INVESTIGADOR VE INVIABLE NUEVO PROCESO DE CONSULTA

Publicado por "Los Tiempos de Cochabamba" el 8/09/2016
Un nuevo proceso de consulta para anular la Ley 180 de Intangibilidad es inviable porque los derechos de los pueblos indígenas son irrenunciables, según el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Pablo Villegas.

“No se puede consultar a los indígenas si están de acuerdo en renunciar a sus derechos. Los derechos que garantiza la Ley 180 son los establecidos en la legislación anterior como la CPE y legislación internacional que ha suscrito el país. Tampoco se puede consultar a otros sobre los derechos de los pueblos indígenas”, indicó.
Añadió que se debe tomar en cuenta que los derechos de los pueblos indígenas se dan en el marco del desarrollo de la Declaración de Derechos Humanos.
El presidente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Hilario Roca, informó que 58 comunidades de más de 60 que forman parte del Conisur, la subcentral Sécure y algunas de la subcentral Tipnis están de acuerdo con una nueva consulta para anular la Ley 180.
La Ley de Intangibilidad fue aprobada en 2011, pero en 2012 se promulgó la Ley 222 de Consulta que apuntaba a “romper la intangibilidad, además de hacer una carretera”, recordó el investigador del Cedib, Jorge Campanini.
El resultado de esa consulta fue avalado por la Corte Electoral que afirmó que “sí” se viabilizaba la carretera. Sin embargo, la Asamblea de Derechos Humanos y la Iglesia evidenciaron que la consulta no respetó los protocolos y que desde su inicio ya dejaba de ser libre, informada y de buena fe.
“La Comisión Interinstitucional Iglesia Católica (constató), en el terreno, que hubo numerosas violaciones, entre ellas, no se respetó el carácter previo, libre e informado de la consulta ni el de buena fe. No se respetaron los procedimientos propios de los pueblos indígenas”, explicó Villegas.
Acotó que, en ese entonces, se ejercieron diferentes formas de presión, incluyendo amenazas y la obstaculización de las visitas a las comunidades por parte de las autoridades tradicionales y de las organizaciones representativas.

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