Pablo Villegas N., 2011-06-10
El gobierno ha enviado al parlamento un proyecto de ley,
donde a título de la protección de los recursos genéticos naturales se impone
la introducción de transgénicos al país. Para encubrir este hecho, en un
párrafo que busca confundir al lector, se dispone que no se introducirán en el
país semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es
“centro de origen”. Puesto que en el país ya se cultiva maíz transgénico, está
claro que este oscuro concepto “centro de origen” no protege este cultivo ni
ningún otro porque como ha revelado Miguel Crespo de Probioma, Monsanto y
Syngenta ya se hallan trabajando con los productores de quinua.
Aunque de verdad el gobierno se propusiera la protección de
las especies originarias de Bolivia esto sería imposible porque ya se ha visto
en los países donde se cultivan, que estos tienen la cualidad de contaminar o
cruzarse con otras especies. Además hace mucho tiempo que ya han surgido
centenares de “super malas-yerbas”, que son plantas resistentes a los
agroquímicos que fueron creados para controlarlas, plantas que han sufrido
mutaciones y que multiplican sin control inutilizando grandes extensiones de tierra
cada año, como por ejemplo, la amaranthus palmeri (genus amarant) que se ha
tornado resistente a los herbicidas que se usan con los transgénicos.
Desde hace varios años el gobierno ha venido sosteniendo un
discurso por los derechos de la madre tierra a nivel mundial; parte del cual ha
ido contra los transgénicos y también contra los insumos utilizados en la
producción moderna de alimentos como las hormonas en los pollos, que como dijo
el Presidente Morales, harán que en unos cinco años todos los hombres queden
calvos, además que estos compuestos, según dijo, hacían que los hombres se
pasen al otro equipo.
Por todo lo anterior, el actual proyecto de ley para
introducir transgénicos demuestra que este discurso no era sincero; y los
antecedentes se suman desde hace varios años. La Constitución Política del
Estado aprobada por la Constituyente en Oruro, decía en su Artículo 408 “Se
prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”. Pero el
gobierno lo cambió en una negociación con “sus enemigos” de la derecha en el
parlamento resultando el Artículo 409 que dice: “La producción, importación y
comercialización de transgénicos será regulada por Ley.”, es decir que se anuló
la prohibición. También se hicieron cambios similares respecto a los
Agrocombustibles.
No obstante, el gobierno continuó con su discurso
demagógico, pero, en marzo del presente lanzó a través de la estatal Azucarbol,
una licitación para el diseño, construcción y puesta en operación de una planta
de azúcar y etanol en Bermejo. También reactivó el ingenio de San Buena Ventura
para producir agrocombustibles en base a caña y palma aceitera.
Con anterioridad a estos eventos, como consta en la prensa,
en agosto del 2009 el gobierno hizo un pacto con los cañeros para brindarles su
apoyo; esto, después de conocer, en una visita al lugar del entonces Ministro
de Trabajo, Calixto Chipana, y la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia
Ramos, sus proyectos de producción de etanol. En esa oportunidad, Julia Ramos
declaró lo siguiente:
“Pudimos ver el trabajo que se está desarrollando en esta
industria. Estamos dando inicio a una labor conjunta, conocimos de cerca el
trabajo y las necesidades del sector. Hacemos conocer nuestro compromiso para
coordinar y trabajar juntos por una Bolivia digna, soberana y productiva”.
Posteriormente, y con la aparente intención de proteger el
abastecimiento interno de azúcar, el gobierno prohibió su exportación, pero
ocurrió algo muy extraño; primero, de todos modos hubo escasez de azúcar y,
segundo, el azúcar que le faltó al pueblo se fue al exterior en forma de
etanol. Fue un negocio perfecto para los azucareros; por una parte exportaron y
por otra, el poco azúcar que le vendieron al pueblo fue a un precio muy
superior.
La política que vemos hasta aquí, se suma al apoyo decidido
del gobierno a la construcción de la IIRSA, es decir infraestructura energética
y de transporte del modelo extractivista y el libre comercio en Latinoamérica.
Esto es expresión del control que ha adquirido el Brasil sobre la política
medioambiental, de infraestructura y energía del país, con el objetivo de
apoyar el saqueo de nuestros recursos naturales y el tránsito de los capitales
transnacionales, sobre todo los que operan desde Chile y Brasil. Aquí también
es clara la falta de honestidad para con el pueblo; por una parte se hacen
costosos alardes de llevar la causa marítima boliviana al tribunal de la Haya,
pero por otra se sigue adelante con la carretera del Tipnis que fue acordada,
con Chile y Brasil, en diciembre del 2007, cuando vino Bachelet y Lula a La Paz
justamente con ese objetivo.
Brasil por su parte se ha convertido en el mayor acreedor
bilateral de Bolivia ¿por qué? Porque le presta plata a Bolivia para que
construya la IIRSA, es decir la infraestructura que el mismo Brasil necesita.
Todo esto quiere decir que el discurso del gobierno
boliviano sobre los derechos de la madre tierra y la soberanía alimentaria (ni
hablar de la industrialización de los hidrocarburos) hace mucho tiempo que es
falso. Por eso no es raro que Bolivia hubiera quedado aislada en Cancún, porque
nadie cree en estos discursos. Detrás de este discurso, los hechos muestran que
el gobierno está poseído por una fiebre de proyectos gigantescos de entrega de
nuestros recursos naturales a las trasnacionales, destruyendo el medio ambiente
y la salud humana, y anulando los derechos de la población, especialmente el
derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. También es evidente que
en el gobierno existe un increíble desprecio, ya no por la capacidad
profesional, sino por los más mínimos conocimientos sobre lo que se está
haciendo; lo demuestra el hecho de que el Presidente en octubre del año pasado
habló de hacer centrales nucleares, nada más ni nada menos que ¡con mercurio!
Esto quiere decir que los intereses económicos han anulado cualquier
preocupación y raciocinio por el bienestar de la población, por el medio
ambiente y por Bolivia.
Aparte del medio ambiente y el bienestar de la población,
hay otra víctima de esta política; es la democracia. Actualmente, las leyes se
elaboran y aprueban sin que los proyectos de ley sean debidamente difundidos
para la población. Están siendo anulados principios básicos de la democracia;
la participación del pueblo en el proceso legislativo y el derecho a disentir,
por una parte, y por otra, la función fiscalizadora del parlamento, que se ha
reducido a una tropa de levantamanos sometida al ejecutivo como en los tiempos
del Goni.