habían ocupado del asunto desde el punto de vista de los intereses nacionales. A esto siguieron algunas baladronadas como el anuncio de llevar el caso ante la OTCA ante la Liga Parlamentaria Boliviano-Brasileña donde resulta que su presidente había sido nada menos que un senador boliviano.


Y así, recién el 24 de octubre del 2007, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta exigiendo al Ejecutivo: “…evitar por todos los medios la licitación brasileña que se pretende llevar el 30 de octubre” (ABI, La Paz, 25 oct.) . Por fin se había decidido dejar de gambetear entre a) no a las represas, b) si pero con mitigación, y, c) participación en el negocio. El problema es que la decisión correcta salió a luz sólo días antes de la licitación; muy tarde para recurrir a “todos los medios”. 

En realidad la licitación se había postergado hasta el 10 de diciembre, pero el que la minuta mantuviera la fecha del 30 de octubre demuestra que los parlamentarios no lo sabían. De esta manera, llegaron a los 2 años de negligencia.


Parte de las acciones de Bolivia fueron las numerosas visitas al Brasil de comisiones de funcionarios del gobierno boliviano, se entiende representando los intereses nacionales. Pero uno de los problemas con estas misiones fue que varios de sus integrantes estaban abiertamente a favor de las represas, como el entonces ministro de Obras Públicas Jerges Mercado que llamaba a las represas “la oportunidad del milenio”. Esto alcanzó niveles escandalosos al menos en cualquier otro país lo habría hecho cuando “En febrero de 2007, un equipo liderado por el entonces viceministro de Electricidad Hugo Villarroel viajó a Río de Janeiro con la misión de preparar la Cumbre presidencial Lula-Morales, pero para la visita presidencial prepararon un convenio de financiamiento para la tercera represa binacional que el presidente Evo Morales se negó a firmar. “A partir de entonces, el Gobierno no envío nada oficial a Brasil, la noticia de que se aprobaban las represas era persistente, pero los asesores de la Cancillería, junto con el Ministro de Obras Públicas se encargaron de impedir que el tema sea tratado oficialmente en gabinete” (Molina, 2007).


El producto más sobresaliente de la diplomacia boliviana fue un cuestionario –que ya mencionamos antes enviado al gobierno de Brasil a principios de agosto, cuyo objetivo aparente era demostrar que el Brasil no tenía las bases científicas para negar el impacto de las represas en Bolivia. Hecho el envío, el gobierno consecuente con su estrategia subordinada se puso a esperar la respuesta por escrito; pero mientras esperaba, el Brasil continuaba avanzando; licitó la primera represa el 10 de diciembre y las respuestas al cuestionario, las envió a Bolivia días antes. 


De todos modos, las discusiones diplomáticas continuaron con el Brasil. En octubre, 2008, se realizó una reunión técnica binacional en la Cancillería, en La Paz, donde tendría que haberse producido un intercambio entre equipos técnicos de Brasil y de Bolivia, pero a la reunión solo asistieron los técnicos de Bolivia y por Brasil un diplomático acompañado de dos personas. Pese a ello la reunión no se suspendió y los técnicos bolivianos terminaron haciendo sus presentaciones sin ton ni son ante el quisquilloso e irritable diplomático brasilero.


Ya antes de esta reunión, sin embargo, a fines de agosto del 2008, el Gobierno de Bolivia había anunciado que se firmó un contrato con TECSULT INTERNATIONAL LIMITÉE, para llevar adelante el “Análisis de los impactos de las represas de Jiraú y Santo Antonio en territorio boliviano” y el “Estudio de Prefactibilidad de las alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré, Beni” (16 de noviembre del 2009 al 10 de mayo del 2010) esto quería decir que, como atestigua el documento Información de Proyectos de Inversión para Financiamiento sobre el proyecto “Central Hidroeléctrica Río Madera El Proyecto Hidroeléctrico y de Navegación Fluvial Madera” el gobierno había hecho suyo el proyecto del Madera y fue un golpe del propio gobierno contra el país; como lo expresó un representante de la Cancillería boliviana en el taller de EAE sobre la cuenca del Madera (marzo, 2010) citado por Molina:


“Los estudios de Cachuela Esperanza nos han quitado la mitad de los argumentos que teníamos contra los proyectos brasileños de Jirau y Santo Antonio. Brasil lo aprovechó inmediatamente. No se puede evaluar esos proyectos sin considerar su impacto geopolítico” (Molina Carpio, julio, 2010)


Cabe recordar que el 7 de noviembre del 2006 la cancillería boliviana había dirigido al canciller Amorim una carta para manifestarle la preocupación del Gobierno y de las regiones colindantes con el Río Madera por los probables impactos ecológicos y ambientales de la construcción en territorio brasileño de las Presas Jirau y San Antonio. Allí decía que entre los impactos probables, se consideraba la inundación en el territorio boliviano, como efecto de los embalses que afecta, las posibilidades de construcción de proyectos hidroeléctricos para satisfacer las demandas regionales y locales de energía e inclusive la inundación de Cachuela Esperanza, lo que inviabilizaría el Proyecto, cuya construcción fue acordada en el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Económica relativo a la Central Hidroeléctrica de Cachuela Esperanza de 8 de febrero de 1984 y mediante Acuerdo de agosto de 1988[6]

Otro documento del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente del 13 de julio de 2012 sostiene que la construcción de las presas derivará en una inundación que afectará las poblaciones aledañas y menciona también el riesgo inminente de desaparición de las poblaciones como Cachuela Esperanza (Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, 13/07/2007).


Finalmente, el 12 de agosto del 2008, IBAMA otorgó la licencia de instalación para iniciar las obras de la hidroeléctrica de Santo Antonio. Entonces el gobierno boliviano, pidió explicaciones y declaró su preocupación por la concesión de la licencia y, en base a ello, suspendió las conversaciones bilaterales que los dos países mantenían para discutir el tema.


No obstante todo lo anterior, dos semanas después, el 28 de agosto del 2008, el gobierno boliviano anunció la construcción de la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza (800 Mw) que está en el plan original del Complejo Madeira. ENDE de Bolivia firmó el contrato 8,2 millones U$ con Tecsult elegida por invitación directa pese al monto.


El contrato de Tecsult comprendía los siguientes estudios:


·         Factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza de 800 MW (11 meses)

·         Alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré y Beni (6 meses)

·         Análisis de los impactos de las represas de Jirau y Santo Antonio en territorio boliviano (12 meses) (Molina Carpio, 2010)


El proyecto presentado por Tecsult en noviembre, 2009 era como se detalla en la Tabla 19.


Este contrato fue denunciado ante la Contraloría General del Estado por el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia. El contrato fue adjudicado por un monto de 8.179.928,55 dólares, por invitación directa a una sola empresa, pasando por encima de la Ley SAFCO. La empresa Tecsult sólo deberá hacer trabajo de escritorio, mientras que ENDE deberá entregarle todos los estudios de campo para que inicie su trabajo. El contrato había sido firmado en agosto del 2008 y los trabajos de campo que ENDE debía entregar se iniciaron el 2009. A pesar de ello, Tecsult recibió 1.635.000 dólares como anticipo. No se entiende por qué ENDE procedió a la firma del contrato, si no contaba con la información y, peor aún, porqué entregó un anticipo que genera dividendos a la consultora, proporcionándole, al mismo tiempo, los argumentos para dilatar el trabajo  (Molina, Contrato ENDE-Tecsult denunciado en la Contraloría , 07-10-2009).


Parte del contrato ENDE–Tecsult era definir qué aprovechamientos hidroeléctricos son complementarios y cuáles no en el Norte Amazónico.  Para ello tenía un plazo de 6 meses, por lo que debió concluirse antes del diseño de Cachuela Esperanza.  Pero el contrato especifica que ese componente se iniciará "una vez que ENDE entregue al consultor (Tecsult) la información de topografía levantada para la zona de estudio", no obstante 15 meses después de la firma del contrato, ENDE no había concluido el estudio topográfico y por tanto oficialmente no se había dado inicio a ese componente clave (Molina Carpio, 2010).


El 16 de noviembre del 2011, la prensa registraba que el diseño final de la Megarepresa Cachuela Esperanza se encontraba paralizado por el incumplimiento de los términos de contrato. La TECSULT tenía que haber finalizado la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la Consulta y el informe de diseño final en el mes de diciembre de este año (Molina Carpio, 2010).


Aparte de estos problemas, existe otro mucho más serio; se trata de la viabilidad de la represa, o dicho de otro modo, la incompatibilidad entre Ribeirao y Cachuela Esperanza, tema que ya fue planteado hace varios años (Molina, 2005). Esto se debe a que el nivel normal del agua en el futuro embalse de Ribeirao sumergiría la casa de máquinas del proyecto Cachuela Esperanza y eliminaría la mayor parte de la caída disponible para generar energía. Cabe preguntarse,  ¿cuál de los dos proyectos se debería escoger? Según Molina Carpio, sería la de Ribeirao por lo siguiente:


  • Su potencia instalada sería tres veces mayor que la de Cachuela Esperanza (3.000 frente a 990 MW),
  • Solamente la construcción de Ribeirao haría posible la navegación en el tramo de cachuelas del río Madera,
  • Al aprovechar las caídas naturales que representan las cachuelas, el tramo de río que será inundado es mucho menor que si el proyecto se construyese en un río sin cachuelas.  Ribeirao comparte esta ventaja con Jirau y Santo Antonio.
  • Cachuela Esperanza inundaría 690 km2, una superficie diez veces mayor por unidad de potencia instalada que Jirau y Santo Antonio, por lo que cabe esperar que su impacto ambiental sea proporcionalmente mayor.
  • El proyecto Cachuela Esperanza generaría energía a un costo de 65 U$ (o más) el MWh, más de 3 veces superior al costo actual en el Sistema Interconectado de Bolivia y 50% más alto que Jirau (43 U$/MWh) y Santo Antonio, haciendo muy improbable su exportación a Brasil.

Por otra parte, recuerda Molina, Cachuela Esperanza al igual que otras represas similares enfrenta una desventaja frente a hidroeléctricas localizadas en la zona andina. Las represas sobre los grandes ríos de la Amazonía provocan impactos ambientales negativos muy grandes no solamente en el entorno cercano, sino a nivel de la cuenca. Los efectos de la represa de Santo Antonio o la de Cachuela Esperanza se sentirán a cientos o miles de kilómetros de distancia, en la llanura beniana, en el Chapare o en Rurrenabaque, sobre los peces migratorios y los pescadores comerciales y pueblos indígenas que dependen de ellos para su sustento. Esta es una diferencia importante con las plantas hidroeléctricas de la zona andina, que aprovechan el caudal de afluentes mucho más pequeños y han sido reconocidas internacionalmente por su eficiencia, bajo impacto ambiental y tamaño adecuado a las necesidades del país, es decir lo opuesto a los megaproyectos.


Otro problema es su viabilidad económica. Según Tecsult, las generadoras en Bolivia venden energía al Sistema Interconectado Nacional a menos de 20 U$ por MWh, pero el costo de la energía de Cachuela Esperanza sería de 65 U$ por MWh. Por tanto, el proyecto solo sería rentable si más del 95% se exporta a Brasil; pero aquí hay otro problema, la electricidad de Jirau estará a 43 U$ MWh[7] (Molina Carpio, 2010).


ENDE llevó a cabo, en los 80´s, estudios de prefactibilidad y factibilidad de Cachuela Esperanza. El diseño de factibilidad (1988) recomendó una central de 46.8 MW de potencia instalada, utilizando menos del 10% del caudal medio (8.900 m3/s) del río Beni, no inundaba áreas adicionales y costaría 111 millones U$ a precios de esa época. La central estaba destinada a satisfacer las necesidades de energía actuales (<20 MW) y futuras de la región del Norte amazónico. Si bien no se realizó un estudio de impacto ambiental de esa alternativa, cabe esperar que los impactos negativos fuesen mucho menores al megaproyecto con represa y embalse solicitado a Tecsult (Molina Carpio, 2010).

Los propios representantes de Tcsult declararon a la prensa en noviembre del 2009: “No hay que mentir a la gente, habrá impactos y se debe preparar las medidas de mitigación, …entre los efectos más nocivos del proyecto hidroeléctrico sobre el medio ambiente y la biodiversidad en la zona a la alteración y pérdida de agua y del caudal del río, alteración y pérdida de vegetación en la zona de las obras, alteración y migración de peces, y alteración y pérdida de aves. … también se tendría que soportar impactos en la economía, hábitat y la forma de vida de los pobladores de la región cercana al río Madera.Los impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras agrícolas, pérdidas de recursos utilizados por la población. … perturbaciones a la pesca, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a la presencia de obras, agregó. (Plataformaenergetica.org, 25/11/2009)


LAS VIDAS PARALELAS DEL GOBIERNO


Hasta aquí hemos visto las medidas que asumió el gobierno supuestamente para proteger a Bolivia de los impactos del CRM y cómo acabó. Pero al mismo tiempo hubo un proceso paralelo que ayudará a comprender el anterior.

El 14 de febrero del 2007, el gobierno había firmado con Brasil un acuerdo bilateral de defensa que veremos más tarde, (RS, 2007) y el 15 de febrero Bolivia y Brasil hacían público un comunicado conjunto “Brasil – Bolivia: bases para um parceria estratégica”. Su contenido nos revela que la posición anti-represas del gobierno boliviano nunca había sido sincera. 

En este comunicado Bolivia manifiesta de hecho su acuerdo con la ocupación de Haití (Punto 14) donde Brasil tiene un rol muy importante[8]. Aparte de esto se revelan los siguientes acuerdos: 

Se reconoce la alta prioridad de la integración de la infraestructura física (23); la construcción del puente entre Guajará-Mirim, en Rondônia, y Guayaramerín, (Beni) (24); la construcción del sistema de carreteras  “Hacia el Norte”; el financiamiento brasilero para proyectos de desarrollo de interés de Bolivia (25); la cooperación en materia de energía (4); la cooperación de Brasil para la instalación de una planta de biodiesel en Bolivia (22)[9]; la creación de una institución de investigación agropecuaria del tipo EMBRAPA (33); el apoyo de Brasil para programas agrarios en Beni y Pando (40), la ampliación de la cooperación en materia de defensa entre los dos países (28); y la continuación del diálogo sobre el Madera.

Como vemos, este acuerdo que versaba sobre IIRSA, transgénicos (EMBRAPA) y agrocombustibles, no coincidía con el discurso del gobierno. Esta divergencia, sin embargo, ya tenía cierta antigüedad, por ejemplo, antes que el gobierno hubiera concluido el primer año de su mandato, en noviembre del 2006, había promulgado una ley para la instalación de una planta de biocombustibles en el norte de La Paz, lo cual no fue obstáculo para que el Presidente continuara por el mundo perorando contra los agrocombustibles. El contenido del comunicado tiene también importancias porque es, en fin, lo que vino a ser el programa económico del gobierno, un programa que también incluye una política agraria coherente con el comunicado.

Recordemos que el acuerdo pretendía crear una institución tipo EMBRAPA. Esta  institución es una agencia gubernamental que trabaja con soya transgénica[10] desde 1997, cuando junto a la iniciativa privada, pasó a incorporar a sus cultivos, el gen de tolerancia al herbicida glifosato y con ese fin EMBRAPA firmó un contrato de investigación con Monsanto. Actualmente,  EMBRAPA tiene contratos similares, entre otras con BASF.

Su cooperación a Bolivia incluye la asistencia al CIAT de Santa Cruz para producción biodiesel (Bolívia tem apoio da Embrapa para produzir biodiesel, 21/07/2009), el fortalecimiento del uso sustentable de recursos no madereros, y la introducción de ganadería en la provincia Vaca Diez del Beni[11] o sea en pleno norte amazónico.


La ayuda del INIAF incluía varios proyectos en el campo genético. Esta institución en la ley 144 que ha legalizado los transgénicos en Bolivia es central[12].

También el INCRA aparece en los acuerdos de cooperación brasilera; interviniendo en la formulación e implementación de políticas públicas para la agricultura familiar, la reforma agraria y el desarrollo rural, proyecto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA, 2/21/2007) [13] Otros acuerdos son según la Agência Brasileira de Cooperação (ABC): (ABC , 10/13/2009):

·     Construcción de Estrategias Públicas para el Desarrollo Rural del Norte amazónico de Bolivia. Este proyecto, desarrollado en colaboración con CONAB, tiene como objetivo promover la agricultura familiar extractivista, a través de la consolidación de políticas públicas de comercialización;

·         Fortalecimiento de la Empresa de Producción de Alimentos EMAPA;

·         Apoyo al establecimiento de la Institución Nacional de Abastecimiento interno en Bolivia, que se desarrollará en colaboración con CONAB;

·         Fortalecimiento del Sistema de Información Agropecuario de Bolivia en colaboración con CONAB;

·         Creación e Implementación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar Boliviano – FONAE. 

Con este nutrido trasfondo de acuerdos ya fue natural que el 18 de diciembre del 2007 se produjera en La Paz, la cumbre MoralesBacheletLula, donde se firmaron más acuerdos:

  • La construcción del Corredor Interoceánico previsto en la Declaración de La Paz, firmado conjuntamente con el Presidente de Chile, Michelle Bachelet, el 16 de diciembre 2007 (ABI, 18/12/2007) [14]; y el financiamiento del proyecto carretero "Hacia el Norte".
  • Créditos de Brasil a Bolivia se destinarán a financiar el 100% del valor de las exportaciones brasileñas de bienes y servicios por parte de empresas brasileñas seleccionadas por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administradora Boliviana de Carreteras, en nombre de la República de Bolivia, para las obras de los siguientes trechos del proyecto carretero "Hacia El Norte": en territorio boliviano a) Sección 1: Rurrenabaque−Santa Rosa (95,7 km), Santa Rosa−Australia (169.4 km), y Australia−El Chorro (168 Km), la cantidad máxima total de U$ 199.000.000,00 y b)  Sección 2: El Chorro−Riberalta (74,9 Km), la cantidad máxima de 31.000.000 de dólares.
  • Gestiones conjuntas para mejorar la navegabilidad del Canal Tanengo en la Hidrovía Paraguay-Paraná;
  • El establecimiento por parte de Brasil de condiciones para el financiamiento de proyectos de infraestructura (13);
  • Integración fronteriza a través de la elaboración de un Plan de Desarrollo Fronterizo;
  • La firma de un Memorándum de Entendimiento en Materia de Hidrocarburos (11)[15]. 
  • Un convenio de crédito por 35 millones USD destinado a la compra de bienes de capital para la agricultura;
  • El fomento de la Integración turística, concretamente al proyecto de la Ruta Pantanal – Pacífico.





Finalmente, tenemos un acuerdo bilateral de Defensa, que refuerza el acuerdo bilateral firmado el 14 de febrero de 2007, y la intención de iniciar un nuevo ciclo de profundización de las relaciones bilaterales en esta área desde 2008. La reanudación de las actividades de cooperación de defensa se habían previsto en el Acta de Reunión del BrasilBolivia, firmada el 25 de abril de 2006, durante una visita a La Paz, de la Misión Especial de Cooperación del Gobierno brasileño. 

En realidad, el acuerdo de defensa habría sido promovido por el celo de los militares brasileños ante el acuerdo militar firmado entre Bolivia y Venezuela (Brasil e Bolívia vão retomar cooperação militar Terça-feira, 18 de dezembro de 2007, 2007). Si Venezuela alguna vez tuvo intenciones hegemonistas en Bolivia, la posición que logró Brasil en las áreas de infraestructura y energía, entre las muchas otras que vimos ya habrán frustrado esas intenciones. Además como coronación de su amplio espectro de logros en Bolivia, el Brasil ha logrado una situación hegemónica en cuestión de finanzas.

En la Ilustración 29 podemos apreciar que la deuda bilateral contratada con Brasil ya superó ligeramente a Venezuela. 




El problema del río Madera se dio poco después que el gobierno hizo la llamada nacionalización de los hidrocarburos. En las negociaciones correspondientes sobre estos dos temas se forjó el contenido económico definitivo de la política gubernamental.



NOTAS



[1] República de Bolivia. Ministerio de Relaciones y Cultos. Clasificación: URGENTE VREC/DGLF/UMA/213/2006. La Paz, 07 de noviembre de 2006
[2] Carta del Canciller Choquehuanca al Brasil: República de Bolivia. Ministerio de Relaciones y Cultos VREC/DGLF/UMA/213/2006 La Paz, 07 de noviembre de 2006 Clasificación: URGENTE. Al Excelentísimo Señor Emb. Celso Amorin, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil
[3] Los medios de Brasil forzaban conclusiones en torno a que la preocupación transmitida oficialmente por el gobierno boliviano en torno a la construcción de las dos represas sobre el río Madeira, sería en realidad una estrategia para lograr el financiamiento de una o dos represas en territorio boliviano.
[4] “Parecer Técnico IBAMA No 014/2007”.
[5] Mauro Nazif critica intervenção Boliviana sobre construção das Usinas do Madeira 17/7/2007 Da Assessoria.
[6] República de Bolivia. Ministerio de Relaciones y Cultos VREC/DGLF/UMA/213/2006. Clasificación: URGENTE La Paz, 07 de noviembre de 2006 Al Excelentísimo Señor Emb. Celso Amorin  Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil.
[7] Según TECSULT, el proyecto requerirá una inversión de 2000 millones de dólares, monto que muy probablemente no incluye los costos ambientales ni de líneas de trasmisión, ya que el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental  aún no fue concluido.
[8] “Os dois Presidentes destacaram a importância dos esforços regionais em favor da estabilidade democrática, do fortalecimento da soberania e da reconstrução e desenvolvimento econômico do Haiti. (14)”
[9] “O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a disposição do Governo brasileiro em implantar usina de biodiesel na Bolívia. Com vistas a trabalhar essa iniciativa, o Brasil enviará, no curto prazo, uma missão à Bolívia. (22)”
[11] Pesquisadores visitam indústrias de processamento de castanha e áreas pecuárias na Bolívia (23/11/2010)
[12] “Um dos projetos executados ... criação, na Bolívia, de instituição nos moldes da EMBRAPA, de modo a beneficiar a pesquisa agropecuária boliviana” (2/21/2007 Cinco novos projetos de cooperação técnica iniciados após visita de Evo Morales) (INCRA) MRE / ABC - 2/21/2007).
 "Fortalecimento do Sistema de Sementes do Instituto Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF)". Projeto a ser desenvolvido em parceria com a EMBRAPA;(10/13/2009 ABC coordena missão multidisciplinar à Bolívia) [ABC - 13/10/2009]- "Fortalecimento do Sistema de Recursos Genéticos do Instituto Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF)". Projeto a ser desenvolvido em parceria com a EMBRAPA. Seu objetivo é a capacitação de pessoal do INIAF em práticas de conservação de recursos genéticos. "Apoio ao Instituto Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF) no Desenvolvimento de um Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural na Bolívia".; (10/13/2009 ABC coordena missão multidisciplinar à Bolívia) [ABC - 13/10/2009]
[13] Este projeto, originalmente assinado em 2007, sofreu reformulação, no sentido de atender às demandas do Governo boliviano, à luz de recentes marcos normativos que definem novas prioridades para as políticas públicas de acesso à terra, agricultura familiar e campesina. "Capacitação de Técnicos e Gestores Públicos e Intercâmbio Técnico em Desenvolvimento de Instrumentos de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar/Campesina e Reforma Agrária". Este projeto, originalmente assinado em 2007[ABC - 13/10/2009]
[14] 15. Expressaram seu firme compromisso em promover todas as iniciativas que viabilizem, a curto prazo, a concretização do corredor interoceânico prevista na Declaração de La Paz, firmada conjuntamente com a Presidente do Chile, Michelle Bachelet, em 16 de dezembro de 2007”.
[15] El 17 de diciembre, 2007, se firma el Memorando de entendimento em matéria energética entre o Ministério de Minas e Energia de Brasil e o Ministério de Hidrocarbonetos e Energia de Bolívia.  Las Partes, Brasil y Bolivia, acuerdan lo siguiente:
-          Identificar las necesidades y proyectos en el sector energético para promover la seguridad energética de ambos países[15] (Art. 2)
-          Promover acuerdos para actividades de estudio de exploración de hidrocarburos en áreas reservadas por el Estado en favor YPFB, y desarrollar planes de capacitación técnica, operativa y gerencial de recursos humanos para fortalecer YPFB y las instituciones del sector en todas las áreas del sector hidrocarburos; .(Art. 3)
-          Reserva de la información obtenida en el marco de este convenio (Art. 6);
-          La denuncia del acuerdo podrá hacer en cualquier momento por escrito y por vía diplomática, pero surtirá efecto a los seis meses posteriores y no afectará las actividades en ejecución a menos que las partes hubieran acordado expresamente lo contrario.(Art. 8)