La posición del gobierno ante las represas del río Madera quedó
definida cuando el canciller declaró ante el Senado: “… no nos estamos oponiendo, …Solo Manifestamos que
hay riesgos, impactos no solo en Brasil, sino también en Bolivia y Perú” y se mostró muy comprensivo con el Brasil: “Conocemos
la creciente necesidad de energía en Brasil. Eso obliga a proyectos urgentes” También dijo que el gobierno consideraba posible equilibrar políticas
ecológicas y el uso de grandes recursos hídricos. Esta
posición favorecía a Lula que había echado de sus puestos a los responsables
del IBAMA, quienes preocupados por los impactos de las represas, entre otros,
sobre Bolivia, habían exigido nuevos estudios de impacto.
(Extractado del libro: Geopolíticas de las Carreteras y el Saqueo de los Recursos Naturales. Descargar: http://www.cedib.org/publicaciones/descarga-geopolitica-de-las-carreteras-y-el-saqueo-de-los-recursos-naturales/)
EL COMPLEJO DEL RÍO MADERA CONFORMÓ GRAN PARTE DE LA POLÍTICA DE EVO MORALES
(Extractado del libro: Geopolíticas de las Carreteras y el Saqueo de los Recursos Naturales. Descargar: http://www.cedib.org/publicaciones/descarga-geopolitica-de-las-carreteras-y-el-saqueo-de-los-recursos-naturales/)
El problema de las represas del Madera se
destapó en Bolivia, el 11 de septiembre 2006, cuando el IBAMA aprobó el EIA
para la construcción de las represas de Jirau y Santo Antonio, a lo cual
sucedería la otorgación de la licencia ambiental y sucesivamente la licitación
de las obras.
El 7 de
noviembre del 2006 el canciller boliviano Choquehuanca envió una primera carta
al canciller brasilero, Celso
Amorim, mencionando posibles consecuencias medioambientales de las represas y
recordándole el
Convenio del 15 de agosto de 1990 para la preservación, conservación y
fiscalización de los recursos naturales en el área fronteriza, que comprometía
a las partes a proteger los bosques naturales y a preservar sus recursos,
principalmente en al Zonas Fronterizas Binacionales, realizando estudios
coordinados dirigidos a la aplicación, en Bolivia y Brasil, de planes,
programas y proyectos que permitieran el aprovechamiento racional de los
recursos naturales.
La carta
decía: “Siempre
entendimos en Bolivia, que el proyecto Madera–Madeira forma parte de la
integración física estratégica entre Bolivia y Brasil, razón por la cual
propongo a Vuestra Excelencia … articular dicho Proyecto con obras conjuntas
que beneficien, por igual, a nuestros países”[1]. Y
terminaba proponiendo que el tema se tratara en la Comisión Binacional para análisis de
Proyectos relativos al Río Madera, que ya había sido propuesta mediante Nota
Verbal VREC/DGAB/DAM/539/04.
No había una sola palabra de oposición a las
represas, pero podía pensarse de buena fe que este era un primer paso[2].
Además en febrero del 2007, el Presidente Evo Morales y su comitiva viajaron a
Brasil para negociar el precio del gas exportado a ese país[3]. En
esa oportunidad la prensa publicó que Brasil no convenció a Bolivia de aceptar
el proyecto de dos hidroeléctricas próximas a su frontera, a pesar de que
Brasil “cedió en el precio del gas,
propuso sociedades (asociaciones) para las construcción de dos represas y más
bien los bolivianos criticaron el estudio ambiental”. Esto podía tomarse al
menos como una buena señal.
En marzo del 2007, en Brasil, el Instituto
Brasilero del Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) negó la licencia
ambiental preliminar para las represas, señalando fallos en el Estudio de
Impacto Ambiental, elaborado por Furnas/Odebrecht. El IBAMA sostuvo que[4] debido
a la elevación del agua no quedaban dudas que los impactos de las represas relacionados
con la productividad pesquera, la viabilidad poblacional de especies de peces y
la proliferación de la malaria se extenderían a otros países; que el análisis
de los impactos ambientales identificados, demostró la fragilidad de los
mecanismos y propuestas de mitigación. En consecuencia, tomando en cuenta el
elevado grado de incertidumbre involucrado en el proceso, la identificación de
áreas afectadas no contempladas en el Estudio, y la falta de definición de la magnitud de varios impactos
con ausencia de medidas mitigadoras, concluyó que no podía garantizar la
viabilidad ambiental de las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, y
recomendó la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental de más
alcance, en territorio nacional y en territorios transfronterizos.
Antes este informe técnico negativo, en abril
del 2007, el gobierno de Lula Da Silva echó a los directivos del IBAMA, entre
estos a la junta directiva y así, el 9 de julio 2007 sus nuevos miembros,
concedieron la licencia previa para las dos represas del Madera.
En Bolivia, esto significaba que la
representación de los intereses nacionales sobre el Madera había fracasado.
Pero ¿Cuál era la política del gobierno? (Para una versión más extensa de este
aspecto ver: http://yque-yque.blogspot.com/2008/01/el-rio-madera-y-la-diplomacia-agachada.html)
No se sabía, pues el gobierno había venido manejando el asunto como un secreto
de Estado, lo cual, visto con buena fe podía haber hecho pensar que el país
tenía una estrategia. Pero ante el fracaso, un documento enviado por el
gobierno al canciller brasilero reveló que no, pues protestaba porque el
canciller de Brasil no había cumplido su compromiso de informar permanentemente
a Bolivia de los estudios sobre las hidroeléctricas, y en especial de la
cuestión del medio ambiente, de la fauna y de la flora, la salud y todo impacto
que pudiera ser producido por las represas[5]. Esto
quería decir:
b) Que la estrategia boliviana era totalmente subordinada al Brasil; y
c) Que Bolivia no tenía un objetivo claro: ¿frenar la construcción de las represas?; ¿llegar a un acuerdo para mitigar los impactos?, ¿participar del negocio?
El 11 de julio del 2007, el gobierno boliviano
envió una carta a Brasil expresando su preocupación por la licencia previa
pidiendo la realización de una EIA antes que continuara el proyecto.
Pero más tarde en una entrevista, el canciller
boliviano al manifestar que las represas podrían generar una serie de impactos
negativos, se esforzó notablemente en aclarar que lo decía utilizando el
condicional (podría, provocaría) porque los estudios solo se habían hecho en el
Brasil (Carmo, 11/7/2007). Sin embargo, como
vimos anteriormente estos estudios ya presagiaban impactos serios para Bolivia.
Finalmente, la posición del gobierno quedó
definida cuando el canciller declaró ante el Senado: “… no nos estamos oponiendo, …Solo Manifestamos que
hay riesgos, impactos no solo en Brasil, sino también en Bolivia y Perú” y se mostró muy comprensivo con el Brasil: “Conocemos
la creciente necesidad de energía en Brasil. Eso obliga a proyectos urgentes” También dijo que el gobierno consideraba posible equilibrar políticas
ecológicas y el uso de grandes recursos hídricos (Bolívia quer integração para usinas no Madeira, diz chanceler,
24/7/2007). Esta
posición favorecía a Lula que había echado de sus puestos a los responsables
del IBAMA, quienes preocupados por los impactos de las represas, entre otros,
sobre Bolivia, habían exigido nuevos estudios de impacto. Esto es que no veían
el “equilibrio” del que hablaba el canciller, cuya posición lamentablemente era
coherente con otras medidas adoptadas por el gobierno como el DS 29191 del 14
de Julio del 07 resucitando el disparatado proyecto de la represa del Bala.
Ante la aprobación de la licencia, el Senado,
por su parte, convocó al canciller Choquehuanca a explicar su “excesivo retraso y negligencia ante el Gobierno del
Brasil” cuando ya hacía un año y medio que este había
anunciado su decisión de construir las represas (Choquehuanca
será llamado al Senado, 17/7/2007). Luego, la cámara de diputados hizo el mismo
anuncio. Naturalmente, hubiera sido bueno saber qué hizo el parlamento que no
fiscalizó a la cancillería durante ese año y medio de negligencia.
Una idea interesante del parlamento fue
invitar al embajador del Brasil a informar sobre las represas, como si no
hubiera en Bolivia personas e instituciones que se habían ocupado del asunto
desde el punto de vista de los intereses nacionales. A esto siguieron algunas
baladronadas como el anuncio de llevar el caso ante la OTCA ante la Liga
Parlamentaria Boliviano-Brasileña donde resulta que su presidente había sido
nada menos que un senador boliviano.
Y así, recién el 24 de octubre del 2007, la
Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una minuta exigiendo al Ejecutivo: “…evitar por todos los medios la licitación
brasileña que se pretende llevar el 30 de octubre” (ABI, La Paz, 25 oct.) . Por fin
se había decidido dejar de gambetear entre a) no a las represas, b) si pero con
mitigación, y, c) participación en el negocio. El problema es que la decisión
correcta salió a luz sólo días antes de la licitación; muy tarde para recurrir
a “todos los medios”.
En realidad la licitación se había postergado
hasta el 10 de diciembre, pero el que la minuta mantuviera la fecha del 30 de
octubre demuestra que los parlamentarios no lo sabían. De esta manera, llegaron
a los 2 años de negligencia.
Parte de las acciones de Bolivia fueron las
numerosas visitas al Brasil de comisiones de funcionarios del gobierno
boliviano, se entiende representando los intereses nacionales. Pero uno de los
problemas con estas misiones fue que varios de sus integrantes estaban
abiertamente a favor de las represas, como el entonces ministro de Obras
Públicas Jerges Mercado que llamaba a las represas “la oportunidad del
milenio”. Esto alcanzó niveles escandalosos −al menos
en cualquier otro país lo habría hecho− cuando “En
febrero de 2007, un equipo liderado por el entonces viceministro de
Electricidad Hugo Villarroel viajó a Río de Janeiro con la misión de preparar
la Cumbre presidencial Lula-Morales, pero para la visita presidencial
prepararon un convenio de financiamiento para la tercera represa binacional que
el presidente Evo Morales se negó a firmar”. “A partir de entonces, el
Gobierno no envío nada oficial a Brasil, la noticia de que se aprobaban las
represas era persistente, pero los asesores de la Cancillería, junto con el
Ministro de Obras Públicas se encargaron de impedir que el tema sea tratado
oficialmente en gabinete” (Molina, 2007).
El producto más sobresaliente de la diplomacia
boliviana fue un cuestionario –que ya mencionamos antes− enviado
al gobierno de Brasil a principios de agosto, cuyo objetivo aparente era
demostrar que el Brasil no tenía las bases científicas para negar el impacto de
las represas en Bolivia. Hecho el envío, el gobierno consecuente con su
estrategia subordinada se puso a esperar la respuesta por escrito; pero
mientras esperaba, el Brasil continuaba avanzando; licitó la primera represa el
10 de diciembre y las respuestas al cuestionario, las envió a Bolivia días
antes.
De todos modos, las discusiones diplomáticas
continuaron con el Brasil. En octubre, 2008, se realizó una reunión técnica
binacional en la Cancillería, en La Paz, donde tendría que haberse producido un
intercambio entre equipos técnicos de Brasil y de Bolivia, pero a la reunión
solo asistieron los técnicos de Bolivia y por Brasil un diplomático acompañado
de dos personas. Pese a ello la reunión no se suspendió y los técnicos
bolivianos terminaron haciendo sus presentaciones sin ton ni son ante el
quisquilloso e irritable diplomático brasilero.
Ya antes de esta reunión, sin embargo, a fines
de agosto del 2008, el Gobierno de Bolivia había anunciado que se firmó un
contrato con TECSULT INTERNATIONAL LIMITÉE, para llevar adelante el “Análisis
de los impactos de las represas de Jiraú y Santo Antonio en territorio
boliviano” y el “Estudio de Prefactibilidad de las alternativas de
aprovechamiento hidroeléctrico y navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré,
Beni” (16 de noviembre del 2009 al 10 de mayo del 2010) esto quería decir que,
como atestigua el documento Información de Proyectos de Inversión para
Financiamiento sobre el proyecto “Central Hidroeléctrica Río Madera El Proyecto
Hidroeléctrico y de Navegación Fluvial Madera” el gobierno había hecho suyo el
proyecto del Madera y fue un golpe del propio gobierno contra el país; como lo
expresó un representante de la Cancillería boliviana en el taller de EAE sobre
la cuenca del Madera (marzo, 2010) citado por Molina:
“Los
estudios de Cachuela Esperanza nos han quitado la mitad de los argumentos que
teníamos contra los proyectos brasileños de Jirau y Santo Antonio. Brasil lo
aprovechó inmediatamente. No se puede evaluar esos proyectos sin considerar su
impacto geopolítico” (Molina Carpio, julio, 2010)
Cabe recordar que el 7 de noviembre del 2006 la cancillería boliviana
había dirigido al canciller Amorim una carta para manifestarle la preocupación
del Gobierno y de las regiones colindantes con el Río Madera por los probables
impactos ecológicos y ambientales de la construcción en territorio brasileño de
las Presas Jirau y San Antonio. Allí decía que entre los impactos probables, se
consideraba la inundación en el territorio boliviano, como efecto de los embalses
que afecta, las posibilidades de construcción de proyectos hidroeléctricos para
satisfacer las demandas regionales y locales de energía e inclusive la
inundación de Cachuela Esperanza, lo que inviabilizaría el Proyecto, cuya
construcción fue acordada en el marco del Convenio de Cooperación Técnica y
Económica relativo a la Central Hidroeléctrica de Cachuela Esperanza de 8 de
febrero de 1984 y mediante Acuerdo de agosto de 1988[6].
Otro documento del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente del 13 de julio de 2012 sostiene que la construcción de las presas derivará en una inundación que afectará las poblaciones aledañas y menciona también el riesgo inminente de desaparición de las poblaciones como Cachuela Esperanza (Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, 13/07/2007).
Otro documento del Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente del 13 de julio de 2012 sostiene que la construcción de las presas derivará en una inundación que afectará las poblaciones aledañas y menciona también el riesgo inminente de desaparición de las poblaciones como Cachuela Esperanza (Viceministerio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, 13/07/2007).
Finalmente, el 12 de agosto del 2008, IBAMA
otorgó la licencia de instalación para iniciar las obras de la hidroeléctrica
de Santo Antonio. Entonces el gobierno boliviano, pidió explicaciones y declaró
su preocupación por la concesión de la licencia y, en base a ello, suspendió
las conversaciones bilaterales que los dos países mantenían para discutir el
tema.
No obstante todo lo anterior, dos semanas después,
el 28 de agosto del 2008, el gobierno boliviano anunció la construcción de la
hidroeléctrica de Cachuela Esperanza (800 Mw) que está en el plan original del
Complejo Madeira. ENDE de Bolivia firmó el contrato 8,2 millones U$ con Tecsult
elegida por invitación directa pese al monto.
El contrato de Tecsult comprendía los
siguientes estudios:
·
Factibilidad y diseño final del proyecto
hidroeléctrico Cachuela Esperanza de 800 MW (11 meses)
·
Alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y
navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré y Beni (6 meses)
·
Análisis de los impactos de las represas de Jirau y
Santo Antonio en territorio boliviano (12 meses) (Molina Carpio, 2010)
El proyecto presentado por Tecsult en
noviembre, 2009 era como se detalla en la Tabla 19.
Este contrato fue denunciado ante la
Contraloría General del Estado por el Bloque de Organizaciones Campesinas e
Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia. El contrato fue adjudicado por un
monto de 8.179.928,55 dólares, por invitación directa a una sola empresa,
pasando por encima de la Ley SAFCO. La empresa Tecsult sólo deberá hacer
trabajo de escritorio, mientras que ENDE deberá entregarle todos los estudios
de campo para que inicie su trabajo. El contrato había sido firmado en agosto
del 2008 y los trabajos de campo que ENDE debía entregar se iniciaron el 2009.
A pesar de ello, Tecsult recibió 1.635.000 dólares como anticipo. No se
entiende por qué ENDE procedió a la firma del contrato, si no contaba con la
información y, peor aún, porqué entregó un anticipo que genera dividendos a la
consultora, proporcionándole, al mismo tiempo, los argumentos para dilatar el
trabajo (Molina, Contrato ENDE-Tecsult denunciado en la Contraloría , 07-10-2009).
Parte del contrato ENDE–Tecsult era definir
qué aprovechamientos hidroeléctricos son complementarios y cuáles no en el
Norte Amazónico. Para ello tenía un
plazo de 6 meses, por lo que debió concluirse antes del diseño de Cachuela
Esperanza. Pero el contrato especifica
que ese componente se iniciará "una
vez que ENDE entregue al consultor (Tecsult) la información de topografía
levantada para la zona de estudio", no obstante 15 meses después de la
firma del contrato, ENDE no había concluido el estudio topográfico y por tanto
oficialmente no se había dado inicio a ese componente clave (Molina Carpio, 2010).
El 16 de noviembre del 2011, la prensa
registraba que el diseño final de la Megarepresa Cachuela Esperanza se
encontraba paralizado por el incumplimiento de los términos de contrato. La
TECSULT tenía que haber finalizado la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la
Consulta y el informe de diseño final en el mes de diciembre de este año (Molina Carpio, 2010).
Aparte de estos problemas, existe otro mucho
más serio; se trata de la viabilidad de la represa, o dicho de otro modo, la
incompatibilidad entre Ribeirao y Cachuela Esperanza, tema que ya fue planteado
hace varios años (Molina, 2005). Esto se debe a que el nivel normal del agua en
el futuro embalse de Ribeirao sumergiría la casa de máquinas del proyecto
Cachuela Esperanza y eliminaría la mayor parte de la caída disponible para
generar energía. Cabe preguntarse, ¿cuál
de los dos proyectos se debería escoger? Según Molina Carpio, sería la de
Ribeirao por lo siguiente:
- Su potencia instalada sería tres veces mayor que la de Cachuela Esperanza (3.000 frente a 990 MW),
- Solamente la construcción de Ribeirao haría posible la navegación en el tramo de cachuelas del río Madera,
- Al aprovechar las caídas naturales que representan las cachuelas, el tramo de río que será inundado es mucho menor que si el proyecto se construyese en un río sin cachuelas. Ribeirao comparte esta ventaja con Jirau y Santo Antonio.
- Cachuela Esperanza inundaría 690 km2, una superficie diez veces mayor por unidad de potencia instalada que Jirau y Santo Antonio, por lo que cabe esperar que su impacto ambiental sea proporcionalmente mayor.
- El proyecto Cachuela Esperanza generaría energía a un costo de 65 U$ (o más) el MWh, más de 3 veces superior al costo actual en el Sistema Interconectado de Bolivia y 50% más alto que Jirau (43 U$/MWh) y Santo Antonio, haciendo muy improbable su exportación a Brasil.
Por otra parte, recuerda Molina, Cachuela
Esperanza al igual que otras represas similares enfrenta una desventaja frente
a hidroeléctricas localizadas en la zona andina. Las represas sobre los grandes
ríos de la Amazonía provocan impactos ambientales negativos muy grandes no
solamente en el entorno cercano, sino a nivel de la cuenca. Los efectos de la
represa de Santo Antonio o la de Cachuela Esperanza se sentirán a cientos o
miles de kilómetros de distancia, en la llanura beniana, en el Chapare o en
Rurrenabaque, sobre los peces migratorios y los pescadores comerciales y
pueblos indígenas que dependen de ellos para su sustento. Esta es una
diferencia importante con las plantas hidroeléctricas de la zona andina, que
aprovechan el caudal de afluentes mucho más pequeños y han sido reconocidas
internacionalmente por su eficiencia, bajo impacto ambiental y tamaño adecuado
a las necesidades del país, es decir lo opuesto a los megaproyectos.
Otro problema es su viabilidad económica.
Según Tecsult, las generadoras en Bolivia venden energía al Sistema
Interconectado Nacional a menos de 20 U$ por MWh, pero el costo de la energía
de Cachuela Esperanza sería de 65 U$ por MWh. Por tanto, el proyecto solo sería
rentable si más del 95% se exporta a Brasil; pero aquí hay otro problema, la
electricidad de Jirau estará a 43 U$ MWh[7] (Molina
Carpio, 2010).
ENDE llevó a cabo, en los 80´s, estudios de
prefactibilidad y factibilidad de Cachuela Esperanza. El diseño de factibilidad
(1988) recomendó una central de 46.8 MW de potencia instalada, utilizando menos
del 10% del caudal medio (8.900 m3/s) del río Beni, no inundaba áreas
adicionales y costaría 111 millones U$ a precios de esa época. La central
estaba destinada a satisfacer las necesidades de energía actuales (<20 MW) y
futuras de la región del Norte amazónico. Si bien no se realizó un estudio de
impacto ambiental de esa alternativa, cabe esperar que los impactos negativos
fuesen mucho menores al megaproyecto con represa y embalse solicitado a Tecsult
(Molina Carpio, 2010).
Los propios representantes de Tcsult
declararon a la prensa en noviembre del 2009: “No
hay que mentir a la gente, habrá impactos y se debe preparar las medidas de
mitigación, …entre los efectos
más nocivos del proyecto hidroeléctrico sobre el medio ambiente y la
biodiversidad en la zona a la alteración y pérdida de agua y del caudal del
río, alteración y pérdida de vegetación en la zona de las obras, alteración y
migración de peces, y alteración y pérdida de aves. … también se tendría que soportar impactos en la
economía, hábitat y la forma de vida de los pobladores de la región cercana al
río Madera. … Los
impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras
agrícolas, pérdidas de recursos utilizados por la población. … perturbaciones a
la pesca, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a
la presencia de obras, agregó. (Plataformaenergetica.org, 25/11/2009)
LAS VIDAS PARALELAS DEL GOBIERNO
LAS VIDAS PARALELAS DEL GOBIERNO
Hasta aquí hemos visto las medidas que asumió
el gobierno supuestamente para proteger a Bolivia de los impactos del CRM y
cómo acabó. Pero al mismo tiempo hubo un proceso paralelo que ayudará a
comprender el anterior.
El 14 de febrero
del 2007, el gobierno había firmado con Brasil un acuerdo bilateral de defensa
que veremos más tarde, (RS, 2007) y el 15 de febrero Bolivia y Brasil hacían público un comunicado conjunto
“Brasil – Bolivia: bases para um parceria estratégica”. Su contenido nos revela que la posición
anti-represas del gobierno boliviano nunca había sido sincera.
En este
comunicado Bolivia manifiesta de hecho su acuerdo con la
ocupación de Haití (Punto 14) donde Brasil tiene un rol muy importante[8].
Aparte de esto se revelan los siguientes acuerdos:
Se reconoce la alta prioridad de la
integración de la infraestructura física (23); la construcción del puente entre
Guajará-Mirim, en Rondônia, y Guayaramerín, (Beni) (24); la construcción del sistema
de carreteras “Hacia el Norte”; el
financiamiento brasilero para proyectos de desarrollo de interés de Bolivia
(25); la cooperación en materia de energía (4); la cooperación de Brasil para
la instalación de una planta de biodiesel en Bolivia (22)[9];
la creación de una institución de investigación agropecuaria del tipo EMBRAPA
(33); el apoyo de Brasil para programas agrarios en Beni y Pando (40), la
ampliación de la cooperación en materia de defensa entre los dos países (28); y
la continuación del diálogo sobre el Madera.
Como vemos, este acuerdo que versaba sobre
IIRSA, transgénicos (EMBRAPA) y agrocombustibles, no coincidía con el discurso
del gobierno. Esta divergencia, sin embargo, ya tenía cierta antigüedad, por
ejemplo, antes que el gobierno hubiera concluido el primer año de su mandato,
en noviembre del 2006, había promulgado una ley para la instalación de una
planta de biocombustibles en el norte de La Paz, lo cual no fue obstáculo para
que el Presidente continuara por el mundo perorando contra los
agrocombustibles. El contenido del comunicado tiene también importancias porque
es, en fin, lo que vino a ser el programa económico del gobierno, un programa
que también incluye una política agraria coherente con el comunicado.
Recordemos que el acuerdo pretendía crear una
institución tipo EMBRAPA. Esta institución es una agencia gubernamental que
trabaja con soya transgénica[10]
desde 1997, cuando junto a la iniciativa privada, pasó a incorporar a sus
cultivos, el gen de tolerancia al herbicida glifosato y con ese fin EMBRAPA
firmó un contrato de investigación con Monsanto. Actualmente, EMBRAPA tiene contratos similares, entre
otras con BASF.
Su cooperación a Bolivia incluye la asistencia
al CIAT de Santa Cruz para producción biodiesel (Bolívia tem apoio da Embrapa
para produzir biodiesel, 21/07/2009), el fortalecimiento
del uso sustentable de recursos no madereros, y la introducción de ganadería en
la provincia Vaca Diez del Beni[11]
o sea en pleno norte amazónico.
La ayuda del INIAF incluía varios proyectos en
el campo genético. Esta institución en la ley 144 −que ha legalizado
los transgénicos en Bolivia− es central[12].
También el INCRA aparece en los acuerdos de
cooperación brasilera; interviniendo en la formulación e implementación de
políticas públicas para la agricultura familiar, la reforma agraria y el
desarrollo rural, proyecto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria (INCRA, 2/21/2007) [13]
Otros acuerdos son según la Agência Brasileira de Cooperação (ABC): (ABC ,
10/13/2009):
· Construcción de Estrategias Públicas para el Desarrollo Rural del Norte amazónico de Bolivia. Este proyecto, desarrollado en colaboración con CONAB, tiene como objetivo promover la agricultura familiar extractivista, a través de la consolidación de políticas públicas de comercialización;
· Fortalecimiento de la Empresa de Producción de Alimentos EMAPA;
· Apoyo al establecimiento de la Institución Nacional de Abastecimiento interno en Bolivia, que se desarrollará en colaboración con CONAB;
· Fortalecimiento del Sistema de Información Agropecuario de Bolivia en colaboración con CONAB;
· Creación e Implementación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar Boliviano – FONAE.
Con este nutrido trasfondo de acuerdos ya fue
natural que el 18 de diciembre del 2007 se produjera en La Paz, la cumbre
Morales−Bachelet−Lula, donde se
firmaron más acuerdos:
- La construcción del Corredor Interoceánico previsto en la Declaración de La Paz, firmado conjuntamente con el Presidente de Chile, Michelle Bachelet, el 16 de diciembre 2007 (ABI, 18/12/2007) [14]; y el financiamiento del proyecto carretero "Hacia el Norte".
- Créditos de Brasil a Bolivia se destinarán a financiar el 100% del valor de las exportaciones brasileñas de bienes y servicios por parte de empresas brasileñas seleccionadas por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y la Administradora Boliviana de Carreteras, en nombre de la República de Bolivia, para las obras de los siguientes trechos del proyecto carretero "Hacia El Norte": en territorio boliviano a) Sección 1: Rurrenabaque−Santa Rosa (95,7 km), Santa Rosa−Australia (169.4 km), y Australia−El Chorro (168 Km), la cantidad máxima total de U$ 199.000.000,00 y b) Sección 2: El Chorro−Riberalta (74,9 Km), la cantidad máxima de 31.000.000 de dólares.
- Gestiones conjuntas para mejorar la navegabilidad del Canal Tanengo en la Hidrovía Paraguay-Paraná;
- El establecimiento por parte de Brasil de condiciones para el financiamiento de proyectos de infraestructura (13);
- Integración fronteriza a través de la elaboración de un Plan de Desarrollo Fronterizo;
- La firma de un Memorándum de Entendimiento en Materia de Hidrocarburos (11)[15].
- Un convenio de crédito por 35 millones USD destinado a la compra de bienes de capital para la agricultura;
- El fomento de la Integración turística, concretamente al proyecto de la Ruta Pantanal – Pacífico.
Finalmente, tenemos un acuerdo bilateral de Defensa, que
refuerza el acuerdo bilateral firmado el 14 de febrero de 2007, y la intención
de iniciar un nuevo ciclo de profundización de las relaciones bilaterales en
esta área desde 2008. La reanudación de las actividades de cooperación de
defensa se habían previsto en el Acta de Reunión del Brasil−Bolivia, firmada el 25 de abril de 2006, durante una visita a La Paz, de
la Misión Especial de Cooperación del Gobierno brasileño.
En realidad, el acuerdo de defensa habría sido
promovido por el celo de los militares brasileños ante el acuerdo militar
firmado entre Bolivia y Venezuela (Brasil e Bolívia vão retomar cooperação
militar Terça-feira, 18 de dezembro de 2007, 2007). Si
Venezuela alguna vez tuvo intenciones hegemonistas en Bolivia, la posición que
logró Brasil en las áreas de infraestructura y energía, entre las muchas otras
que vimos ya habrán frustrado esas intenciones. Además como coronación de su
amplio espectro de logros en Bolivia, el Brasil ha logrado una situación hegemónica
en cuestión de finanzas.
En la Ilustración 29 podemos
apreciar que la deuda bilateral contratada con Brasil ya superó ligeramente a
Venezuela.
El problema del río Madera se
dio poco después que el gobierno hizo la llamada nacionalización de los
hidrocarburos. En las negociaciones correspondientes sobre estos dos temas se
forjó el contenido económico definitivo de la política gubernamental.
NOTAS
[1] República de Bolivia. Ministerio
de Relaciones y Cultos. Clasificación: URGENTE VREC/DGLF/UMA/213/2006. La Paz,
07 de noviembre de 2006
[2] Carta del Canciller Choquehuanca al Brasil: República de Bolivia.
Ministerio de Relaciones y Cultos VREC/DGLF/UMA/213/2006 La Paz, 07 de
noviembre de 2006 Clasificación: URGENTE.
Al Excelentísimo Señor Emb. Celso Amorin, Ministro de Relaciones Exteriores de
la República Federativa del Brasil
[3] Los medios de Brasil forzaban conclusiones en
torno a que la preocupación transmitida oficialmente por el gobierno boliviano
en torno a la construcción de las dos represas sobre el río Madeira, sería en
realidad una estrategia para lograr el financiamiento de una o dos represas en
territorio boliviano.
[4] “Parecer Técnico IBAMA No 014/2007”.
[5] Mauro Nazif critica intervenção Boliviana sobre
construção das Usinas do Madeira 17/7/2007 Da Assessoria.
[6] República de Bolivia. Ministerio de Relaciones y Cultos
VREC/DGLF/UMA/213/2006. Clasificación: URGENTE La Paz, 07 de noviembre de 2006
Al Excelentísimo Señor Emb. Celso Amorin
Ministro
de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil.
[7]
Según TECSULT, el proyecto requerirá una inversión de 2000 millones de dólares,
monto que muy probablemente no incluye los costos ambientales ni de líneas de
trasmisión, ya que el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aún no fue concluido.
[8] “Os dois Presidentes destacaram a
importância dos esforços regionais em favor da estabilidade democrática, do
fortalecimento da soberania e da reconstrução e desenvolvimento econômico do
Haiti. (14)”
[9] “O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a
disposição do Governo brasileiro em implantar usina de biodiesel na Bolívia.
Com vistas a trabalhar essa iniciativa, o Brasil enviará, no curto prazo, uma
missão à Bolívia. (22)”
[11] Pesquisadores visitam indústrias de
processamento de castanha e áreas pecuárias na Bolívia (23/11/2010)
[12] “Um dos projetos executados ... criação, na Bolívia,
de instituição nos moldes da EMBRAPA, de modo a beneficiar a pesquisa
agropecuária boliviana” (2/21/2007 Cinco novos projetos de cooperação técnica
iniciados após visita de Evo Morales) (INCRA) MRE / ABC - 2/21/2007).
"Fortalecimento do Sistema
de Sementes do Instituto Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal
(INIAF)". Projeto a ser desenvolvido em parceria com a EMBRAPA;(10/13/2009
ABC coordena missão multidisciplinar à Bolívia) [ABC - 13/10/2009]-
"Fortalecimento do Sistema de Recursos Genéticos do Instituto Nacional de
Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF)". Projeto a ser desenvolvido em
parceria com a EMBRAPA. Seu objetivo é a capacitação de pessoal do INIAF em
práticas de conservação de recursos genéticos. "Apoio ao Instituto
Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF) no Desenvolvimento de um
Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural na Bolívia".; (10/13/2009
ABC coordena missão multidisciplinar à Bolívia) [ABC - 13/10/2009]
[13] Este projeto, originalmente assinado em 2007, sofreu reformulação, no
sentido de atender às demandas do Governo boliviano, à luz de recentes marcos
normativos que definem novas prioridades para as políticas públicas de acesso à
terra, agricultura familiar e campesina. "Capacitação de Técnicos e
Gestores Públicos e Intercâmbio Técnico em Desenvolvimento de Instrumentos de
Políticas Públicas para a Agricultura Familiar/Campesina e Reforma
Agrária". Este projeto, originalmente assinado em 2007[ABC - 13/10/2009]
[14] “15.
Expressaram seu firme compromisso em promover todas as iniciativas que viabilizem,
a curto prazo, a concretização do corredor interoceânico prevista na Declaração
de La Paz, firmada conjuntamente com a Presidente do Chile, Michelle Bachelet,
em 16 de dezembro de 2007”.
[15] El 17 de diciembre, 2007,
se firma el Memorando de entendimento em matéria energética entre o Ministério
de Minas e Energia de Brasil e o Ministério de Hidrocarbonetos e Energia de
Bolívia. Las
Partes, Brasil y Bolivia, acuerdan lo siguiente:
-
Identificar las necesidades y proyectos en el sector energético para
promover la seguridad energética de ambos países[15] (Art. 2)
-
Promover acuerdos para actividades de estudio de exploración de
hidrocarburos en áreas reservadas por el Estado en favor YPFB, y desarrollar
planes de capacitación técnica, operativa y gerencial de recursos humanos para
fortalecer YPFB y las instituciones del sector en todas las áreas del sector
hidrocarburos; .(Art. 3)
-
Reserva de la información obtenida en el marco de este convenio (Art.
6);
-
La denuncia del acuerdo podrá hacer en cualquier momento por escrito y
por vía diplomática, pero surtirá efecto a los seis meses posteriores y no
afectará las actividades en ejecución a menos que las partes hubieran acordado
expresamente lo contrario.(Art. 8)